Son 103 los casos de violaciones a los derechos humanos por los que está procesado en Argentina, como “partícipe primario”, el juez Otilio Romano. Esos delitos incluyen desapariciones, asesinatos, secuestros, torturas y robo de bienes que se cometieron cuando él era el fiscal federal de Mendoza. Ocupó el cargo durante la dictadura argentina, que se extendió de 1976 a 1983, y en ese período actuó además como juez suplente. Se lo acusa de haber impulsado causas judiciales por delitos comunes contra detenidos políticos y de utilizar en ellas confesiones obtenidas bajo tortura.
Romano viajó a Chile el 25 de agosto, cuando ya estaba sometido a juicio político por parte del Consejo de la Magistratura, que se encarga de designar y destituir a los jueces. Al día siguiente perdió sus fueros, cuando ese consejo lo suspendió en su cargo de integrante de la Cámara Federal de Mendoza, informó el diario Página 12. Pero, recién el miércoles, Romano se convirtió en prófugo. Ese día venció el plazo de una intimación para que se presentara a declarar . La emitió el juez a cargo del caso, Walter Bento, luego de que la prensa informó que Romano dejó el país.
El Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) de Mendoza, que impulsó como querellante la causa, pidió a Bento que solicitara la captura internacional de Romano. Como paso previo, el juez pidió la destitución de Romano del Consejo de la Magistratura.
Ayer Bento notificó al MEDH que el juez acusado pidió refugio político en Chile, informaron abogados de esa organización, Viviana Beigel y Pablo Salinas, a las agencias de noticias AFP y EFE. Dijeron que Romano obtuvo una visa por ocho meses, y que si bien presentó en Chile su pedido de refugio político, la decisión al respecto no la debe tomar ese país sino el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). De todos modos, Beigel opinó que “no se le concederá el refugio porque hay leyes internacionales que impiden otorgar ese beneficio a acusados de delitos de lesa humanidad”.
“Hasta agosto [Romano] era el hombre fuerte de la justicia federal de Mendoza, tuvo un poder enorme, pero ahora es un prófugo porque la Justicia le intimó a presentarse y no se presentó”, dijo Salinas a EFE. También dentro de Argentina el juez se presentaba como un perseguido político. Según informó en su momento el diario argentino La Nación, en un artículo del 26 de marzo de 2010, Romano dijo que sufría presiones porque la Cámara Federal de Mendoza, que entonces presidía, avaló el fallo de una jueza que suspendía la aplicación de la ley de medios impulsada por el gobierno. El juez declaró al periódico: “Las presiones de los organismos de derechos humanos comenzaron el 28 de diciembre, cuando recibí la causa de la ley de medios; yo las atribuyo a presiones para que votara en favor de la norma”.
Romano es uno de los cinco jueces argentinos procesados por delitos cometidos durante la dictadura. Según recordó Página 12, el primero de los magistrados en intentar evadir la Justicia al quedar en el papel de acusado fue Guillermo Federico Madueño, quien hasta 2004 integraba el Tribunal Oral Federal 5, y que murió el año pasado, ya en prisión. Antes estuvo prófugo durante medio año.