En el marco de un plan de seguridad, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prevé la construcción de un centro de monitoreo y la instalación de videocámaras en hospitales, centros de salud, centros de gestión y participación comunal y edificios escolares. El Ministerio de Educación porteño explicó que esa iniciativa -en el marco de la cual ya se aprobó una licitación por 130 millones de dólares- prevé que las cámaras estén afuera de los edificios, mirando hacia el exterior.
El Observatorio de Derechos Humanos, la Unión de Trabajadores de la Educación y padres de alumnos que presentaron un recurso de amparo, estiman que el pliego de adjudicación de la licitación no deja en claro dónde se instalarían las cámaras. Argumentan además que la vigilancia electrónica dentro de los establecimientos escolares “viola el derecho a la intimidad de los niños y los adolescentes”.
Ayer lograron una victoria, ya que la jueza a cargo de la causa, Elena Liberatori, dispuso una medida cautelar que se aplica a los dos establecimientos a los que asisten los hijos de los demandantes y suspende en ellos la instalación de cámaras de seguridad.
Durante una conferencia de prensa en la que informó de la decisión de la Justicia, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación, Eduardo López, destacó que el gobierno porteño estableció por decreto “instalar cámaras de audio y video en 17 jardines de infantes, 17 escuelas secundarias y 56 escuelas primarias porteñas, según él, con el fin de cuidar el patrimonio de la ciudad”.
Pero el fallo dice que el “medio elegido” parece a primera vista “desproporcionado respecto de la finalidad perseguida” y “que al no haberse establecido límite alguno para el funcionamiento de los dispositivos de filmación se genera una afectación irrazonable del derecho a la intimidad”.
Destaca -en negrita- que “no se desprende” de la resolución aprobada por el gobierno de la ciudad “cuál fue el criterio utilizado para establecer los 'objetivos' de vigilancia, en particular los establecimientos educativos, ya que no se encuentran todos, pero sí se encuentran los que fueron 'tomados'”, durante el reciente movimiento de protesta que hubo en reclamo de mejoras presupuestales para la educación.
López convocó a “todos los padres, cuyas escuelas tienen cámaras, a preservar la privacidad de sus hijos, y a firmar la presentación judicial para extender al resto de los establecimientos esta medida” judicial.