“El objetivo de este sistema no es mucho más que escuchar lo que está diciendo la ciudadanía”, explicó el domingo Matamoros, entrevistado por la radio local Cooperativa sobre el polémico sistema de control que ya está funcionando en su país, mediante el software de una sociedad privada, Brandmetric. Ese programa informático detecta todos los comentarios publicados en la red con referencias a autoridades, entidades y temas que se consideren de interés nacional. También sirve para localizar geográficamente a quienes emiten esos mensajes. El costo de la iniciativa ronda los 30.000 dólares por año.
Chile es uno de los países de América Latina con mayor presencia en las redes sociales. Según el gobierno, hay siete millones de cuentas de Facebook -lo que abarcaría el 40% de la población- y unas 300.000 de Twitter. Los usuarios de todas esas cuentas fueron los primeros en responder. En Twitter, los temas #gobiernosapo –sapo era una manera de llamar a los agentes secretos de la dictadura de Augusto Pinochet- y #frasespalmonitoreo figuran entre los más usados.
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En Islandia las redes sociales sirven de herramienta para que los ciudadanos participen de la redacción de la nueva Constitución. Por Facebook, a través de la página web creada con ese fin, pueden opinar sobre los borradores. A través de Youtube pueden ver, por ejemplo, las reuniones del consejo en directo. “El público tiene la génesis de la Constitución bajo sus ojos”, explicó al diario británico The Guardian, uno de los miembros del consejo constitucional islandés, Thorvadur Gylfason. En respuesta a la crisis financiera de 2008 que derrumbó la economía de ese país, ese consejo trabaja desde abril y la Constitución provisoria debe estar lista en julio para ser sometida a un referendo, sin que el Parlamento pueda intervenir sobre el texto.
“Si estás decidiendo exhibir tu opinión, ya sea desde que quieras comer pan con mantequilla o que estás de acuerdo o no con una política pública, estás exponiendo tu opinión, o sea tú quieres que alguien te lea”, retrucó Matamoros a las criticas. Además, aclaró que la iniciativa que supervisa no pretende “identificar y estar persiguiendo a 'Juanito Pérez' si dijo tal o cual cosa. Tiene mucho más que ver con tendencias y con volúmenes de información”.
La ministra secretaria general de Gobierno, Ena Von Baer, que dirige la cartera que dio origen a la medida, también defendió el programa y consideró como muy importante que "el Gobierno sepa lo que opina la gente, para luego poder ajustar las políticas públicas que se están realizando”.
Los contras
Pero la oposición no lo ve así. El senador del Partido Socialista, Pedro Muñoz, pidió la semana pasada a la Contraloría -el organismo independiente encargado de controlar la administración pública- que declare ilegal esa plataforma de seguimiento de personalidades y conceptos en internet. Dijo que, según la ley que “protege los datos personales y la vida privada de la población, estos no pueden ser objeto de tratamiento”, salvo si la ley lo autoriza o si hay “consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares”.
Guardar como
Desde el año 2000, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos almacena los contenidos de las páginas web de información por considerarlos parte del patrimonio histórico, también lo hace desde hace décadas con la prensa escrita y, desde 2006, todo lo que se publica en Twitter queda registrado.
Por lo tanto, según Muñoz, para la ley las posiciones políticas no pueden ser objeto de tratamiento de ningún tipo, aún cuando provengan de fuentes públicas y en eso difieren de los datos personales”. Denunció que el sistema implementado por el gobierno no es un simple seguimiento de redes, “sino que se está configurando una base de datos de opiniones políticas y eso está prohibido”.
Por otro lado, la presidenta del Partido por la Democracia, Carolina Tohá, anunció que su fuerza recurrirá al Consejo de la Transparencia y al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entre otras razones porque, según Tohá, “incluso en el caso que el gobierno no pretenda dar un uso abusivo a esta información, el sólo hecho que realice y anuncie este monitoreo tiene un efecto inhibitorio en las formas en que las personas se expresan en la web”, estimó.
Desde el extranjero, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, dijo a la agencia de noticias EFE que está “preocupada” ya que “poder acceder a los detalles de quién opina qué, respecto de qué temas, es una información muy potente, que potencialmente podría utilizarse para tomar medidas que podrían violar los derechos de privacidad, libertad de expresión o de asociación”.
En tanto, los ciberactivistas de Anonymous, conocidos por sus ataques a portales de empresas e instituciones en todo el mundo, preparan acciones contra las páginas web del gobierno chileno, porque las autoridades “siguen vulnerando los derechos de sus pueblos” al “vigilar” las comunicaciones de los ciudadanos en internet. El comunicado advierte: “Ustedes, gobernantes, deberían temernos a nosotros, no nosotros a ustedes. Somos uno. Somos todos. Somos Anonymous. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. Espérennos”.