"Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria", establecerá la primera parte del artículo 135 de la Constitución española, si el Parlamento aprueba una reforma de su texto que tiene a consideración. El pago de la deuda será "prioridad absoluta" para todas las administraciones, según establece el proyecto cuyo trámite parlamentario comenzará hoy y que fue acordado entre el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la oposición conservadora del Partido Popular (PP).

El domingo marcharon miles de personas -el diario español El País estimó 3.000 en Madrid, 2.000 en Barcelona y otras 2.000 en el resto del país- convocadas por colectivos afines al movimiento de los indignados, para reclamar que la reforma se vote en un referendo. Según los medios españoles, para haber sido un domingo y a fines de verano, la convocatoria fue un éxito.

Uno de los activistas de Democracia Real Ya, Fabio Gándara, dijo que los próximos meses estarán "cargados de movilizaciones" para reclamar una mayor participación ciudadana en la vida política.

El gobierno busca para la reforma constitucional una aprobación exprés y, para ello, dispuso que se vote de forma urgente antes de que termine la actividad parlamentaria por las elecciones del 20 de noviembre. Hoy se realizará la primera votación en la Cámara de Diputados y se abrirá un plazo para enmiendas al proyecto. El viernes serán votadas esas propuestas y se prevé que será aprobado el texto definitivo que pasará al Senado para votarse antes del 10 de setiembre. Se prevé que la reforma será aprobada sin inconvenientes porque cuenta con el respaldo de la bancada del gobierno y del PP.

La del domingo fue la primera movilización social contra el proyecto y ya hay otra convocada para hoy frente al Congreso. El gobierno rechaza la iniciativa de convocar a un referendo por este tema, y su intención de aprobar una reforma de tinte neoliberal sin hacer esa consulta popular lo coloca en el extremo opuesto de los reclamos del movimiento nacido el 15 de mayo, que exige mayor participación ciudadana.

Amplio rechazo

A partir del 10 de setiembre, hay 15 días durante los cuales, si 10% de los legisladores -35 diputados o 26 senadores- solicitan que se celebre el referendo, se lo convocará. Con el objetivo de impulsar a los legisladores a que lo pidan se abrió la página web actuable.com, en la que se puede firmar un petitorio al que ayer se habían sumado más de 108.000 personas. Cuando una persona firma el texto, se envía a todos los grupos parlamentarios. Por medio de la red social Twitter se pretende dar difusión con el hashtag #YoQuieroVotar; además, se formaron varios grupos en Facebook.

Pero no sólo los indignados reclaman una consulta popular. Los principales sindicatos españoles -el Sindicato Unión General de Trabajadores y la confederación sindical Comisiones Obreras- ya convocaron para el martes de la semana que viene una “gran manifestación” y preparan 48 horas de protesta en el resto del país a partir de mañana. En una conferencia de prensa los organizadores pidieron a los legisladores que no apoyen la reforma y no descartaron convocar a un paro nacional si las distintas iniciativas no frenan el cambio.

Incluso dentro del propio PSOE han surgido dudas y cuestionamientos. El candidato para las elecciones del 20 de noviembre, Alfredo Pérez Rubalcaba, mano derecha del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, dijo al mandatario que “no lo hubiera hecho así”.

La medida no sólo es contraria a los reclamos populares, sino que al rumbo político que ha mantenido el PSOE. Eran prioritarios los planes sociales, como las ayudas por hijo, y se había prometido una suba del salario mínimo o ayuda a familias con menos recursos. Algunos de esos planes fueron aplicados y después frenados ante la crisis, mientras otros quedaron sólo en el papel.

Mientras en la interna del PP se aplaude el proyecto de reforma constitucional, dentro del PSOE crecen las críticas. Ayer, los socialistas catalanes declararon que no les “entusiasma” la reforma, pero que no hay “más remedio que asumirla”. La ministra de Defensa, Carme Chacón, cuyo nombre sonaba para la candidatura a las elecciones, dijo que tiene “dudas” por el procedimiento que se siguió para concretar el cambio.

Tanto Chacón como Rubalcaba cuestionaron que no hubo un debate en la interna del PSOE antes de que Zapatero anunciara públicamente que se realizaría esta reforma, para horas después comenzar a negociarla con el líder conservador Mariano Rajoy. Pese a esas críticas, Rubalcaba se ha encargado de limitar las divergencias en el seno de su partido y mantener las filas apretadas tras Zapatero, asegurando que, a esta altura, ya no hay otra opción para que España dé una imagen de solvencia.