En mayo de 2010 el gobierno de Evo Morales aprobó la estatización de las empresas generadoras de energía eléctrica y dos años después hizo lo mismo con las acciones que compañías españolas tenían de la Transportadora de Electricidad, que fue totalmente estatizada. El sábado dispuso una nueva expropiación, en este caso de cuatro empresas. Se trata de dos distribuidoras de electricidad, Electropaz (en La Paz) y Elfeo (en Oruro), y otras dos de servicios vinculados, Edeser y Cadeb. Estas últimas expropiaciones, todas al grupo Iberdrola, parecen mostrar una tendencia a nacionalizar todo el sistema eléctrico. Las cuatro firmas pasarán a manos de la estatal Empresa Nacional de Electricidad.
“Nos hemos visto obligados a tomar esta medida para que las tarifas de servicio eléctrico sean equitativas en los departamentos de La Paz y Oruro y la calidad del servicio eléctrico sea uniforme en el área rural y en el área urbana” de esos departamentos, aseguró el sábado Morales. Recordó que el acceso equitativo a los servicios eléctricos está garantizado por la Constitución.
El gobierno señaló públicamente que se hicieron negociaciones con las empresas distribuidoras de La Paz y Oruro para que los precios fueran “equitativos” pero no se logró un acuerdo. En las zonas rurales de estos departamentos la tarifa de la electricidad es casi el triple que en las urbanas; en las primeras residen sólo 90.000 usuarios, lejos de los 400.000 que viven en las segundas. También se anunció que se pagará a Iberdrola “una justa y respetuosa remuneración”, que será fijada en un plazo de 180 días por una consultora independiente.
“Esta medida garantizará el derecho igualitario de los ciudadanos que viven en el área rural, precautelando su economía con tarifas equitativas y un servicio de calidad uniforme”, dijo Morales y lamentó la diferencia de precios entre el área urbana y la rural. El mandatario también aseguró que hay diferencias en la calidad del servicio que se brinda a unas y otras zonas.
Tras conocerse el decreto de expropiación el gobierno español lamentó la decisión y pidió a Bolivia una “justa indemnización”. Por su parte, Iberdrola comunicó que espera que se le pague “el valor real” de las acciones en las cuatro empresas.
La asociación de empresarios de Bolivia calificó la medida como “injusta”, mientras que desde el opositor Movimiento sin Miedo se aseguró que la expropiación de las empresas de España -que es el segundo país en inversiones en Bolivia- es una “cortina de humo para cubrir el macroescándalo” de una red de corrupción que se descubrió hace un mes con ramas en el Ejecutivo y la Fiscalía.
El Ministerio de Gobierno informó en noviembre que se había descubierto una red de funcionarios que extorsionaba al inversor estadounidense Jacob Ostreicher, que estaba preso en Bolivia acusado de blanqueo de dinero, a cambio de darle la libertad. A raíz de la investigación fueron encarcelados 12 funcionarios estatales, entre ellos, asesores ministeriales y fiscales.