Así como cuando surgió el movimiento 15-M varias organizaciones se adjudicaban su nacimiento y algunos escritores aseguraban que sus teorías eran su base, ahora socialistas y conservadores de España se disputan su legado.

Ya el secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Marcelino Iglesias, había asegurado que ese partido escucha “con muchísimo interés” y “toma nota” de los reclamos del movimiento de los “indignados”. Fue un poco más allá y agregó que el PSOE “comparte” algunas de sus preocupaciones.

En la sesión de la Ejecutiva Federal del PSOE, el lunes, esos conceptos fueron repetidos. El secretario general del partido y presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, reconoció la “profundidad” del movimiento y dijo ser receptivo en cuanto a sus reivindicaciones.

Pero Zapatero negó que el gobierno quite dinero a los trabajadores para regalárselo al sistema bancario, tal como aseguran los indignados, informó el diario español El País. Otro dirigente del PSOE, Hugo Morán, dijo que su partido ya habló con los líderes del movimiento a través de Twitter, mientras los pesos pesados como Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba -candidato para las próximas elecciones y actual vicepresidente- o el vicesecretario general del partido, José Blanco, reiteraban la importancia de atender a los reclamos del movimiento.

Ayer el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, instó a canalizar los reclamos del movimiento y aprovechó para proponer que se agudice la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción.

Mientras el PSOE se muestra como un camino para presentar esas reivindicaciones, el conservador Partido Popular se vende como “la solución a la indignación”.

Esteban González, vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, dijo el lunes que entiende a la gente que está indignada “con el presidente que no vio la crisis” y ahora no sabe resolverla, o con la propia crisis económica. “La solución es el cambio político”, aseguró, aunque en ningún momento se acercó tanto como el PSOE a los reclamos del 15-M.

Anoche un centenar de indignados se concentraron en los alrededores del Parlamento para acampar y recibir hoy a los diputados, que tienen previsto votar una nueva normativa de la reforma laboral que es rechazada por el movimiento, informó la agencia de noticias EFE.

En el interior del edificio, la Cámara de Representantes debatió sobre algunas de las propuestas del 15-M y acordó apurar al gobierno para que envíe al Congreso el prometido proyecto de ley de información pública, que permitiría una mayor transparencia en las gestiones estatales.

Un grupo de personas muy vinculadas a las distintas comisiones del movimiento propusieron que se realice una consulta popular sobre sus propuestas el 15 de octubre, informó el diario español Público. La iniciativa cuenta con el respaldo de “90% de la gente” según los promotores e incluirá preguntas relacionadas a la transparencia, la lucha contra la corrupción, la separación de poderes y una democracia más participativa. La consulta se realizará el 15 de octubre, se podrá votar por internet o en las urnas y también se preguntará qué castigos deben ser exigidos para los responsables de la crisis.