Hasta el momento son 11 los uruguayos que murieron o desaparecieron en Chile entre el golpe de Estado y el final de la dictadura en marzo de 1990. Todos son reconocidos como víctimas por el Estado chileno y eso implica el derecho a una indemnización para sus familiares. Esto surge de los trabajos sucesivos entregados por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

Tras un año y medio de trabajo, en agosto de 2011 entregó su informe la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como Valech por ser sus miembros los mismos que habían llevado a cabo una tarea similar en 2005. Previamente, un primer informe había sido confeccionado en 1991, en aquel entonces conocido como Rettig.

Este informe, que debería ser el último, recibió 32.453 solicitudes. Quedaron reconocidas como víctimas 30 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y 9.795 ex presos políticos y torturados. Pero el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la cámara baja chilena, el diputado Sergio Ojeda, solicitó al presidente chileno, Sebastián Piñera, que reinstale la comisión Valech debido a los miles de solicitudes no aprobadas.

Además, se calificó como víctima a Miguel El Fanta Estay Reyno, quien cumple cadena perpetua por tres asesinatos que cometió luego de haberse quebrado bajo la tortura y de convertirse en colaborador de la dictadura. En el listado también aparece Luz Arce, ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria quien también denunció bajo tortura, pero manifestó su arrepentimiento al retorno de la democracia y fue testigo voluntario ante la Justicia.

Todas las nóminas e informes están disponibles en www.comisionvalech.gov.cl/InformeComision.html.

Uruguay en Chile

Los casos de las 11 víctimas uruguayas reconocidas están o estuvieron bajo investigación judicial. Contactado por la diaria, el ex canciller y actual embajador de Uruguay en Chile, Pedro Vaz Ramela, aseguró que se hace un seguimiento “constante” de estos expedientes. Dio como ejemplo la causa Benaroyo, que se abrió cuando fue descubierto el cuerpo, gracias a la intervención de la Comisión de Seguimiento uruguaya. Destacó que “existe la posibilidad de que surjan nuevos casos al cruzar antecedentes con otras causas abiertas” y que todo lo que surge, en materia judicial, pero también en la prensa, “se canaliza e institucionaliza” vía cancillería.

En tanto, la causa chilena sobre el Plan Cóndor aún está en etapa de investigación, y el llamado “caso Berríos” es uno de los pocos en los que se verificó un vínculo entre el accionar de las Fuerzas Armadas de ambos países en dictadura, más allá de que los hechos a investigar se produjeron ya en democracia (1992). Tres militares uruguayos fueron condenados en 2010 por el crimen del bioquímico chileno y ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Eugenio Berríos, previamente secuestrado en su país y ocultado en Uruguay por militares leales a Pinochet para evitar que revelara detalles del accionar en dictadura en causas en las que se sabía que aportaría información.

Su cadáver apareció en Uruguay, en 1995, tres años después. Berríos realizaba en la DINA experimentos sobre los detenidos. Los condenados fueron tres coroneles, uno retirado, Tomás Casella, y dos en actividad, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli. Casella fue condenado a ocho años y dos días por “secuestro” y “asociación ilícita”, Radaelli a cinco años y 62 días por los mismos delitos, ambos con pena firme. Por otro lado, y por los mismos delitos, Wellington Sarli, fue condenado a tres años y 61 días, pero obtuvo el beneficio de libertad vigilada.

Las condenas aplicadas y los beneficios otorgados son habituales en Chile. Por eso los familiares de víctimas de la dictadura reclaman hace años que no se apliquen reducciones de penas ni beneficios. Con el objetivo de evitar las rebajas de pena, un proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en mayo de 2009. El proyecto sigue en trámite en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. Respecto a esa reforma, la secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos en Chile, Rossy Lama, dijo que el problema “no es tanto la ley sino la forma en que la aplica la Corte Suprema”, y que en casos de violación a los derechos humanos la solución sería que “no se aplique”. Respecto a los beneficios, estimó que “no se deberían otorgar en ningún tipo de delito que atente contra un derecho fundamental”.