La apertura del juicio al ex primer ministro islandés, Geir Haarde, está lejos de satisfacer a la población de su país, cuya economía colapsó en octubre de 2008. El ex gobernante, que es juzgado desde el lunes por un tribunal especial, es el líder del derechista Partido de la Independencia y encabezó una coalición de gobierno desde 2006 hasta principios de 2009, cuando tuvo que renunciar. Enfrenta acusaciones de “extrema negligencia” y “violación de las leyes sobre la libertad ministerial” y podría ser condenado a dos años de cárcel. Sin embargo, los analistas coinciden en que el verdadero responsable fue su antecesor, David Oddsson, que gobernó de 1982 a 1991, y que hizo entrar al país en una era ultraliberal.
Cuando estalló la crisis, Oddson era director del Banco Central islandés, cargo del que fue destituido en 2009. En un artículo publicado en mayo por Le Monde Diplomatique, la especialista en políticas públicas de la Universidad de Islandia, Silla Sigurgeirsdóttir, y el profesor de economía política de la London School of Economics, Robert Wade, destacaron que "lejos de deber rendir cuentas por sus actos, Oddsson, fue nombrado jefe de la redacción del principal diario de la capital islandesa, Reykjavík, el Morgunbladid, lugar desde el cual dirige la cobertura de la crisis”, y opinaron que esto era algo así como que “Richard Nixon fuera nombrado jefe del Washington Post durante el Watergate”.
La decisión del Parlamento de señalar a Haarde como único responsable no borró el descontento de la población. Al contrario. Según los diarios Le Monde y The New York Times, el Poder Legislativo tiene hoy su peor nivel de confianza desde que asumió en 2009, a pesar de que el país está dejando atrás la crisis financiera.
Antes de entrar a la primera audiencia de su juicio, que oficialmente comenzó en junio, el ex primer ministro estimó que ese proceso es una “farsa política puesta en escena por viejos enemigos políticos”.
En tanto, uno de los líderes de las protestas islandesas, Hördur Torfason, dijo a El País de Madrid, que Haarde debe ir a la cárcel porque “sabía lo que iba a pasar ocho meses antes de que llegara el crash y no hizo nada para impedirlo” pero agregó: “todos los que participaron en esto, todos los banqueros deben pagar. No se trata de venganza, sino de justicia".
A futuro
En paralelo, Islandia inició un proceso de reforma a la Constitución vigente desde 1944, que debería, si se cumplen lo anhelos de sus ciudadanos, evitar que la historia se repita. Para redactarla, los islandeses eligieron a 25 integrantes (10 mujeres y 15 hombres) de un Consejo Constitucional, entre 522 candidatos. El Consejo empezó a trabajar en abril, en reuniones públicas, transmitidas en directo desde su página web. Los islandeses pudieron consultar los avances y hacer propuestas para la nueva Constitución, incluso a través de las redes sociales Facebook, Twitter, y Flickr.
Ese proceso culminó el 29 de julio con la entrega al Parlamento del texto final, con 114 artículos y 9 capítulos, según la página web del Consejo, (http://www.stjornlagarad.is). El texto debe ser sometido a referendo antes de ser aprobado por los legisladores.
El preámbulo de la nueva Constitución reza: “Nosotros, los habitantes de Islandia, deseamos crear una sociedad justa, donde todos seamos iguales. Nuestros diversos orígenes nos enriquecen a todos nosotros y juntos tenemos la responsabilidad del legado de otras generaciones, la tierra y la historia, la naturaleza, el lenguaje y la cultura”.
Los temas más importantes para el Consejo fueron la “distribución del poder, la transparencia y la responsabilidad”. La nueva Constitución tiene como objetivo aumentar la separación entre los tres poderes del Estado, establecer con claridad sus responsabilidades, y aumentar la participación ciudadana. Para esto último establece que 10% del electorado puede promover un referendo sobre leyes aprobadas por el Parlamento, y el 2% puede elevar propuestas legislativas. Los integrantes del Consejo estiman que “con estos cambios, Islandia será uno de los países que mejor garantizará el derecho ciudadano a participar en las decisiones públicas y la democracia directa”.