Documentos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) a los que accedió el diario brasileño O Estado de São Paulo revelaron que durante las últimas dictaduras militares sudamericanas el gobierno castrense brasileño rechazó refugiar a los perseguidos políticos de Uruguay, Argentina y Chile y expulsó a más de 1.000 que deberían haber recibido el estatus de asilados.

Todo indica que en el marco del Plan Cóndor, en virtud de un acuerdo entre los dos gobiernos, Brasil devolvió a sus países de origen a cientos de exiliados políticos -lo que es considerado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una violación a los derechos humanos- y rechazó solicitudes de resguardo respaldadas por Acnur.

De toda América Latina fueron unas 3.300 personas las que buscaron asilo en Brasil entre 1977 y 1982, 90% de ellas argentinas y uruguayas. Sólo 1.380 obtuvieron el estatus de refugiado político, con la condición de que la ONU los trasladara a “refugios seguros” fuera del país. Brasil concedía seis meses a la Acnur para que les encontrara mejor destino, período durante el cual las denominaba “personas en tránsito”.

“El gobierno continúa rechazando dar asilo o cualquier otra forma de residencia permanente a nuestros refugiados en Brasil”, se quejaba el vicepresidente de Acnur, Rolf Jenny, en 1979. En distintos documentos consta que la dictadura norteña conocía la represión a la que eran sometidos los opositores en sus países. Aun así, se negaba a darles amparo y recomendaba a Acnur que los dirigiera a otros sitios, para evitar hacerse responsable de ellos.

Jair Krischke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, indicó en entrevista con la diaria que su país “no daba el estatus de refugiado o exiliado a ningún latinoamericano”, aunque sí lo hacía, por ejemplo, con cubanos disidentes. Recordó que en 1981 presentó junto con Acnur una solicitud de refugio para cuatro familias -una uruguaya, una chilena, una argentina y una paraguaya- que “hasta el día de hoy no tienen respuesta”.

El gobierno brasileño argumentaba que ya no era un país de inmigración y que integrar a los refugiados era difícil. “Con las circunstancias económicas del país, el aumento del desempleo, el ya alto número de personas ilegales en Brasil y los millones de kilómetros de frontera que Brasil tiene que monitorear [para evitar la inmigración ilegal], el gobierno considera que no es adecuado permitir una estadía definitiva de refugiados”, argumentó en 1984 ante Acnur un diplomático brasileño.

En los comunicados internos de Acnur a los que accedió O Estado figuran las denuncias de personas “en tránsito” que fueron perseguidas en Brasil. Por ejemplo, los argentinos Horacio de la Paz y Laura de Carli, que denunciaron que militares de su país los persiguieron en territorio brasileño. La Acnur reaccionó pidiéndole a Holanda que los recibiera.

“Argentina tenía dos bases en Brasil, una en Río de Janeiro y otra en San Pablo”, señaló Krischke, y en Uruguayana (limítrofe con Argentina y Uruguay) “era cuestión de cruzar el puente”. La existencia de bases argentinas en Brasil también consta en los documentos de la Acnur.

En otro de los comunicados la oficina especializada de la ONU denuncia que una pareja de uruguayos en Porto Alegre atraviesa una situación similar a la de los argentinos. Ellos fueron amenazados con ser enviados nuevamente a Uruguay, hasta que la Acnur los envió a otro destino. Krischke indicó que se tiene información del caso de estos dos uruguayos pero se desconocen sus identidades.

Aun así, el activista por los derechos humanos señaló que el único caso que se conoce de un uruguayo que fue devuelto a Uruguay es el de Óscar Pérez, quien fue detenido por el Ejército brasileño y entregado “bajo recibo” a la Policía uruguaya. Además, dijo que el movimiento que lidera no tiene documentos sobre uruguayos que hayan desaparecido en Brasil, excepto los casos concretos de Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez, que luego de ser secuestrados por militares uruguayos en Porto Alegre en 1978, iban a ser llevados nuevamente a Montevideo. Pero la intervención de los periodistas de la filial gaucha de la revista Veja hizo fracasar el operativo al presentarse en el lugar tras recibir un dato y publicar posteriormente la información.