Suena conocido

La fiscal brasileña Gilda de Carvalho ordenó la reapertura de la investigación sobre la muerte, en 1976, de João Goulart, el ex presidente depuesto por el golpe de Estado militar el 31 de marzo de 1964. Para la reapertura del caso la fiscal pidió a Argentina los resultados de los análisis realizados al cuerpo de Goulart. Luego de ser derrocado por los militares, Goulart se refugió en Uruguay y al día siguiente de viajar a Argentina murió, según la versión oficial, por un ataque cardíaco. El hijo del mandatario, João Vicente Goulart, sostiene que a su padre lo envenenaron en un operativo del Plan Cóndor. Esta versión fue respaldada por el ex agente uruguayo Mario Neira Barreiro, que está detenido en Brasil, y que en una entrevista dijo que Goulart fue envenenado con una poción preparada por el médico uruguayo Carlos Miles, quien habría sido asesinado años después. Otra muerte vinculada al caso es la del piloto uruguayo Rubén Rivero, que murió sospechosamente cuando investigaba la muerte de Goulart y trasladaba pruebas sobre el robo de sus bienes de Buenos Aires a Montevideo.

“Amor y revolución” es el nombre de la telenovela que sectores militares de Brasil piden que sea censurada. Se estrenó la semana pasada y es la primera emitida en el país que se inspira en la dictadura militar (1964-1985). Programada en horario central por el canal SBT, uno de los de mayor audiencia, comenzó con el episodio de la ejecución de un grupo de estudiantes por parte de un escuadrón de la muerte formado por militares, informó la agencia de noticias ANSA. También recreará la colaboración de Estados Unidos con el golpe de Estado.

Al respecto, la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosário Nunes, dijo que “esta novela podrá desmitificar un tema que debe ser debatido por el público”.

Pero desde algunos sectores militares Amor y revolución fue cuestionada. “¿Cuál es la finalidad de la novela? ¿Acaso vino para revivir el tema [de la dictadura]?”, plantea en un comunicado José Luiz Dalla Vecchia, secretario de una asociación de militares retirados. El comunicado tiene como objetivo reunir firmas para presentarlas en el Ministerio Público reclamando que la ficción sea levantada del aire, porque “las Fuerzas Armadas no deben permitir, dentro de la legalidad, que la novela sea exhibida”, según el documento colgado en la página militar.com.br. El impacto de la telenovela se debe en parte a que la historia reciente de Brasil ha sido poco retratada en la cultura popular del país.

“Por mayores que sean algunos esfuerzos para ‘crear’ una versión diferente de la real, los hechos registrados en la memoria de los ciudadanos de bien y transmitidos por sus sucesores son imborrables”, indicó un comunicado de los clubes militares de la Marina, el Ejército y la Aeronáutica, formados en su mayoría por militares que se retiraron después de la dictadura. La toma del poder por parte de los militares fue, según ellos, una respuesta “a los reclamos de la opinión pública” y al “estado de situación patrocinado por el gobierno que intentaba establecer en Brasil un régimen dictatorial comunista”.

Con “esfuerzos para ‘crear’ una versión diferente” los militares aluden a la Comisión de la Verdad, cuya creación fue propuesta por el gobierno de Lula da Silva. La comisión es criticada tanto por las Fuerzas Armadas como por los grupos defensores de derechos humanos.

En una carta dirigida al ministro de Defensa, Nelson Jobim, un grupo de militares argumentó que la comisión provocaría “serias tensiones y desavenencias” por la discusión de “hechos que ya fueron superados”, mientras que las organizaciones civiles sostienen que la comisión debería tener la posibilidad de llevar las causas sobre violaciones de los derechos humanos ante la Justicia.

En Brasil rige desde 1979 una Ley de Amnistía que el año pasado fue ratificada por los ministros del Supremo Tribunal de Justicia. A fines de 2009 el gobierno de Lula intentó reevaluar esa legislación para flexibilizarla y que algunos de los delitos sí pudieran ser juzgados, pero esto no prosperó. Justamente por ello, la Comisión de la Verdad se dedicará exclusivamente a recoger testimonios, informes, pruebas, para elaborar una historia oficial sobre lo que ocurrió durante la dictadura. Rousseff ya expresó su deseo de que el proyecto de ley sea aprobado este año, al igual que otro que busca terminar con el “secreto eterno” de algunos documentos producidos durante la dictadura. Ésa es una de las categorías donde se pueden guardar estos documentos durante 30 años, avalada durante los gobiernos de Lula y el anterior, de Fernando Henrique Cardoso. El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo pide el fin definitivo del “secreto eterno”, en lo posible, para el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.

La mayoría de los documentos de la dictadura que duermen en el Archivo Nacional ya se están divulgando en los medios gracias a reformas legales concretadas a fines del gobierno de Lula. Casualmente el viernes, horas después de que trascendiera el proyecto de la presidenta, la Fuerza Aeronáutica reveló un documento que se mantuvo secreto durante 30 años y en el cual se afirma que la guerrilla en la que militaba Rousseff, VAR Palmares, planeaba “ajusticiar a oficiales del Ejército” entre 1969 y 1970.

En otra guerrilla, la de Araguaia, militaba el ex diputado José Genoino, asesor cercano de la presidenta, que cumplirá funciones en el Ministerio de Defensa, que es dirigido por Jobim, un ministro heredado de Lula que no ha dudado en tomar partido por reclamos de los militares ante sus compañeros de colectividad política. Genoino aseguró a los medios que su nueva función tiene como objetivo coordinar y articular posiciones entre el Congreso y los ministerios que intervienen en la comisión: Defensa, Justicia y Derechos Humanos, y no para debilitar a Jobim, como se rumorea en los pasillos de Planalto.