Comenzó ayer el juicio contra el suspendido magistrado español Baltasar Garzón, acusado de violar las garantías constitucionales de varios imputados en un caso de corrupción conocido como “la trama Gürtel”. Es la primera vez que el Tribunal Supremo español juzga a un juez por ordenar la grabación de conversaciones. También el uso de éstas en el caso Gürtel marcó un precedente, porque si bien otros jueces ordenaron escuchas similares, éstas no fueron admitidas luego en el proceso contra los acusados.
La trama Gürtel refiere a una red de corrupción presuntamente encabezada por Francisco Correa, que habría nucleado varias empresas para nutrirse de fondos públicos de los gobiernos locales de Madrid y Valencia, ambos en manos del Partido Popular, que ahora también gobierna España.
Garzón consideró que, mientras varios de los involucrados en la trama estaban en prisión preventiva -donde permanecen-, continuaban cometiendo varios delitos, entre ellos, el de blanqueo de dinero que, sospechó, realizaban mediante sus abogados. La defensa de Garzón argumentó ayer que la red blanqueaba dinero gracias a una complicada estructura societaria con varias ramificaciones y mediante decenas de operaciones, y que en algunas de ellas intervinieron los abogados de los imputados. Por eso, argumenta la defensa de Garzón, el juez ordenó las escuchas a tres de los considerados altos responsables de la trama: Correa, José Luis Ulibarri y Pablo Crespo.
Pero Ignacio Peláez, ex fiscal y ahora defensor de Ulibarri, y José Antonio Choaclán, ex magistrado de la Audiencia Nacional y ahora abogado de Correa, consideraron que Garzón pidió las escuchas para conocer la estrategia de defensa de los imputados, lo que supondría una vulneración de sus garantías constitucionales. Para rebatir este argumento, la defensa de Garzón recordó que los contenidos de las escuchas vinculados con la estrategia de defensa de los acusados fueron excluidos del material utilizado en la causa.
Los defensores de Garzón, al igual que la Fiscalía, no ven delito en la actuación del juez y atribuyen las causas en su contra a dos explicaciones independientes: una venganza desde dentro del sistema judicial por el éxito que Garzón ha tenido en causas importantes y el reconocimiento internacional que eso le ha brindado; o una venganza del sistema político por intentar juzgar las causas del franquismo que, según el juez, continúa vivo en España.
El martes comenzará otro juicio contra Garzón en el que también se lo acusa de prevaricación por haber intentado investigar las causas contra el franquismo sabiendo que existía una ley de amnistía que lo impedía. También se prevé que se abra una tercera causa por prevaricación y cohecho, en la que se lo acusaría de cerrar una causa contra un banquero del Santander como contraprestación a la financiación por parte del banco de unos cursos que él brindó en Nueva York.
Por el caso Gürtel la acusación pide hasta 17 años de suspensión para Garzón. Cualquier condena en su contra terminaría con su carrera judicial, tanto por su edad, 56 años, como porque lo hallaría culpable del peor de los delitos para un juez: actuar, a sabiendas, de forma ilegal.