Más de 2.000 indígenas de la Amazonia boliviana llegaron ayer a La Paz, después de haber caminado 400 kilómetros en 40 días, para pedirle al gobierno de Evo Morales que autorice la construcción de una carretera que atraviesa una reserva natural. La iniciativa oficialista de construirla quedó sin efecto meses atrás debido a las protestas de otra multitudinaria marcha de indígenas.

La de ayer fue recibida en la capital por vecinos y organizaciones sociales -la mayoría partidarios del gobierno- que comparten el reclamo de que Morales anule la prohibición a que la ruta pase entre las localidades de Villa Tunari y San Ignacio de Moxos.

La ley que anuló el proyecto de la carretera fue propuesta por Morales, aprobada por el Congreso, y declara “patrimonio intangible” la reserva natural del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, y de esa forma impide que la carretera lo atraviese.

La marcha que llegó ayer a La Paz estuvo integrada por miembros de 41 comunidades amazónicas que viajaron para pedirle a Morales la anulación de la ley.

Un habitante de San Ignacio de Moxos, David Ibáñez, que participó de la marcha junto a su esposa y su hijo, dijo a la agencia de noticias AFP: “La carretera significa el desarrollo para San Ignacio de Moxos, vivimos aislados”.

Ayer surgió una posibilidad de diálogo, según la agencia estatal de noticias boliviana ABI: los indígenas que están a favor de la carretera aceptaron reunirse dentro de 20 días con el Defensor del Pueblo. Además, se esperaba anoche que los recibiera Morales en la sede del gobierno, según informó a la prensa la ministra de Comunicación, Amanda Dávila.

El presidente recibió meses atrás a los indígenas que marcharon para protestar contra la carretera, y Dávila dijo que el gobierno espera que “exista una posibilidad” de diálogo entre los integrantes de las dos marchas. Estimó que “las diferencias tienen que ser resueltas entre las bases”.

Sin embargo, la senadora opositora Carmen Eva Gonzales dijo que la manifestación que llegó ayer a la capital es ilegítima porque va en contra de un parque que es una reserva natural del país, y añadió que la ley que prohíbe la construcción de la carretera fue aprobada por el Congreso. “Por tanto”, manifestó, “es una ley que se respeta. En ese sentido lo que uno hace con la mano, no lo tiene que borrar con el codo, y el presidente tiene que ser coherente en lo que hace y dice”.