El episodio del presunto video con presuntas amenazas de presuntos militares fue bastante impresentable, y podemos suponer que quizá se aclare por completo, en forma simultánea con el “caso Feldman”, el día del juicio final si tenemos suerte. Pero la polémica que ayer volvió a ponerse en escena, durante la interpelación a los ministros de Defensa Nacional y del Interior, tiene características mucho más indudables y perturbadoras.
Más de un cuarto de siglo después del fin de la dictadura, el sistema partidario sigue funcionando como si una de las tareas principales del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), o incluso del Poder Ejecutivo, fuera administrar la relación con el Poder Judicial de los militares, retirados o aún en actividad, que cometieron violaciones de los derechos humanos en el contexto del terrorismo de Estado.
La Ley Marco de Defensa Nacional, aprobada a comienzos del año pasado y aún en vías de aplicación plena, marca con buen criterio un enfoque muy distinto, ya que desde sus primeros artículos define a la defensa nacional como un “conjunto de actividades civiles y militares”, que constituyen “un derecho y un deber del conjunto de la ciudadanía”, y que contribuyen “a generar las condiciones para el bienestar social, presente y futuro de la población”, mediante la confluencia coordinada de “recursos del conjunto de la sociedad”.
Por eso se habla de un “sistema nacional de defensa”, integrado por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Consejo de Defensa Nacional, que recién se instalará el jueves de esta semana.
En ese marco, de acuerdo con la misma norma, el MDN tiene entre sus competencias básicas la conducción política de “todo lo relacionado con las Fuerzas Armadas”, pero no es un Ministerio de Fuerzas Armadas, y mucho menos uno encargado de lidiar con los problemas de quienes delinquieron hace más de tres décadas, con los intentos teóricos de justificar aquellos crímenes, con la peculiar relación que persiste entre algunos ex represores y algunos ex dirigentes guerrilleros, o con los malestares y temores que causa el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad.
Tal temática podría estar en la agenda de un ombudsman castrense, cargo cuya creación quizás haya que considerar, dada la importancia que estos asuntos mantienen en la agenda nacional, y que podría ser ofrecido, por ejemplo, al senador Jorge Saravia. El ministro Luis Rosadilla tiene otras cosas de las que ocuparse, y debería facilitársele la concentración en ellas, en vez de juzgar su gestión y la pertinencia de que permanezca en el cargo a partir de cuestiones que, más que con la defensa nacional, tienen que ver con la defensa de una parte decreciente de los funcionarios a su cargo.
Pero no: muchos piensan todavía que la misión primordial del MDN es seguir por la senda trazada en 1987, cuando Julio María Sanguinetti nombró ministro al teniente general Hugo Medina y le encomendó continuar la tarea que había iniciado desde la comandancia en jefe del Ejército: ser garantía de un “cambio en paz” para los represores. Entrados ya en el siglo XXI, aún no hemos conquistado el derecho a citar “España en marcha”, aquel poema de Gabriel Celaya musicalizado hace décadas por Paco Ibáñez que comienza así: “Nosotros somos quien somos. / ¡Basta de historia y de cuentos! / ¡Allá los muertos! Que entierren como Dios manda a sus muertos”.El que afirma: “No reniego de mi origen / pero digo que seremos / mucho más que lo sabido, los factores de un comienzo”.