-¿Qué diagnóstico tienen de las causas del alto número de feminicidios en México?
-No tenemos un diagnóstico serio, profesional, multidisciplinario sobre el tema. En la última aprobación de presupuesto, para 2011, destinamos recursos de la comisión para que se haga ese diagnóstico y tener así un conocimiento, más que de las manifestaciones, de las causas profundas del feminicidio.
-¿Con qué hipótesis trabajan?
-Tenemos una serie de hipótesis que surgieron de estudios locales, trabajos de investigación. Primero, en México hay una base estructural de discriminación en contra de las mujeres que es cultural, institucional, estructural. Se manifiesta en brechas de desigualdad muy fuertes en algunas regiones, sobre todo en las comunidades rurales, donde todavía vive al menos la mitad del país. Esa base estructural discriminatoria instala una especie de violencia sistemática, que además también se refleja en la legislación de algunos estados. Tenemos 32 estados con 32 códigos civiles y códigos penales, y en algunos casos todavía funcionan figuras legales como los delitos de honor, aquellos en los que un marido le quita la vida a su esposa por adulterio, y en algunos estados el adulterio de la mujer todavía está penalizado. Entre los delitos de honor está también el estupro. Si un hombre secuestra a una mujer y la viola, arregla todo con la familia si se casa con ella.
-¿Qué otros aspectos actúan en los feminicidios?
-Diferencias educativas, de trabajo, que una mujer con la misma formación que un hombre gana 25% menos y no accede a ciertos beneficios. Eso pasa todos los días en todos lados. El imaginario social tiene naturalizada la violencia hacia la mujer. Hay que sumar otros aspectos, como el cambio que están viviendo las mujeres, sobre todo las más jóvenes, que fueron beneficiarias de una mayor igualdad educativa, de mayores posibilidades de empleo. En ciertas zonas se sufrieron transformaciones económicas importantes, se crearon más empresas de servicios o maquiladoras y se incrementaron las oportunidades de empleo para las mujeres. Entonces, por ejemplo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la frontera en general, las mujeres son hasta 60% de la población económicamente activa, mientras en el resto del país ese promedio se reduce hasta casi 28%. Hay que agregar todo el tema del cuerpo, nos encontramos con generaciones de jóvenes que buscan ser objetualizadas a partir de operaciones de senos, de injertos, y de cosas que te transforman en una modelo. Si no somos demasiado críticas, podríamos decir que también es una reivindicación de la mujer el poder mostrar el cuerpo. Es explosiva la combinación de libertad sexual, de autonomía económica, sobre una base de derechos débiles para las mujeres y una cultura machista. Explotan hacia el feminicidio los hombres frustrados porque ellos no consiguen trabajo y las mujeres sí; agraviados porque la mujer los dejó y se fue con otro; jóvenes que no pueden acceder a las mujeres que quieren. Todo eso se pone en juego en una sociedad en la que solamente 2% de los delitos cometidos son sancionados.
-¿Cómo inciden en que esto ocurra las autoridades regionales, en lugares donde el número de feminicidios es excepcionalmente elevado, como Ciudad Juárez?
-Es que el clima de impunidad que está presente en Juárez también se debe al desprecio con el que las autoridades trataron los casos, cómo trataron a las víctimas, a que no investigaban o decían que ellas eran culpables porque andaban con poca ropa, eran provocativas, andaban de noche, o tomando tragos. Todo esto se convirtió en una especie de microclima en el que el feminicidio se volvió un recurso para los hombres despechados, “ofendidos” en su masculinidad, que podían desahogarse matando a la mujer. No hay que menospreciar el efecto de las organizaciones de trata, sin descartar que algún maníaco haya cometido asesinatos en serie. También se deben agregar estos feminicidios que tienen más características de ejecución, que tienen que ver con el crimen organizado, al que las mujeres ingresan en ciertos eslabones, los más débiles, y expuestos. Todo eso en Juárez da esas cifras: un promedio de 500 feminicidios anuales [en una ciudad con casi un millón y medio de habitantes], mientras que en el resto del país [donde viven poco más de 110 millones de personas] tenemos unos 1.900 anuales en promedio.
-¿En qué está trabajando la comisión?
-Estamos elaborando un primer reporte basado en una revisión de las actas de defunción emitidas desde 1985 hasta 2010, relevando los datos de las muertes de mujeres por homicidio doloso, que son aquellos en los que se presume un feminicidio. Fue un trabajo fuerte porque tuvimos que peinar mucho los datos y nos encontramos con cosas interesantes, no sólo del hecho sino también de la forma en que se registra, y los problemas de registro. Es una serie de cosas que nos da la pauta para poder recomendar cambios en esas áreas.
-¿Qué problemas de registro de los feminicidios se han encontrado?
-Para bien y para mal hay una nueva sensibilidad de los gobiernos hacia los feminicidios, sensibilidad que tiene más de reactiva que de positiva, aunque ya estamos pasando a la fase positiva, que es la de empezar a tomar medidas y fortalecer las instancias de atención. Pero lo negativo es que buscan que el fenómeno se minimice escondiendo los feminicidios. Eso hace, por ejemplo, que los homicidios se registren como suicidios; o en el caso en que un marido empuja a su esposa por las escaleras, y se la ingresa al hospital por una caída y muere, se tipifica como accidente. También ocurren casos de hombres que golpean a las mujeres y saben cómo hacerlo para no dejarles huellas externas, pero les provocan lesiones internas muy fuertes y las mujeres ingresan al hospital por otro tipo de causas. Los médicos, muchos de ellos a sabiendas de que se trata de un caso de violencia, no lo registran, y se tipifica la muerte por otra causa. Con el personal médico, al igual que con el ministerial y judicial, tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, muy sistemático, de sensibilización, porque hay resistencia a aplicar las normas para la prevención de la violencia contra la mujer. Calculamos que al menos 2% de las muertes de mujeres en hospitales pueden ser atribuibles a la violencia.
-¿En qué consiste el trabajo de la comisión con la Procuraduría General de la Nación?
-Estamos preparando los protocolos para las investigaciones de los casos de feminicidio con perspectiva de género: un protocolo para la actuación ministerial, para los peritos, para los médicos legistas, etcétera. Nos pasaron los trabajos que ellos habían hecho con un grupo de especialistas y ahora vamos a abrir en la comisión un período de consulta y deliberación sobre estos instrumentos, junto a organizaciones civiles y expertos y expertas en estos casos, para después incorporar esos aportes.
-¿En qué fase está el proyecto que impulsan para tipificar el delito de feminicidio?
-El feminicidio no existe en el Código Penal federal, y sólo hay tres códigos estatales en los que se incorporó. Estamos en proceso de deliberación para pasar un proyecto al respecto a la comisión de Justicia, que después la pasará a la Cámara de Diputados y de ahí al Senado. Prevemos que si construimos un consenso en el Senado, se podrá aprobar.
-Hace unos diez años que usted ocupa cargos públicos y trabaja en asuntos relacionados con los derechos de la mujer. ¿Siente que la situación ha mejorado?
-En términos generales, sí. Tenemos más recursos, hay procesos en las instituciones que están echando raíces y esperemos que maduren. Sin embargo, la cuestión de género no tiene la fuerza de consenso que nos gustaría para convertirlo en un asunto presente en la agenda pública y en un tema de Estado, para que no dependa de los giros ideológicos de los partidos. Pero falta mucho para eso.