Ir y volver

-El canciller francés, Alain Juppé, dijo que en tiempos de crisis económica los países de la Unión Europea (UE) tienden a “protegerse”. Esto se plasmó en su fuerte reacción ante la llegada de migrantes desde los países árabes en los últimos meses. ¿Cómo ve la OIM la tendencia europea que va hacia el cierre de fronteras?

-Nosotros como organización reconocemos el derecho de todo Estado, de toda entidad territorial multinacional a gestionar la migración de la manera que le parece. Abrir y cerrar sus fronteras de acuerdo con las necesidades es una posibilidad y un derecho que todos los Estados tienen. Sin embargo, promovemos que todas esas políticas de gestión y de control de fronteras se realicen con absoluto respeto de los derechos de los migrantes y con una lógica de protección de los migrantes vulnerables que hay en todos los movimientos importantes. Es cierto que hay una gran cantidad de migrantes que se dirigen hacia la UE, como hacia todos los países grandes donde hay mayores posibilidades de empleo. Sin embargo, éste no es el caso de las migraciones que se han generado en el norte de África.

-¿Por qué?

-Porque no es una crisis de migrantes económicos. Es una crisis de trabajadores migrantes de terceros países que habían ido al norte de África porque allí había empleo, sobre todo vinculado a la producción de petróleo. Ellos querían volver a sus países y nosotros establecimos un sistema de evacuación hacia ellos, sobre todo desde Túnez y Egipto, pero también desde Argelia y de Chad. Como las organizaciones de la ONU evacuaron Libia, los inmigrantes presentes en el territorio libio también salieron hacia las zonas fronterizas. Al hacerlo, causaron una gran presión sobre Túnez y Egipto, países que ya venían muy complicados [por las recientes revueltas populares], y tenían toda una crisis política y poblacional que resolver. Entonces los gobiernos de Egipto y de Túnez nos pidieron que desarrolláramos un proceso de evacuación humanitario urgente.

-¿Cómo se realizó esa evacuación?

-La OIM y el Alto Comisionado para los Refugiados desarrollamos ese proceso utilizando los campos de refugiados que tenía el Alto Comisionado cerca y luego recurriendo a la generosidad de Túnez y Egipto que nos ofrecieron escuelas, colegios, centros comunales, para alojar a la gente que llegaba, registrarla, darle documentos -porque muchos no tenían documentos ya que los empleadores los habían dejado sin los pasaportes- y evacuarlos, pero hacia sus países de origen. Ninguno de esos trabajadores migrantes quería irse para Europa, querían volverse hacia sus países.

-Pero los países europeos se quejan de tener una llegada “masiva” de inmigrantes.

-Hace 20 días había más o menos 18.000 migrantes que habían llegado a Europa. Sólo hacia Bangladesh, evacuamos 30.000 personas que estaban regresando. Lo que sí existe, y yo creo que los países de la UE entendieron eso también, es que Egipto tenía más o menos un millón de egipcios trabajando en Libia. En un país como Egipto, con las condiciones políticas que tiene en este momento, es difícil recibir a una gran cantidad de personas. No se va a devolver un millón, pero hasta hace poco, volvieron 250.000 egipcios de entre 18 y 35 años, todos en edad productiva. Recibirlos y ubicarlos dentro de un mercado laboral del cual ellos se habían ido porque no tenían posibilidad de encontrar empleo, es casi imposible. Entonces esa población es la que tiene un riesgo alto de querer cruzar el Mediterráneo y llegar hasta Europa en busca de soluciones que habían encontrado en Libia y con las que ya no cuentan. Ése sí es el peligro de una migración más masiva, de nacionales de Libia, de Túnez, de Egipto, de Siria, que mañana no encuentren una solución. Por eso la OIM ha insistido muchísimo con la UE para que impulsara programas de desarrollo de empleo en esos países del norte de África, para tratar de evitar ese fenómeno.

-Pero entonces, la OIM está intentando evitar que la gente migre. ¿Migrar no es un derecho?

-Emigrar es absolutamente un derecho y no intentamos evitar que la gente emigre, nosotros tratamos de evitar que la gente emigre en condiciones de irregularidad que los ponen en situación de gran vulnerabilidad. La realidad es que migrar es un derecho absoluto de todo el mundo, las poblaciones han emigrado históricamente a través del mundo. En este momento, más o menos 220 millones de personas migran de un país a otro, pero hay 750 millones de personas que emigran dentro de su propio territorio. China es el país del mundo donde existe más migración interna. Obviamente la OIM reconoce el derecho a migrar. El asunto está en que no se trata de promover una emigración irregular, con los riesgos y peligros que implica esa situación de vulnerabilidad. Al revés, se trata de fomentar una gestión migratoria ordenada y con respeto de los derechos humanos, pero para eso tienen que existir condiciones. Ningún país tiene las condiciones para recibir un flujo de 500.000 migrantes de golpe y nunca va a poder gestionarlo y manejarlo fácilmente. Lo que sí podemos tratar es de crear canales de apertura de migración ordenada y regular que garantice un acceso a ciertos derechos que los migrantes necesitan y cierta protección en su viaje.

-Pero los países europeos tienden a querer recibir migrantes calificados, mientras que los migrantes más vulnerables -como es el caso de las mujeres y de los migrantes menos capacitados- no tienen las mismas ventajas. ¿Cuando dice “migración organizada” implica escoger?

-Todos los estados del mundo desearían poder escoger a las personas que vienen a su territorio. Lo mismo querría hacer Uruguay y los países de Sudamérica. No dije organizada, dije ordenada: no es lo mismo. Los países europeos, como la mayor parte de los países desarrollados, tienen un déficit generacional y un déficit de mano de obra de cierto tipo. Los países de Europa, Estados Unidos y muchos de nuestros países de renta media -también acá en Uruguay comienza a sentirse un poco esto-, requieren de población migrante para llenar ese vacío. En la mayoría de los casos, en los países desarrollados, ese déficit es de población no calificada. Al existir un crecimiento económico, la población nacional se mueve de los trabajos menos calificados a los un poquito más calificados. Ése es un proceso natural, es parte del desarrollo económico que va acompañado de un desarrollo social. Recién llego de Chile, donde ya hay conciencia de un envejecimiento de la población y su efecto demográfico. Hay menos jóvenes y por lo tanto menos gente en edad productiva. Cuando esto ocurre se abre un vacío, que en general comienza a sentirse en los empleos menos calificados. Los países europeos tienen una gran necesidad de migración no calificada. Lo que pasa es que hay muchísimos migrantes en Europa, no es que ellos cierren las puertas a todos. Además son países que tienen la capacidad de determinar los vacíos de trabajadores calificados que necesitan. Ahora los países latinoamericanos también están logrando hacer esos diagnósticos.

-¿Cómo ven ustedes la posibilidad, que hoy se discute, de modificar el Tratado de Schengen, que establece la libre circulación de personas dentro de la UE y sus países asociados?

-El Tratado de Schengen crea un espacio de movilidad interna, eso tiene muchas ventajas y también presenta desafíos. Uno de los problemas que tiene es que las decisiones se toman dentro de la UE o del espacio Schengen, pero las regulaciones se dejan muchas veces a los Estados miembros. Entonces cada Estado regula detalles de forma diferente y muchas veces eso distorsiona el sistema general. Por ejemplo, me comentaban durante uno de mis viajes, que la carta de invitación Schengen de una persona que quiere recibir la visa en España requiere ser autenticada o realizada en la Policía. Mientras que en Dinamarca eso no es necesario. Entonces cuando los migrantes latinoamericanos entran por España porque se tomaron el vuelo de Iberia, allí les dicen “usted no puede entrar porque no tiene la carta certificada por la Policía” y los devuelven, aunque vayan a Dinamarca, que no exige ese requisito. Existen esas contradicciones que hacen que los trámites sean un poco complicados para nosotros los extranjeros. Eso termina causando mucho enojo y muchos problemas. Pero el tema de modificar o suspender Schengen es un tema de esos Estados. Lo importante para los migrantes es que las reglas sean claras y que se conozcan. Es mejor a veces tener sistemas menos ambiciosos pero más claros y que las reglas se apliquen de manera uniforme dentro de cada espacio de libre circulación. Pero esa estandarización de las reglas no existe dentro del espacio Schengen.

-Las condiciones en los distintos países siempre van a cambiar y, con ellas, las normas para los migrantes. Por ejemplo, España tiene ahora el nivel de desempleo más alto de la UE y tiene previsto volver a pedir permiso de trabajo a los búlgaros y los rumanos, algo que dejó de exigirles en 2009.

-Los países necesariamente tienen que dar cierta prioridad a sus nacionales. España en este momento está viviendo una de sus más grandes crisis económicas, con un desempleo enorme, y sus propios nacionales están buscando soluciones, principalmente en otros países de la UE. Los desempleados son millones. Obviamente, cualquier país tomaría medidas de restricción para tratar de favorecer un poco a su población y eso es absolutamente natural. Es lo que se espera. Eso no quiere decir que se tenga derecho a tratar mal a los extranjeros, pero las reglas del juego tienen que cambiar dependiendo de la capacidad de recepción que tiene un país y eso es normal. Así que es de esperar que esas medidas se tomen. El asunto está en que se proteja a los migrantes y se respeten los derechos humanos.

-Cuando asumió al cargo de secretaria general adjunta de la OIM en 2009, usted dijo que era necesario “modernizar la gestión migratoria y las legislaciones” para proteger a los migrantes y sus derechos. Era otra realidad, pero ¿a qué se refería?

-Yo me refería a que la mayor parte de los Estados de América Latina teníamos legislaciones migratorias de los años 70, con una concepción de la seguridad y del control de fronteras completamente diferente, que no abarcaba una concepción más integral de la migración. La necesidad de desarrollar una política moderna de migración que tome en cuenta los derechos de los migrantes, las necesidades de empleo que existen en el país, cómo vincular el tema migratorio a la promoción del desarrollo del país, los temas de educación, de salud, de cultura, hoy es admitida por todo el mundo.

-¿Tiene un ejemplo de cómo se puede desarrollar ese tipo de política?

-Eso se hace en un primer momento creando organismos de coordinación interinstitucional. Ése es el primer paso. El fenómeno migratorio es un fenómeno muy transversal, tiene implicaciones en casi todos los temas y por lo tanto con casi todas las entidades del Estado. Antes, las políticas de inmigración se hacían desde el Ministerio del Interior: la Policía y los guardias de frontera. Ahora se reconoce que eso no funciona, porque todos los países tienen una situación económica determinada, por la cual sus ciudadanos encuentran condiciones suficientes para quedarse en el país, o no las encuentran y buscan una solución en otros países. Ésa es la primera determinación que tiene que hacer un país: ¿cuál es mi situación económica, social, política? Si tienes posibilidades de empleo, entonces hace falta una política que trate de establecer contactos con otros países para generar oportunidades laborales para personas del exterior. Pero muchas veces -como se está viendo por ejemplo en Argentina, en Chile, y se está empezando a ver en Uruguay también- hay un déficit de trabajadores en ciertos sectores y es respecto a esto que hay que ver qué se quiere hacer. Todo tiene que tomarse en cuenta en ese proceso, eso es una política integral de migración.

-¿Puede dar algún ejemplo de política para incentivar el retorno que haya sido exitosa en el exterior?

-Hay muchos programas que se han ido desarrollando. En la Conferencia Sudamericana de Migraciones [en 2009] yo hablaba del despertar de América Latina, al darse cuenta de las necesidades de sus ciudadanos en el exterior, una cosa que antes no existía. Ahora en los últimos 10 años que ha ido desarrollando. En Ecuador, por ejemplo, se creó la Secretaría Nacional del Migrante, que es casi como un ministerio.

-¿Esa secretaría está dando resultados?

-Todo funciona bien y mal en algún aspecto. Todos esos programas o entidades que se han ido creando han mejorado mucho la situación y el conocimiento de los nacionales en el exterior que tienen los países. No es perfecto, como la mayor parte de las entidades gubernamentales. Hay programas muy buenos, como el de Colombia, que se llama “Colombia nos une”. En Argentina hay un par de programas también. Cada país ha ido creando sus programas con condiciones específicas según las capacidades de cada gobierno y de cada Estado. Pero no hay una solución única porque ningún problema social la tiene. No hay recetas milagrosas. Pero sí creo que la región ha ido avanzando en este proceso y está en una fase interesante. Vamos a ver cómo sigue la crisis en Europa y en Estados Unidos, si es que va a generar un gran retorno de los latinoamericanos. Hoy hay menos retorno del esperado. Sí existe una desactivación de la salida y se empieza a generar un retorno no masivo. Habrá que ver, si efectivamente en algún momento, esto implica un retorno más masivo. Pero de momento los números no son de asustarse.