Según el video que promociona como clave la fecha del “7D”, esa D “es de diciembre, pero podría ser de Diversidad y Democracia”. El evento tiene incluso una página web (www.7d12.com.ar) con información, un mapa del “monopolio audiovisual” de Clarín y explicaciones sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como ley de medios, que busca regular el sector.

Para los opositores es una movida más del gobierno de Cristina Fernández para intentar “acabar” con el Grupo Clarín, empresa propietaria de más de 240 licencias audiovisuales (televisión por cable, abierta y radios) y que mantiene desde hace años un enfrentamiento abierto con el kirchnerismo. La ley de medios, aprobada por el gobierno hace tres años, establece un máximo de 24 licencias por cable y diez de radio o televisión abiertas.

El 7D vence el plazo que dispuso la Corte Suprema para que caduque la medida cautelar que dejó en suspenso el inicio del período de adecuación durante el cual los grupos de medios que deban desprenderse de algunas licencias que les “sobren”, de acuerdo a la norma, puedan hacerlo. Pero la ley también dispone que si no hay fallo, el denunciante -en este caso el Grupo Clarín- tiene derecho a que se aplique una medida cautelar hasta que se resuelva el asunto ante la Justicia. El “caso Clarín” está ahora en manos de la Cámara Civil y Comercial, luego de que, en primera instancia, la Justicia decidiera que la medida cautelar no podría ser prorrogada después del 7 de diciembre.

Multifrentes

En medio de todo esto surgieron varios asuntos. Primero, el oficialismo denunció que una organización civil, el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el acceso a la Información en América Latina (Certal), financiada por el Grupo Clarín, mantiene vínculos con jueces. El gerente de Asuntos Regulatorios del Grupo Clarín, Hernán Verdaguer, es miembro del consejo directivo de Certal. En un comunicado de prensa, la organización admitió que para financiarse cuenta con los aportes de “más de 50 empresas vinculadas con la industria de la comunicación”, muchas de las cuales son del Grupo Clarín.

Así se levantó un manto de dudas sobre el sistema judicial, al que ya se trasladó hace tiempo la contienda entre el oficialismo y la empresa, asociada a la oposición; se considera que hay jueces afines y contrarios al gobierno.

Entre las acciones concretas en las que desembocó este asunto se destaca la denuncia presentada por el ministro de Justicia, Julio Alak, contra un juez de la cámara que debe expedirse sobre la medida cautelar de Clarín, Francisco de las Carreras. El magistrado habría viajado a Miami invitado por Certal.

De las Carreras estuvo 15 días en esa ciudad, alojado en un hotel cinco estrellas, en el marco de una cumbre de Certal, en mayo, auspiciada por Cablevisión, del Grupo Clarín, y por Capsa (empresa asociada a la petrolera Shell, cuyo principal dirigente es Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto, presidente ejecutivo del Grupo Clarín), entre otras empresas. Por lo tanto, el gobierno pidió que el juez fuera separado de la causa.

A esto se suma, de acuerdo a lo denunciado por el gobierno, que cinco magistrados de la Cámara de lo Civil y Comercial fueron a Miami para concurrir al mismo evento. Entre ellos está el vicepresidente del tribunal, Ricardo Recondo (conocido por ser favorable a Clarín), que además integra el Consejo de la Magistratura, sobre el que pesa una doble sospecha, porque su hija, Ana Inés, es la coordinadora general de Certal para Argentina.

En este marco, varios jueces de la cámara renunciaron, entre ellos el presidente, Martín Farrell. Si se suman los que se excusaron de quedar a cargo del caso Clarín y los que renunciaron o están acusados, sólo queda una jueza “a salvo” en la sala que debe pronunciarse sobre el asunto: María Susana Najurieta. Por lo tanto, se está procediendo al nombramiento de nuevos magistrados, pero la oposición está representada en el consejo que se encarga de esa tarea y advirtió que no aceptará los candidatos del oficialismo.

En esta atmósfera, el jueves, intelectuales y políticos publicaron en varios medios argentinos una solicitada en la que alertan que “alarman las presiones sistemáticas que, desde distintos estamentos del Poder Ejecutivo Nacional, se vienen desarrollando contra jueces y camaristas de los fueros Civil y Comercial Federal, contra miembros no oficialistas del Consejo de la Magistratura y contra la propia Corte Suprema de Justicia”. Entre las personalidades políticas que firmaron el comunicado figuran el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Barletta, el líder del partido Propuesta Republicana, Mauricio Macri, además de los diputados Francisco de Narváez (justicialismo opositor), Ricardo Alfonsín (UCR) y Elisa Carrió.

La Ley de Per Saltum, que está actualmente en discusión en el Congreso argentino, también alimenta las acusaciones de presiones al Poder Judicial por parte del gobierno. Esa reglamentación, que debería ser aprobada mañana en Diputados, crea un recurso extraordinario para que la Corte Suprema tome causas que están en primera instancia judicial, si entiende que se trata de “cuestiones de notoria gravedad institucional”.

El Ejecutivo espera que esa disposición legal permita acelerar la maquinaria judicial y así lograr, ya no el final de la medida cautelar, sino un fallo firme del máximo tribunal sobre la constitucionalidad del artículo de la ley de medios que limita la cantidad de licencias que puede tener una empresa. Sin embargo, no existe la certeza de que un fallo definitivo de la Corte Suprema se emita antes del 7 de diciembre y tampoco se sabe si ese tribunal fallará a favor de la ley de medios.

El 7D fiesta

El primer viernes de diciembre, fecha en que vencería la medida cautelar si la Justicia no la prorroga antes, el gobierno tiene previsto abrir una licitación pública para adjudicar las licencias que le sobran a Clarín a otras empresas que no superen con ellas el tope fijado en la ley de medios. La idea es terminar con lo que desde la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), también creada por la ley pero que el Grupo Clarín no reconoce como legítima, se califica de “monopolio ilegal”, y así permitir una mayor pluralidad en los medios argentinos. Esta intención de “democratizar” los medios se dio a conocer mediante spots televisivos, distribución de volantes, videos explicativos en Youtube, páginas web y múltiples intervenciones del titular de la AFSCA, Martín Sabbatella. También Clarín ha difundido su posición por diferentes medios.

Para marcar la fecha pero también en una demostración de fuerza ante las acusaciones de autoritarismo que le hace la oposición, el gobierno anuncia que el 7D será un día de fiesta. Coinciden con la fecha las celebraciones de fin de año de la empresa petrolera YPF, cuya mayoría accionaria recuperó el Estado meses atrás, y se realizará por ese motivo un acto con presencia de la presidenta Fernández, cuyo discurso será emitido por cadena nacional. A esto se sumarán varias actividades organizadas por movimientos 
kirchneristas en distintos puntos del país. Mientras tanto, se multiplican los paneles de debate público en torno a la ley de medios.

Además, para el 7D está anunciada la primera salida al aire de un canal de televisión intercultural de la comunidad mapuche de Bariloche, Wall Kintun TV, que deberá compartir la señal con el Canal 6 de la televisión abierta de esa ciudad, que es del Grupo Clarín.

Según recordó el diario argentino La Nación, el 7D también será el aniversario de otro 7 de diciembre, el de 2007, cuando el ex presidente Néstor Kirchner autorizó la fusión entre Cablevisión y Multicanal, hecho que convirtió a la nueva empresa, del Grupo Clarín, en el mayor operador de cable del país.