Vidal Vega era uno de los líderes campesinos que participaron en la ocupación de tierras del ex senador Blas Riquelme, en la localidad de Curuguaty, que terminó el 15 de agosto en una masacre y derivó días después en la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo. En la madrugada del sábado, Vega fue asesinado a tiros frente a su esposa y sus hijos. Dos sicarios llegaron a su casa, preguntaron por él y cuando salió a recibirlos lo mataron de cuatro disparos de escopeta, según la Fiscalía.

La comunidad campesina de la localidad de Yby Pyta, en el departamento de Canindeyú, a la que pertenecía Vega, cree que su asesinato es una continuación de aquella masacre de agosto, informó el diario Última Hora. En un comunicado señaló que el dirigente, de 48 años, se encargaba de las gestiones, trámites y denuncias para recuperar las tierras que reclaman. Por eso la comunidad manifestó su “rechazo rotundo” a las declaraciones del fiscal José Zarza, quien dijo que el asesinato de Vega pudo responder a un ajuste de cuentas.

Domingo Laíno, dirigente del ala izquierda del Partido Liberal Radical Auténtico -a cuya ala derecha pertenece el presidente Federico Franco-, denunció este asesinato y dijo que Vega era un testigo clave en la investigación sobre la masacre de Curuguaty, paralela a la de la Fiscalía, que desarrolló la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos, que él lidera.

En declaraciones al periódico paraguayo, Zarza dijo que no está probado que Vega haya sido asesinado por colaborar con esa investigación y añadió que en la zona los crímenes son frecuentes.

Ayer se informó que fue detenido un sospechoso del asesinato del campesino. Según las autoridades, no tenía documentos de identidad y se sospecha que dio un nombre falso a la Policía, que lo detuvo por coincidencias con la descripción que dio la esposa de Vega de uno de los agresores.

Este asesinato motivó protestas de organizaciones sociales ante la Fiscalía General, donde días atrás hubo otras manifestaciones por la situación de campesinos detenidos tras la masacre de Curuguaty que mantenían una huelga de hambre. El viernes el Ministerio de Salud anunció el alta médica para esos cuatro activistas presos -acusados de homicidio, lesiones graves y asociación criminal- que habían sido internados porque su salud se deterioraba. A pedido de la defensa, la Justicia dispuso para ellos un régimen de prisión domiciliaria.