Según explicó Cánepa ayer en Las Piedras, donde se reunió el Congreso de Intendentes, en caso de darse un acuerdo entre los intendentes a partir de 2012 los autos pagarán lo mismo en todo el país por la patente de rodados. Señaló que prácticamente está acordado que habrá un aforo único para los autos nuevos y que se está trabajando en unificar el valor de mercado para los vehículos usados. La patente será un valor medio entre las intendencias que hoy cobran con alícuotas (el porcentaje del valor de mercado del vehículo) más altas y las más bajas, pero a su vez habrá una diferenciación entre los vehículos de mayor valor respecto a los de menor valor, es decir, la alícuota será mayor para los autos más caros, explicó.
Cuestión de honor
Para el intendente de Colonia, Walter Zimmer (PN), la "clave" para lograr un acuerdo es el valor de la patente: "Me interesa que a la clase media y para abajo no se les siga aumentando la patente", dijo en referencia a que el valor de la patente única debe implicar una baja en la patente de Montevideo y no una suba en el resto. Coincidió con el criterio diferencial propuesto con el gobierno: "A los que tienen autos de 100.000 dólares no se les va a mover un pelo si tienen que pagar más, el tema es a los que tienen autos de entre 10.000 y 25.000 dólares, que deben bajar. Si eso se logra, misión cumplida. Colonia logró que todos tuvieran conciencia de que al contribuyente no se lo puede atosigar", reivindicó.
De todas formas, el intendente coloniense dijo que opinará sobre el acuerdo cuando vea los números. "Veremos si Colonia se sube o no", dijo. En relación a la reducción de las partidas en caso de no sumarse al acuerdo, Zimmer dijo que prefiere "perder dinero y no credibilidad", aunque dependerá de las circunstancias. "Vamos a ser principistas y mantener la postura, pero si me hacen la vida imposible, me quitan las partidas y persiguen a Colonia como hoy la persigue Montevideo, capaz que tengo que aflojar", adelantó.
Cánepa ratificó que por razones políticas el acuerdo debe regir a partir de 2012. "Si no hay acuerdo ahora no va a haber acuerdo en este período". "No se puede construir un país de primera teniendo este tipo de situaciones ridículas, con la cantidad de dinero que se pierde por las deficiencias del sistema o las carencias en seguridad vial que genera", opinó.
El prosecretario dijo que por ley se creará una entidad pública que dependerá del Congreso de Intendentes y de Presidencia, que funcionará como agente fiduciario. Este organismo será el encargado de cobrar la patente de rodados en todo el país y de hacer la posterior distribución en función de lo que corresponde a cada intendencia. Mientras dure el período de transición, de 2012 a fines de 2015, el gobierno nacional asegurará mediante transferencias que todas las intendencias tengan como piso la misma recaudación que tenían a diciembre de 2010. Las intendencias más perjudicadas por el cambio serían Flores y Colonia, ya que sus parques automotores no están compuestos por vehículos "del" departamento, por lo que serán las que más reciban del gobierno nacional.
El organismo encargado de la administración del fideicomiso además recaudará las multas asociadas a la patente de rodados y también las infracciones de tránsito que se impongan en cualquier departamento del país. Hoy, cuando los inspectores de un departamento imponen una multa a un coche empadronado en otro, no tienen forma de cobrarla. Cánepa explicó que con este sistema se garantiza que los ingresos para las intendencias "no bajen, mantenemos el subsidio para que nadie pierda en la transición", pero a la vez se estima que los ingresos se equilibrarán para el final del período, entre otras cosas por la recuperación de deudores que hoy, por el funcionamiento del sistema, no pagan.
Me das y te doy
El prosecretario también explicó que se implementarán mecanismos de estímulos para que los gobiernos departamentales cumplan con el acuerdo, que se convertirá en uno de los compromisos de gestión que deben asumir las comunas para recibir el total de las transferencias del gobierno nacional. Las intendencias que no quieran asumir los valores fijados -lo pueden hacer en el marco de su autonomía- verán reducidas las partidas que entrega el gobierno nacional. Según el presupuesto nacional, el gobierno destina 3,33% de sus recursos a las intendencias, que posteriormente dividen las partidas. Si no cumplen los compromisos de gestión, el presupuesto establece que el porcentaje que le corresponda a la intendencia se debe calcular sobre la base de 2,9% de los recursos nacionales, pero en relación a las patentes, la ley modificará este porcentaje y establecerá que la base del cálculo para las intendencias que no cumplan será 2%.
Cánepa dijo a los intendentes que los acuerdos jurídicos que implique este mecanismo deben ser “sancionados por ley, que tenga el apoyo de una amplia mayoría y no sólo del partido de gobierno”.
La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña (Partido Nacional), consideró que la posibilidad de llegar a un acuerdo “viene muy bien”. “Estamos con los intendentes de Colonia, de Flores, San José, Treinta y Tres; todos queremos llegar a un acuerdo”, dijo, y agregó que hay “buena voluntad del Ejecutivo y del Congreso, así que estamos todos contestes a que esto salga”. Respecto al descuento que se aplicará a quienes no se sumen al acuerdo, Peña dijo estar de acuerdo. “Cuando acordamos las partidas el que cumpliera las pautas iba a recibir más dinero, el que no cumpla va a tener una reducción. No es una penalización, es algo que acordamos entre todos para, de alguna manera, obligarnos a sentarnos al diálogo”, consideró.