Unos 6.000 presos podrán ingresar, el año que viene, al penal Ribeirão das Neves, en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, y al Centro Integrado de Resocialización de Itaquitinga, en Pernambuco. Éstas serán las primeras dos cárceles totalmente privadas en América Latina, porque hasta ahora sólo se había ensayado con sistemas mixtos, en los que se tercerizaron algunos servicios.
Interior y exterior
El gobierno venezolano continúa intentando superar el peor incidente carcelario que se registró desde que el presidente Hugo Chávez llegó al cargo, en 1999. Hace diez días, un enfrentamiento entre presos de las cárceles Rodeo I y II terminó con 22 muertos, según las cifras oficiales. Fuera de la cárcel, familiares de los presos todavía reclamaban ayer conocer los nombres de los fallecidos, mientras en el interior de Rodeo II las fuerzas de seguridad intentaban retomar el control del penal, como hicieron el viernes en Rodeo I.
En estas nuevas cárceles el Estado sigue siendo el encargado de vigilar el perímetro externo de los establecimientos, así como del traslado de los prisioneros. El resto de las responsabilidades estarán en manos de las empresas privadas.
Los opositores a estos proyectos señalan que con ellos el Estado incumple su papel de garantizar la seguridad de los recintos carcelarios. Sin embargo, Marcos Siqueira Moraes, responsable estatal de la iniciativa en Minas Gerais, dijo a BBC que el Estado sigue cumpliendo con su función de garante al nombrar al director de seguridad “de cada una de las unidades del complejo”. Argumentó que esos funcionarios serán “responsables por los prisioneros”.
Otro de los argumentos que se manejan en contra de las cárceles gestionadas por privados es que, como las empresas reciben un importe que ronda los 40 dólares por cada prisionero que albergan, existe el riesgo de que se incentive los arrestos o la permanencia en prisión.
Un informe del Instituto de Criminología y Política Criminal realizó una investigación de los distintos modelos penitenciarios y los experimentos de privatización en varios países, como Estados Unidos, y concluyó: “La cuestión de las empresas privadas gestionando prisiones es muy simple: ellas no son constituidas con objetivos humanitarios, sino de lucro. Existe, por lo tanto, una contradicción insuperable entre prisión y empresa”.
Hay un aspecto aun más preocupante en cuanto a la gestión privada de las cárceles en Brasil: en este país los presos están obligados a trabajar como un deber social y porque se entiende que así se preserva su dignidad humana. Esas tareas laborales están dirigidas a fines educativos y productivos. La legislación penitenciaria incluye dos limitantes: el trabajo del condenado sólo puede ser gerenciado por una fundación o empresa pública, y debe tener como objetivo su formación profesional. La ley no permite que haya un explotación lucrativa de la fuerza de trabajo carcelaria, pero los permisos para estos dos “ensayos” de privatización no incluyen un sistema de contralor para impedirlo.
La posible lógica del preso/empleado sumada al beneficio económico brindado por el Estado podría generar también una extensión de las estadías en la cárcel. El informe del Instituto señala: “Priorizar el trabajo productivo origina presiones sobre el Poder Judicial para la aplicación de penas largas, introduce criterios económicos para decisiones sobre libertad condicional, progresión de regímenes, conmutación o reducción de penas y otros derechos del preso”.