El conflicto se extendió desde Buenos Aires a Córdoba, Río Gallegos, Santa Fe y otras ciudades. Los agentes se movilizaron para denunciar que en setiembre sus sueldos se redujeron en un porcentaje que variaba de 30% a 60% en distintos casos, al aplicarse el decreto 1.307, que elimina algunos complementos salariales y ordena las escalas de sueldos.
El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, informó ayer que los afectados iban a cobrar en setiembre “lo mismo que el mes anterior” mientras se analizan las distintas situaciones que se generaron por la “mala aplicación” del decreto, informó el diario Página 12. El funcionario agregó que hubo una “mala liquidación” por parte de las autoridades de Prefectura, que serán investigadas “para saber si hubo un problema administrativo o se buscó generar caos usando a los de abajo para que los de más arriba mantengan sus privilegios”.
En particular, Abal Medina consideró que “fue desastrosa” la aplicación por parte de la Prefectura de un fallo judicial que afectaba la implementación del decreto. Por eso, anunció, la liquidación de salarios de sus funcionarios y de los gendarmes va a quedar a cargo del Ministerio de Economía. Dijo que en Gendarmería se cobraría este mes el mismo sueldo que en agosto y que en Prefectura se implementaría un “pago compensatorio” para la mayoría de los funcionarios.
Otros gremios
Ayer la vertiente de la Confederación General del Trabajo (CGT) contraria al dirigente camionero Hugo Moyano, la única CGT reconocida oficialmente después de varias fracturas, eligió al metalúrgico Antonio Caló como su nuevo secretario general. “Acá está la mayoría del movimiento obrero, aquí tenemos los gremios industriales que representan el trabajo y el esfuerzo del país”, dijo Caló al asumir.
A diferencia de los gremios moyanistas y los que lidera Luis Barrionuevo, esta CGT es considerada simpatizante del gobierno. Al respecto, Caló dijo que la central va a “defender este modelo económico, este modelo industrial y esta política” iniciada por el ex presidente Néstor Kirchner, pero también va a “hacerle ver al gobierno cuando esté equivocado”.
Pese al anuncio, los uniformados siguieron movilizados. “Más allá de los reclamos justos, los argentinos y argentinas hemos visto imágenes que no queremos repetir; de fuerzas de seguridad en la calle. Al ministro de Economía [Hernán Lorenzino] se le impidió la salida del edificio”, dijo Abal Medina, de acuerdo con el diario La Nación. En alguna dependencia los gendarmes habían amenazado con “un acuartelamiento completo” si no se les pagaba el total de sus sueldos.
También los diputados argentinos rechazaron en una declaración pública estas protestas: “Los diputados nacionales, representantes de los diferentes partidos políticos, instamos a los integrantes de las Fuerzas de Seguridad y otras a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas, en todo de acuerdo con la Constitución nacional”. El Senado aprobó un texto similar sin el apoyo de la Unión Cívica Radical, que cuestionó algunos pasajes.
En la tarde, el Ejecutivo de Cristina Fernández tomó nuevas medidas. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, anunció el relevo de los directores de Prefectura y de Gendarmería, Oscar Arce y Héctor Schenone, y el pase a retiro de otros 20 funcionarios, con lo que “queda así normalizada la situación en las dos fuerzas”.
En un conflicto en que los acuerdos se alcanzaron y se cayeron desde el martes, las decisiones que tomó ayer el gobierno fueron bienvenidas por los gendarmes movilizados. Pero eso no evitó que éstos pidieran dialogar con un representante del gobierno para insistir en otros reclamos, entre ellos el aumento de sus sueldos básicos y la derogación del decreto 1.307.