El 7 de diciembre (apodado 7D por el oficialismo), el gobierno preveía que comenzara a aplicarse a Clarín el artículo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (o ley de medios) que obligaba al grupo a desprenderse de decenas de radios y canales de televisión. Pero un día antes, la Justicia prorrogó una medida cautelar que detenía su aplicación, por entender que “la obligación de desinvertir causaría un perjuicio irreparable” al grupo, y estableció que la medida seguiría vigente “hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa”.
Por ese motivo el gobierno presentó el viernes el recurso de per saltum, que obliga a la Corte Suprema a tomar cartas en el asunto y expedirse sobre el fallo emitido por la Cámara Civil y Comercial. De acuerdo a los medios opositores, esa ley, que permite recurrir un fallo de primera instancia directamente ante la Corte Suprema, no es constitucional y lo más lógico sería que la Corte no admitiera el recurso. El máximo tribunal se reunió una primera vez el viernes para tratar el tema, y tiene previsto retomar hoy su análisis.
El 22 de mayo la Corte Suprema había resuelto que el 7 de diciembre vencía la medida cautelar que protege al Grupo Clarín, aunque también establecía que la empresa podía pedir una prórroga si demoraba el fallo de fondo: el pronunciamiento de la Justicia sobre la legalidad de la ley de medios.
Desde el oficialismo la visión es otra. Llovieron las críticas contra los jueces de la Cámara que tiraron abajo los planes del gobierno de poder aplicar, por fin, el artículo que limita la concentración de señales.
TV en cuestión
La agencia de noticias estatal Télam informó el sábado que el 7D había cumplido con uno de sus objetivos: lanzar el primer canal indígena del país, Wall Kintun (“mirar alrededor”, en mapuche), en Bariloche. El diario La Nación informó ayer de lo contrario, citando a su corresponsal en la ciudad del sur argentino. Ayer en la página web que debía transmitir el canal en internet (www.originarios.org.ar) no había posibilidad de ver imágenes.
“Toda ley es constitucional hasta que haya una sentencia firme que diga lo contrario, si no, no hay orden jurídico posible”, dijo el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, en una entrevista publicada por el diario Página 12. Estimó que “una gran parte de la Justicia no está preparada para enfrentar las corporaciones porque está colonizada por ellas”.
El oficialismo denuncia que los jueces del tribunal que prolongó la medida cautelar viajaron a Miami por cuenta de una organización civil financiada en parte por el Grupo Clarín. Además, Sabbatella le pidió a la Corte Suprema “que esté a la altura de las demandas de las instituciones de la democracia” y recordó que “la Corte ya habló primero de un tiempo razonable para la cautelar, después se dio cuenta de que eso no alcanzaba y le dio un límite concreto [el 7 de diciembre]”. Por lo tanto, estimó que con el fallo del jueves “la Cámara fue contra el espíritu de la Corte y la desobedece”, lo que calificó como “gravísimo”.
El vicepresidente, Amado Boudou, calificó el fallo de la Cámara como una “vergüenza para todos los argentinos” porque “va en contra de la democracia, de la igualdad y del voto popular” y porque intenta “detener una ley votada por el Congreso nacional”, en 2009.
Estaba previsto que el tema surgiera anoche, cuando la presidenta Cristina Fernández -que el viernes calificó el fallo de “más de lo mismo”- hablara en un acto oficial organizado con motivo del Día de la Democracia y los Derechos Humanos, que se conmemora hoy, cuando se cumplen 29 años de retorno de la democracia.
Desde la oposición, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, estimó que “más allá de todas las presiones que puso el gobierno”, esos jueces se hicieron “cargo de su responsabilidad, que es defender la ley, la Constitución, reclamo que habíamos visto el 8 de noviembre”, cuando hubo manifestaciones masivas en contra del gobierno convocadas por las redes sociales.