La operación “Rápido y furioso”, de la agencia estadounidense para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por su sigla en inglés), dejó pasar unas 2.000 armas ilegales hacia México, con el objetivo de rastrearlas para llegar hasta los cárteles de la droga mexicana. Pero los agentes no lograron seguirle la pista al armamento y la misión fue un fracaso.
Varias de las armas que fueron detectadas en el momento de la compra inicial y luego perdidas de vista por los empleados de la ATF, aparecieron en escenas de crímenes en México y Estados Unidos. Otras 1.400 siguen en paradero desconocido.
La operación, que comenzó a fines de 2009 y se extendió durante todo el 2010, fue investigada tanto por el Congreso como por el Departamento de Justicia estadounidense, y puso al presidente Barack Obama en una situación delicada, debido a que surgieron acusaciones de que su administración estaba permitiendo en forma voluntaria que ingresaran a México armas peligrosas.
Ayer la administración Obama cambió a puestos menos visibles a dos funcionarios vinculados a este caso, y un tercero renunció. El director interino de la ATF, Kenneth Melson, que admitió errores cuando lo entrevistaron los congresistas, ocupará a partir de hoy el cargo de asesor de alto rango en asuntos forenses de la Oficina de Política Legal del Departamento de Justicia.
También por este asunto, el fiscal principal del caso, Emory Hurley, fue reasignado, según la agencia de noticias Reuters.
En tanto, el fiscal de Estados Unidos para Arizona, Dennis Burke, presentó su renuncia en una carta a Obama en la que dice que éste es el “momento adecuado” para dejar el cargo y que la fiscalía continúe avanzando “bajo nuevo liderazgo”. Melson será sustituido por el fiscal de Minesota, Todd Jones, informó un comunicado del Departamento de Justicia. Pero se desconoce quién sustituirá a los dos fiscales.
El comisionado adjunto de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Thomas Winkowski, admitió a la agencia de noticias Notimex que Estados Unidos no aplica controles “tan sofisticados” a la salida de su territorio, como a la entrada, instancia en la que se aplican protocolos rigurosos. Para intentar revertir esa situación, Winkowski anunció que su oficina dotará con lectores de placas a los 110 puestos fronterizos para registrar los cruces de vehículos las 24 horas del día.
Las autoridades mexicanas se quejan de la gran cantidad de armas que llegan a su país desde Estados Unidos y reclaman más esfuerzos de Washington.
También exige la oposición republicana en el Congreso estadounidense que Obama explique quién sabía de ese programa de la ATF, pensado para localizar a las principales redes de contrabando de armas en el suroeste de la país. Pero sobre todo, recordó la agencia de noticias EFE, la operación era parte del combate de Washington contra el tráfico de armas que alimenta la narcoviolencia en México y que mató desde 2006 a 37.000 personas en ese país.