El máximo órgano judicial debate desde el miércoles si se debe equiparar los derechos de las parejas homosexuales a los de las uniones civiles, figura legal que está restringida a las parejas heterosexuales. De esta forma, las parejas compuestas por personas del mismo sexo accederían a derechos civiles y económicos como los de recibir pensiones y herencias o adoptar hijos. En los hechos, en varias ocasiones los homosexuales han conseguido unirse civilmente luego de haber reclamado ante la Justicia. Es el caso, por ejemplo, de una pareja lesbiana que el año pasado fue autorizada, también, a adoptar una niña.

Cláudio Nascimento, coordinador de la campaña estadual “Río sin homofobia”, indicó al portal de noticias R7 que espera que el STF extienda al país lo que ya fue conquistado, caso a caso, en los tribunales regionales. “En el debate sobre la unión civil homosexual, el Poder Judicial ha sido más activo que el Legislativo. Las sentencias han sido favorables, pero el derecho necesita ser colectivo”, agregó, y recordó que hay 11 proyectos de ley referidos al tema que están pendientes “hace años” en el Congreso.

El debate para equiparar los derechos entre homosexuales y heterosexuales para la unión civil, que en Brasil se llama “unión estable”, comenzó el miércoles a partir de dos demandas judiciales y se preveía que continuara hoy con una votación. Una de las demandas fue iniciada por la Procuraduría General de la República y la otra, por el gobernador de Río de Janeiro, Sérgio Cabral, en atención a reclamos de grupos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.

El encargado de elevar estas acciones ante el tribunal fue el magistrado Carlos Ayres Britto, quien como instructor recomendó el reconocimiento y establecimiento de la plena igualdad de derechos al sostener que “el sexo de dos personas no puede generar desigualdad jurídica”.

Activistas consultados por la estatal Agência Brasil dijeron que ven con optimismo que el instructor del caso sea favorable a la igualdad de derechos, como también lo es la mayoría de los 11 magistrados que conforman el STF, cuyo veredicto afectará a los hogares constituidos por parejas homosexuales, que en Brasil son 60.000, según las cifras del último censo.

En el STF, la única opinión contraria a la equiparación de derechos fue la del abogado Hugo Cysneiros, representante de la Comisión Nacional de Obispos de Brasil, en uno de los países con mayor porcentaje de población cristiana (se estima que hay 100 millones de católicos y 33 millones de evangelistas). Cysneiros aseguró que la unión entre personas del mismo sexo no puede ser aceptada por la ley como una unión estable, y dijo irónico: “Poligámicos, incestuosos, pueden alegrarse. Ustedes también buscan afecto”. Aun así, agregó: “El episcopado no viene a traer su catecismo a este lugar, sino a pedir razonamiento teniendo como referencia la Constitución”.