Para la Asociación Nacional del Rifle, la respuesta al problema de las armas son más armas. Su vicepresidente, Wayne Lapierre, aseguró en conferencia de prensa el fin de semana: “Las leyes no son la respuesta. La única manera de detener a un tipo malo armado es un tipo bueno también armado”.

Mientras que Obama nombraba un grupo a cargo de evaluar cuáles son las medidas legales a tomar para limitar el acceso a las armas sin dejar de garantizar el derecho de los estadounidenses a tenerlas, Lapierre afirmaba: “Los hombres que protegen al presidente llevan armas, entonces, ¿por qué no nosotros, para proteger a los más inocentes y vulnerables, los niños?”. Así, el vicepresidente de uno de los grupos de presión más importantes de Estados Unidos pidió al Congreso que deje “inmediatamente” de gastar dinero en ayuda internacional y lo dedique a poner “policías armados en cada colegio de la nación”. Agregó: “Ya habrá tiempo de hablar y debatir después. Hoy es el momento para actuar con decisión”. En el mismo discurso aseguró que la legislación para restringir la venta de armas que se proponen presentar dos senadores demócratas con el respaldo de Obama en el próximo año legislativo “no va a funcionar”.

Para esa asociación, es innecesaria una nueva legislación sobre las armas. En simultáneo, se han aumentado las ventas de productos destinados a proteger a los niños. Es el caso de las mochilas a prueba de balas, que hacen las veces de escudo antibalas y que vende la empresa BulletBlocker, que nació tras la masacre de Columbine en 1999, en la que dos estudiantes mataron a otros 13 en una escuela. Otra empresa, Amendment II, que comercializa el mismo producto, multiplicó sus ventas cinco veces desde lo sucedido en Newtown.

La matanza también generó reacciones diferentes en los centros educativos. Mientras que algunas escuelas de Florida, por ejemplo, prohibieron a los niños asistir con las mochilas antibalas, aumentó el número de instituciones que contrataron empresas de seguridad o hicieron acuerdos con la Policía local para aumentar sus medidas de vigilancia.

Un caso que resonó en los últimos días es el de la escuela de Harrold, Texas, que como solución al riesgo de violencia permite a los profesores ir armados. “Un atacante podría suprimir a un guardia o a un policía que está con un arma visible y enfundada, pero nuestros profesores tienen maestrías, son adultos y han tenido capacitación. Y sus armas están ocultas. Podemos proteger a nuestros hijos”, dijo el director, David Thweatt. Hay casos similares en Arizona y otros seis estados que, mediante autorizaciones especiales, permiten que trabajadores de centros de educación asistan armados ante la eventualidad de un ataque, informó la agencia de noticias AP.

Legisladores de varios estados, como Oklahoma, Minnesota y Oregon, anunciaron que revisarán la legislación y promoverán proyectos para que los maestros y empleados escolares puedan ir armados a las instituciones educativas para protegerlas.