De menor a mayor

El caso de abuso sexual a dos niñas de la localidad de Ecilda Paullier (ver http://ladiaria.com.uy/articulo/2012/4/infierno-grande/), en el departamento de San José, dejó al descubierto los problemas que como sociedad tenemos para enfrentar este tipo de casos. Dificultades tanto en el procedimiento judicial y policial en la denuncia del caso, como en la forma en que la comunidad y los gobernantes locales afrontaron el tema. Por ejemplo, de acuerdo a lo que informó al programa radial No toquen nada el secretario de la Junta Local de Ecilda Paullier, Carlos Castro, era más importante hablar del queso más grande del mundo -récord que le pertenece a la localidad- que del caso de abuso a dos niñas (ver recuadro). Además, en el ámbito judicial el caso también presentó algunos inconvenientes que fueron denunciados por Iaci, como la realización de preguntas inadecuadas a las niñas por parte de la jueza, y otros que tuvieron que ver con la forma en que se planteó el procedimiento, como el enfrentamiento entre las niñas y el abusador en salas de espera del juzgado, y las dificultades para cumplir con las medidas cautelares.

La diputada socialista Daisy Tourné adelantó a la diaria que buscará impulsar varios proyectos de ley que reglamenten más específicamente cómo se actúa ante casos de abuso sexual, y algunos más concretamente dirigidos hacia niños y adolescentes. De acuerdo a lo que comentó la abogada de Iaci, Diana González, es necesario regular específicamente el procedimiento para evitar vulneraciones adicionales de derechos de niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido abusos también en ámbitos judiciales.

La ex legisladora del Frente Amplio Margarita Percovich -impulsora de varias iniciativas que no llegaron a aprobarse-, indicó que se intenta regular el abuso sexual a menores de edad desde hace mucho tiempo, pero siempre se encuentran obstáculos en el Parlamento. Tanto González como Percovich recordaron una discusión que dieron los legisladores en 2008 para generar una modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia que introducía varios cambios en el proceso de una denuncia de abuso sexual, que fue aprobada por unanimidad en el Senado pero se trancó en Diputados, en medio de acusaciones entre “machistas” y “feministas”, por el conflicto de intereses de algunos legisladores, y hasta se cuestionó duramente el asesoramiento académico recibido en aquel momento.

¿Derecho de quién?

Según González, el proyecto de ley que se debatió en 2008 -sobre el que puede reeditarse su discusión ahora- únicamente aclaraba algunas etapas del procedimiento judicial y policial en busca de garantizar derechos de los denunciantes, “no porque la legislación actual no lo habilite”, sino porque es un aspecto que queda a discreción de los jueces y policías que intervienen en cada caso. La abogada de Iaci recordó que uno de los aspectos que molestaban a quienes se opusieron al proyecto fue que se cuestionaba el derecho a la vivienda de los padres del niño, debido a que entre las medidas cautelares ante una denuncia, buscaba establecer que fuera el mayor de edad el que debiera alejarse de la casa y no el niño o adolescente. “En los casos en que se separa al niño generalmente se lo interna, lo que supone una vulneración adicional de sus derechos”, añadió. Además, entendió que lo que está en cuestionamiento en estos casos es el sentido de la patria potestad, porque no se consideran de la misma forma los casos en que el denunciado no tiene dicha responsabilidad sobre la eventual víctima. González añadió que algunos la consideran una potestad, pero en realidad debe ser tenida en cuenta como una “prerrogativa de cuidados”.

En diálogo con la diaria, el doctor de la cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República Hugo Rodríguez -quien en 2008 asesoró a la comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes- comentó que debe tenerse en cuenta que “los niños abusados no son los niños que un adulto dice que son abusados, sino los que realmente sufren abuso”. Además entendió que muchos casos permanecen sin diagnóstico porque varios profesionales tienen la falsa creencia de que los principales indicios se manifiestan en los genitales, “cuando la mayoría de los niños abusados no tienen ni un solo signo en sus genitales”. Rodríguez explicó que el maltrato infantil se da en forma física, emocional, sexual y también en la modalidad de “explotación manipuladora”, por ejemplo cuando una pareja se pelea y una de las partes denuncia que el otro abusó de un niño o adolescente. “Eso no es un niño abusado sino un niño que es manipulado y de esa forma pasa a ser abusado”, añadió.

Consultado acerca del sistema actual que rige este tipo de casos, indicó que como los signos de abuso deben ser buscados en trastornos de conducta y de desarrollo, “es muy importante el rol de los profesionales y depende del técnico que actúa lo bien que funcione el sistema”. Además entendió que “hay técnicos bien entrenados y otros que no”, y que es malo cuando los casos son juzgados por los medios de comunicación antes que por los jueces, y recordó casos de personas linchadas por una noticia que se emitió en un informativo, basada en la opinión de un técnico de un centro de salud que estimó que un padre había abusado de su hijo cuando no era así.

El debido cuidado

Por su parte, Matilde Di Lorenzo, integrante de la cátedra de Psiquiatría Infantil, entendió que las denuncias por abuso sexual deben ser “adecuadamente evaluadas” antes de tomar medidas que puedan ser traumáticas para los niños. Sobre este punto consideró que “tan dañino es mantener al niño con un adulto que abusa de él como acusar a un adulto que es referente del niño de algo que no sucedió”, porque de esa forma se da “un quiebre en la estructura familiar”. Consultada acerca de las medidas de separación del niño y el denunciado, consideró que depende de cada caso, y que también hay que ver la forma en que se da esa separación, y remarcó la idea de que la evaluación que se realiza sobre cada caso debe ser “seria y adecuada”.

Además, entendió que con el marco jurídico actual el tratamiento que reciba cada caso “es muy variable” y las denuncias pueden venir a partir de evaluaciones que se realizan desde diversos actores, que pueden ser ONG, instituciones de salud o educativas, entre otras, lo que hace que se genere una cadena de interrogatorios que pueden distorsionar el discurso del niño o adolescente, que en estos casos es la única prueba del abuso.

Di Lorenzo explicó que cuando un niño denuncia espontáneamente una situación de abuso, en 99% de los casos la denuncia es cierta, siempre y cuando nadie haya intervenido con antelación. Además consideró que hay otras situaciones en las que habiendo existido una situación de abuso éstas no se pueden determinar, debido a que “no hay indicadores o síntomas emocionales que determinen la existencia de abusos”. “Si bien el perito puede decir que es probable que el relato del niño sea cierto, cuando un relato es poco creíble tampoco quiere decir que no haya existido abuso”, concluyó.

Consultada acerca de la probabilidad de que un niño sea inducido por un adulto a denunciar falsamente una situación de abuso, la psiquiatra estimó que si bien no cuenta con datos rigurosos, es una situación que se da con “cierta frecuencia”. Di Lorenzo explicó que las denuncias falsas pueden ser sin intencionalidad -a partir de la interpretación del adulto sobre discursos del niño o hechos- o con ella -por una voluntad expresa de manipular a un niño, situación que es “menos frecuente”-.

En cuestión

González calificó de “disparates” varias de las opiniones de los profesionales que asesoraron al Parlamento, y recordó que cuando el Poder Judicial le pidió a los profesionales que buscaran antecedentes de casos de abuso, recurrieron a las situaciones de falsas denuncias en vez de a aquellas que no pudieron ser resueltas. En ese sentido recordó la intervención de una psicóloga colombiana llamada Isabel Cuadros, que contradijo varias de las intervenciones de los profesionales uruguayos. Por ejemplo, en 2008 Rodríguez había afirmado que en niños muy pequeños la penetración en casos de abuso les produce la muerte, algo que fue desmentido por Cuadros, quien añadió que hasta determinado momento de la vida de las niñas, al romperse el himen, éste se vuelve a formar, por lo que eso no se detecta en una pericia posterior.

Una fuente consultada por la diaria y que en 2008 se opuso al proyecto de reforma del código, dijo que lo que está por detrás de la discusión es que hay quienes promueven que no haya que probar las denuncias para actuar, y afirmó que “dar por buenas esas denuncias sin que haya pruebas es otra forma de maltrato infantil”. A su vez, definió a quienes promueven los cambios como “fundamentalistas”, y agregó que acusan de “pedófilos” a quienes piensan que hay que probar la denuncia antes de que se establezcan algunas medidas. En este sentido, ironizó con que una de las medidas que podrían promoverse para evitar los abusos sea “matar a todos los hombres o cortarles el pene”. Asimismo, entendió que no es razonable que para promover los derechos del niño “se pisoteen los de los adultos”, y rechazó que porque una mujer denuncie a un hombre de abuso éste deba ser separado de su hijo porque si la denuncia es cierta es “bárbaro”, pero si no, es “terrible”.

Por su parte, González entendió que hablar de denuncias falsas es “temerario” porque “el abuso sexual es extremadamente difícil de probar en un juicio”. “Confunden la verdad y la falsedad con los resultados de un juicio o de un peritaje. Un abuso que no da lugar a condena es solamente una denuncia que no pudo ser probada. Se presume inocente al denunciado, no se lo declara inocente. Sería muy soberbio de parte de la ciencia y del derecho diagnosticar o sentenciar ‘la verdad’”, indicó. La abogada agregó que desde 2002 en Uruguay se da el síndrome del “backlash”, por el cual “movimientos de varones condenados por abuso en la Justicia penal alegan su inocencia basándose en presuntas fantasías de los niños, falsas y malintencionadas denuncias de las madres en conflictos de divorcio y corrupción del aparato público de investigación policial”. Otro de los argumentos a los que recurren, según González, es al bajo porcentaje de mujeres que cometen abusos o agresiones, para invisibilizar y relativizar la mayoría de los casos de abusos de varones.

Un déjà vu

Desde Iaci señalan varios problemas en la forma en que son tratados los casos de abuso en la Justicia, y en particular los de niños, niñas y adolescentes, por lo que impulsarán varios cambios, los que ya fueron promovidos y trancados varias veces. Según dijo su presidenta, Alicia Deus, es necesario revisar en el Código Penal “la definición de los delitos sexuales” porque ése es el ámbito en el que se define qué está prohibido y los distintos niveles de gravedad. En ese sentido, tanto Deus como González hablaron de que la forma en que se utiliza el rótulo de “atentado violento al pudor” muchas veces hace que no se sancione adecuadamente a los culpables, lo que acarrea una vulneración de derechos en las víctimas.

En cuanto al proceso penal, desde Iaci se sostiene que en nuestro país es un proceso “inquisitivo”, en el que en los casos de abuso la víctima es un objeto de prueba, y el juez es el que dispone sobre ella. Finalmente, a nivel del Código de la Niñez y la Adolescencia el reclamo central es sobre las medidas de protección hacia los niños y adolescentes que a partir de una denuncia puedan ser víctimas. Sobre este punto, consideraron que es algo que ya pasa con la ley de violencia doméstica y que no entienden por qué no se puede aplicar para menores de edad pero sí para mayores. Otros planteos son la prohibición de los careos y la realización de una única pericia, y que para realizarse una segunda sea necesario el aval del niño. Sobre este punto mencionaron el caso de un niño en cuyo tratamiento judicial de la denuncia fue objeto de diez pericias. Deus sostuvo que a diferencia de otros casos, continuamente se ponen en duda los diagnósticos de los peritos especializados en abuso.

Según la abogada, la mayoría de las denuncias de abuso sexual que son tratadas en Iaci son archivadas y no logra establecerse una decisión. A través del pedido de acceso a la información pública, la diaria solicitó a la Dirección de los Servicios Administrativos del Poder Judicial los datos sobre el curso de las denuncias sobre abuso sexual en 2011 y 2012, pero el pedido fue rechazado. El argumento fue que la información que el Poder Judicial está “obligado” a publicar ya se encuentra en su sitio web y que los datos solicitados no estaban procesados.

Doble rol

De la discusión parlamentaria que se dio en 2008, Iaci recuerda especialmente la oposición de Orrico, a quien recuerdan en un estado “fuera de sí” al momento de argumentar en contra. Consultado por la diaria, Orrico consideró que en materia de delitos sexuales “está todo” definido y no cree que haya que revisarlo. Sobre la reforma del código, entendió que el procedimiento que se proponía era “irregular desde el punto de vista constitucional”, y fundamentó en este sentido mencionando la opinión contraria de varios de los profesionales consultados.

Agregó que la legislación vigente es adecuada y que el problema social pasa por la ausencia de “educación en valores” lo cual lleva a que este tipo de conductas no sean condenadas. “También hay madres pegadoras”, señaló, y que para comprobarlo basta con ir a la emergencia de los hospitales.

Sin embargo, González sostuvo que Orrico, durante la sesión de un comité parlamentario de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, admitió haber participado en la defensa de un hombre acusado por abusos. En este sentido, la abogada sostuvo que el diputado llegó a distribuir en el Parlamento la sentencia de un Tribunal de Apelaciones que absolvió a esta persona tras haber sido procesada en primera instancia por abusar sexualmente de su hija, quien había sido representado legalmente por el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, Gervasio Guillot (ya fallecido). Según explicaron desde Iaci, en ese caso quien estuvo a cargo de la pericia fue la grado 5 de la cátedra de Psiquiatría Infantil, Laura Viola, que en 2008 también cuestionó el proyecto de ley, y de acuerdo a lo dicho por González -y según consta en las actas de la comisión de Diputados de 2008-, una de las preguntas que formuló Viola a la niña fue si creía en Papá Noel y si lo había visto. La niña respondió que sí, en el shopping.

Posteriormente, a partir de una reinterpretación de las pericias, el padre fue absuelto, pero tiempo después fue nuevamente procesado, esta vez por apuñalar a su mujer, cuando ella tenía a otra de sus hijas en brazos. El hombre, que estuvo poco tiempo en prisión por lesiones, actualmente posee la patria potestad de sus hijos, aunque se encuentra negociando para cedérsela al segundo marido de su ex esposa, recientemente fallecida.

Consultado por la diaria sobre este tema, Orrico desmintió rotundamente haber patrocinado a esa persona, y calificó como “infamia” el planteo de la abogada. El legislador sostuvo que ni siquiera conoció al abogado defensor y que se interiorizó del caso a partir de un planteo que le llegó al Parlamento, añadiendo que sus principios éticos “no se lo hubieran permitido”. Orrico dijo que únicamente tiene “algunos amigos en común” con el denunciado, y recordó que los resultados de los informes psicológicos y psiquiátricos le habían sido favorables.