Desde hace un año, hay una fuerte polarización entre el gobierno del presidente Rafael Correa, que denuncia que hubo “intento de golpe de Estado” el 30 de setiembre de 2010, mientras que la oposición lo niega. El principal punto de desacuerdo gira en torno a si el mandatario, que estuvo varias horas en el Hospital de la Policía Nacional en la capital, Quito, fue retenido contra su voluntad o no.
En la mañana de ese día, la Policía de Ecuador se sublevó por reclamos salariales, y el mandatario visitó al Regimiento Quito para intentar que los agentes de seguridad volvieran a sus puestos. Pero allí Correa fue lesionado y tuvo que ingresar al hospital policial vecino al regimiento. El presidente permaneció en ese centro de salud, según dijo, retenido. Desde allí denunció un intento de golpe de Estado y, ya de noche, se realizó un operativo militar para sacarlo del centro de salud.
Ayer la agencia estatal de noticias ANDES publicó un informe -acerca de lo ocurrido ese día- realizado por las Fuerzas Armadas de Ecuador que concluye: “la paralización de actividades de la Policía Nacional, desembocó en primera instancia en la retención del presidente” en el hospital “y posteriormente en un enfrentamiento”. Estos hechos tuvieron “como resultado, dos muertos y 42 heridos del personal militar, la pérdida de armamento, y equipos y vehículos de las Fuerzas Armadas destruidos”, agrega el informe.
Además de las víctimas militares también las hubo civiles y policiales. Fueron diez los muertos en todo el país. Un año después, no hay acusados por esas muertes, señaló la agencia de noticias EFE. Entre las víctimas figura un estudiante, Juan Pablo Bolaños, que salió a “defender la democracia” en Quito. Otros cinco civiles murieron en Guayaquil por el caos que se desató durante la ausencia de la Policía en la ciudad. En Quito murieron además dos policías en los enfrentamientos.
Por los sucesos del llamado 30-S, nueve policías fueron condenados: seis eran miembros de la escolta legislativa que se opusieron a que los diputados celebraran un plenario, y otros tres estuvieron en el regimiento Quito. Pero la Justicia absolvió a quien era director del hospital policial, César Carrión, y también al ex coronel Fidel Araujo, acusado por el oficialismo de ser uno de los instigadores de la revuelta.
La ministra Coordinadora de la Política, Doris Soliz, dijo en una entrevista con el canal Ecuador TV: “no reclamamos venganza; reclamamos verdad y justicia para que el país pueda con madurez política y democrática voltear esta página”.
La agencia de noticias AFP consultó a varios analistas, que además de discrepar sobre si hubo golpe o no, estiman que el 30-S sirvió a Correa, pero no a la democracia. Con sus acusaciones a la oposición -y a los medios- de conspirar en su contra para derrocarlo, el mandatario “volvió a crear un escenario de polarización” ya que la oposición pasó “a ser calificada de antipatria y golpista”, lo que derivó “en un enfrentamiento permanente y no en la profundización de la democracia”, dijo a ese medio Simón Pachano, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Lo más visible es el enfrentamiento que existe entre el presidente y varios medios. El diario El Universo es el ejemplo más notorio, ya que su ex jefe de opinión, Emilio Palacio, y tres directivos fueron condenados a penas de cárcel y a pagar 40 millones de dólares de multa por un editorial.
En esa nota, Palacio escribió que Correa había ordenado “disparar a discreción y sin previo aviso en un hospital lleno de civiles” y lo calificó de “dictador”. Hace poco, reiteró en una entrevista con otro diario opositor, El Comercio, que “no hubo ningún golpe de Estado”, sino que “fue el gran crimen de Correa”.