El mandatario yemení Alí Abdalá Saleh está en Arabia Saudita, desde que un atentado en su palacio el 3 de junio le causó heridas graves. Ese ataque fue uno de los muchos episodios que ocurrieron durante las revueltas contra el gobernante, que comenzaron el 27 de enero, en reclamo de más democracia y de su salida del poder, que ocupó por 33 años.

Antes del atentado ya había estallado una lucha de clanes entre la familia Saleh y los seguidores de Sadeq Al Ahmar, ambos miembros de la confederación tribal de los hashed. En ese marco hubo enfrentamientos armados entre milicias rivales. Pero en la actualidad esos enfrentamientos cesaron, mientras que las manifestaciones pacíficas continúan siendo reprimidas.

El 12 de setiembre Saleh dejó el poder a su vicepresidente, Abderabu Mansur Hadi, y le pidió que negociara una transición pacífica siguiendo un plan propuesto por el CCG, que el propio mandatario se había negado en tres oportunidades a firmar. Esa propuesta había caducado el 23 de mayo, cuando el CCG desistió de su rol de mediador ante la negativa del gobernante.

Aquella propuesta del CCG -integrado por Arabia Saudita, Omán, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin- suponía que Saleh cediera el poder a Hadi 30 días después de firmarla, y que dos meses después, se celebraran elecciones.

Ahora Saleh cedió el poder a Hadi, pero la oposición considera que ya es tarde, y volvió a las manifestaciones. En ese contexto se reportaron 20 muertes durante el fin de semana y otras 20 ayer, como resultado de la represión de las protestas, en Saná y en otra ciudad, Taiz, la segunda más importante del país, situada en el suroeste y, según la agencia de noticias EFE, algunas víctimas serían también soldados desertores.

Mientras, en la ciudad suiza de Ginebra, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el canciller yemení, Abu Bekr Abdullah Al Qirbi, rechazó la posibilidad de que una comisión internacional independiente investigue los abusos de las fuerzas de seguridad en la represión. En el mismo encuentro, se presentó el informe de la misión de la ONU que visitó Yemen durante esta crisis, en el cual se confirma que cientos de personas fueron asesinadas desde enero y que hubo “uso excesivo y desproporcionado de la fuerza letal por parte del Estado”.

Ayer, según informó la agencia estatal de noticias Saba, llegaron a Saná Jamal Omar Bin, el representante del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Abdul Latif Al-Zayani. Esas visitas dan a entender que comenzó una nueva ofensiva diplomática para intentar salir de la crisis.

Por otro lado, Saba informó que Saleh se reunió con el rey de Arabia Saudita, Abdullah bin Abdul Aziz, para informarlo de la situación en Yemen.

Más allá del conflicto político, la parálisis casi total del país y del gobierno -que se mantiene desde enero- hace temer que se esté ante una situación humanitaria crítica, destacó la BBC.

La hambruna se extiende a todo el territorio: una de cada tres personas sufriría la falta de alimentos, alertó la organización Oxfam. Los programas de ayuda humanitaria internacional en la región se están focalizando en Túnez, Egipto y Libia y eso hace que algunas zonas de Yemen reciban hasta 60 millones de dólares menos, en ayudas del Programa Mundial de Alimentos.