Tanto el ex presidente Mubarak como quien fue su ministro del Interior, Habib Al Adli, y varios de sus asesores pueden enfrentar la pena de muerte en la horca si la Justicia accede al pedido de la Fiscalía que los juzga por la represión a las protestas contra el régimen, que lo derrocaron en febrero. En nombre de la parte acusatoria, el abogado Ashraf Atwa pidió esa pena "por el delito de asesinato premeditado", informó la agencia de noticias EFE. La Fiscalía entiende que Mubarak y Al Adli tienen "responsabilidad directa" en la represión porque durante las protestas tenían los mayores poderes y recibían informes, por lo tanto no podían ignorar lo que ocurría.
Otro de los abogados de la acusación, Asaad Hekal, dijo también a EFE que dos ex ministros del Interior dijeron a la Fiscalía que la decisión de disparar contra los manifestantes no se puede tomar sin el permiso del presidente.
La solicitud de condena a Al Adli y sus asesores se debe a que la fiscalía estableció que el 27 de enero, dos días después del inicio de las protestas, se decidió utilizar la fuerza contra los manifestantes en una reunión en el Ministerio del Interior.
Por último, Mustafa Suleiman, representante de la Fiscalía, consideró que si Mubarak no dispuso que Al Adli dimitiera, decisión que el presidente podía tomar, fue porque tenía interés en reprimir las manifestaciones. También señaló que los agentes que cometieron crímenes en 12 provincias tenían instrucciones de los jefes de Policía, que no podían tomar decisiones sin consultar a sus superiores. Para el lunes y el martes está previsto que declaren las familias de las víctimas.
Mubarak, de 83 años, también está sometido a juicio por su supuesta responsabilidad en delitos de corrupción, y también están procesados por ese motivo sus hijos, Gamal y Alaa, y el empresario egipcio Husein Salem. Este último está detenido en España y, de acuerdo con la Fiscalía, ofreció a Mubarak propiedades en Sharm el Sheij, el balneario en el que estableció su residencia desde que renunció, por un valor inferior al precio del mercado.
Otros también
El ex presidente de Egipto y sus allegados no son los únicos ex gobernantes que corren riesgo de ser condenados a muerte en países en los que ocurrieron las revueltas de la primavera árabe.
El presidente de Túnez, Moncef Marzuki, que asumió a mediados de diciembre, anunció el lunes que su gobierno está dispuesto a aplicar la decisión de la Justicia de su país de extraditar a Baghdadi Mahmudi, ex primer ministro libio, que está refugiado en su país, siempre y cuando las nuevas autoridades de Trípoli, que sigue aplicando la pena de muerte, le aseguren un juicio justo e imparcial, informó el semanario Jeune Afrique.
En su primer viaje al exterior, que lo llevó a Libia, Marzuki declaró: "En Túnez también tenemos derecho a reclamar que [el presidente derrocado en enero, Zine Al Abidine] Ben Alí nos sea entregado para que responda de sus crímenes en nuestro país. Ustedes tienen derecho de pedir que Mahmudi les sea entregado". El presidente tunecino se refirió así a que su antecesor está refugiado desde el 14 de enero en Arabia Saudita, que ignoró dos solicitudes del tribunal militar tunecino para que lo extraditara.
El tribunal militar de Túnez se dispone a iniciar un juicio en ausencia contra Ben Alí y 40 ex altos cargos de su gobierno. Ese proceso podría concluir con condenas a la pena capital por la muerte de 43 manifestantes y las heridas que sufrieron otros 97 durante las protestas. En junio, Ben Alí y su esposa, Leila Trebelsi, fueron condenados a cinco años de prisión por hurto y apropiación de fondos públicos.
Sin juicio
En Libia, el ex gobernante Muamar Gadafi no llegó a ser sometido a juicio, sino que lo lincharon milicianos rebeldes, luego de su derrocamiento. Su hijo Saif Al Islam, que se perfilaba como su sucesor, fue capturado, herido, el 19 de noviembre, y desde entonces permanece detenido. En diciembre denunció que sigue sin contar con un abogado, y dijo a Fred Abrahams, de la organización humanitaria Human Rights Watch, que lo visitó en la cárcel, que lo “tratan bien” y que no sufrió torturas y destacó que “al menos” está en su país.
Saif Al Islam tiene una orden de captura de la Corte Penal Internacional de La Haya como supuesto responsable de crímenes contra la humanidad. “Lo que más me pesa es el aislamiento total. Necesito contactar a mi familia o mis amigos para encontrar un abogado”, agregó.
Su hermana Aisha Gadafi está refugiada en Argelia desde agosto. Uno de sus abogados, Nick Kaufman, mandó en diciembre una carta al fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, para pedir que ese tribunal investigue de forma “inmediata” la muerte de Gadafi. Según el diario británico The Guardian, la carta dice: “Gadafi y su hijo [Mutasim] fueron asesinados de la manera más horrible con un abuso grotesco en completo desafío a la ley islámica. Las imágenes [del linchamiento] fueran transmitidas en todo el mundo causando una angustia emocional severa a mi cliente”.
En tanto, en Yemen, el presidente Alí Abdalá Saleh se comprometió a dejar el poder a cambio de que se le asegure la inmunidad.
