Caros terrenos

Nova Luz es el nombre de un proyecto urbanístico que prevé la creación de un polo comercial y de servicios en el viejo centro de San Pablo. Oficialmente la iniciativa fue fruto de la alcaldía paulista en 2005, cuando el alcalde era el ex candidato presidencial por el Partido de la Social Democracia Brasileña, José Serra, y su vice era Gilberto Kassab, actual alcalde de la ciudad. El proyecto también fue impulsado por Serra cuando fue gobernador, y ahora, por quien fue su vice y sucesor, Geraldo Alckmin.

Aunque todavía es un proyecto sobre papel, Nova Luz se propone solucionar lo que en términos inmobiliarios y de mercado es un despropósito: la ocupación de una zona céntrica de 270.000 metros cuadrados, con varios centros culturales, en el centro de la ciudad de San Pablo, que es catalogada como la de terrenos más caros en América Latina. Según la revista especializada uruguaya Propiedades el metro cuadrado en una construcción nueva ronda los 6.000 dólares.

“Ya en desarrollo, la iniciativa prevé, entre otras acciones, valorizar los predios históricos, reformar las áreas libres públicas, crear espacios verdes y de esparcimiento, y mejorar el ambiente urbano de la región”, se señala en la página web del proyecto.

Para la concreción de Nova Luz es necesario desalojar una zona de 43 manzanas, 33 de ellas edificadas. Deberán liberarse al menos 89 inmuebles sólo para la creación de parques e infraestructuras tales como ciclovías.

Una mirada a la caracterización de las personas que viven en esas 43 manzanas muestra un abismo entre los que están y los que se pretende atraer. En esa zona hay principalmente cuatro tipos de habitante: pequeños propietarios que trabajan desde el hogar, comerciantes de productos electrónicos y automovilísticos, inmigrantes ilegales, y personas de bajos recursos que viven desde hace años en el lugar, sean o no dueños de sus viviendas, informó el diario O Estado de São Paulo.

“La propuesta de la Alcaldía de San Pablo es construir un proyecto que respete los valores y la cultura local, con la colaboración y el desarrollo de todos”, continúa la presentación del proyecto en la web. Pero la Alcaldía tiene un problema para acelerar su concreción: no tiene la autoridad para ordenar el desalojo de los terrenos.

Como alternativa, el municipio optó por hacer una concesión urbanística de la zona, y para poder cumplirla tiene que entregar el territorio “limpio”, es decir, sin población ilegal. Sin embargo, el proceso de licitación para esa concesión fue suspendido en abril del año pasado, y luego esa suspensión fue apelada y cancelada.

En mayo se concretó la licitación y quedaron encargados de la “revitalización de la región” un consorcio urbanístico de tres empresas y la Fundación Getúlio Vargas. Muchos de los argumentos a favor de la viabilidad del proyecto y de las ventajas que éste llevaría a la región provienen de informes -previos a la concesión- de esa reconocida fundación, cuyo vicepresidente, Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque, es el secretario de Desarrollo Económico del gobierno estadual de San Pablo, que también respalda la iniciativa. Gran parte de los casi 355 millones de reales que la Alcaldía pagará a las empresas por su labor en la región provienen de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo en apoyo a Nova Luz.

En un nuevo intento, una acción legal popular logró el 27 de enero que la Justicia volviera a suspender el proceso licitatorio. En el fallo judicial se señala que el proyecto “no cuenta con la participación popular, sobre todo de la comunidad heterogénea (habitantes de baja renta, pequeños comerciantes de productos electrónicos, pequeños empresarios, etcétera) afectada por la intervención urbanística”.

Uno de los aspectos considerados por el tribunal fue que el movimiento popular que se generó en Cracolândia en oposición a Nova Luz no fue convocado a las numerosas reuniones que se realizaron en torno al proyecto.

La Alcaldía manifestó “extrañeza” por la decisión de la Justicia y apeló; la suspensión fue levantada nuevamente.

Nombre con historia

Desde que en noviembre de 2010 la Alcaldía presentó el proyecto oficialmente, los rumores de que se utilizaría el argumento de la seguridad pública para desalojar en primera instancia y expropiar más adelante la zona conocida como Cracolândia sonaron cada vez más fuerte. En el marco de ese debate, pero sin mencionar el caso concreto, el fiscal especializado en Habitación y Urbanismo del Ministerio Público, José Carlos de Freitas, señaló que “los procesos de revitalización de este tipo expulsan a la población pobre a los viaductos, los albergues y la periferia, porque las alcaldías brasileñas nunca prevén alternativas de habitación para esas personas”. Finalmente, el proceso de desalojo se concretó a comienzos de enero.

Las reseñas y fotografías periodísticas acerca de Cracolândia la muestran como un lugar totalmente abandonado por la autoridad, con edificios medio derruidos -cuando no totalmente- dentro de los cuales duermen consumidores de crack; se acumulan basura y escombros en cualquier lado; las paredes están grafiteadas y las puertas y las ventanas tapiadas con cemento; hay manchas de orina que ya tienen años e incluso rincones en los que se acumulan los excrementos. Grupos de jóvenes, usualmente armados, trafican todo tipo de droga, en especial crack; consumidores duermen en las calles cuando no vagan como zombis -de hecho, así los denominan, "zombis"- día y noche.

El crack es a Brasil lo que a Uruguay es la pasta base o a Argentina el paco. Además de tener composiciones químicas similares, coinciden en que son drogas de bajo precio que tienen un efecto instantáneo en el consumidor y son altamente adictivas. La fuerte presencia del crack en la zona fue lo que le dio el nombre a Cracolândia en los años 90.

Del otro lado están quienes defienden la zona con el nombre de Bairro da Luz y aseguran que la denominación Cracolândia es sólo resultado de la estigmatización del lugar, explotada en los últimos años por la Alcaldía con el fin de ganar apoyos para Nova Luz. En Bairro da Luz viven, además de consumidores y vendedores de crack, cientos de personas que están en situación de calle y encontraron un techo bajo el cual dormir, entre ellos, muchos recolectores y clasificadores de basura, que formaron los asentamientos conocidos como Ocupación Mauá y Ocupación Prestes Maia. Estos otros habitantes de la zona son los más olvidados en el debate en torno al desalojo de Cracolândia.

Por la fuerza

El 3 de enero se desplegó un centenar de efectivos de la Policía Militar en las calles del Bairro da Luz para patrullar las calles las 24 horas del día e interrogar, identificar y registrar a sospechosos de tráfico de crack.

Una semana después se sumaron al operativo más efectivos, un helicóptero, el cuerpo de bomberos y la ROTA (policía de choque de San Pablo, equivalente a la BOPE de Río, que participó en varios hechos sangrientos históricos en Brasil, incluido el golpe de Estado de 1964). Por lo menos hasta junio, 287 policías militares continuarán recorriendo las calles de Bairro da Luz.

Días después de la invasión policial la Alcaldía cerró varios edificios en los que funcionaban bares y pensiones, alegando que se los usaba en forma irregular.

El primer mes de la operación en el barrio, en el que según estima el gobierno local viven 400 personas, terminó con un saldo de 200 detenidos por sospechas de tráfico de drogas, un número que recibió varias críticas. La defensora pública Virginia Catelan consideró que la Policía exageró en las detenciones, y el Ministerio Público abrió una investigación al respecto. El fiscal Arthur Pinto Filho manifestó que es “muy extraño” que se haya apresado a la mitad de la población por tráfico. Además, la Justicia investigará si hubo omisiones en la falta de articulación entre el despliegue de efectivos y las secretarías municipales de Asistencia Social y Salud. “Esta operación está sirviendo apenas para espantar el problema por la ciudad”, dijo el fiscal Eduardo Valério en declaraciones al portal de noticias IG. La Fiscalía señaló que si se encuentran falencias en la operación, las detenciones que resultaron de ella serán invalidadas.

La denuncia de que la invasión policial a Cracolândia dispersó a los consumidores de crack, rechazada por el gobierno del estado y la alcaldía de la ciudad, fue reiterada tanto por organizaciones civiles como por la prensa. En los barrios aledaños, muchos de ellos prestigiosos como Higienópolis, donde vive el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, aumentó notoriamente la contratación de seguridad privada para contrarrestar a los “zombis” que se dispersaron por San Pablo.

El Ministerio Público investigará también las denuncias de violaciones a los derechos humanos presentadas por varias organizaciones civiles y religiosas que, tras visitar de forma reiterada la zona, dijeron que pudieron constatar un uso desproporcionado de la fuerza y un trato cruel e inhumano por parte de la Policía, así como el traslado forzado de la población. También denuncian que los consumidores de crack en la zona sufren la falta de acceso a servicios de salud necesarios para su situación, y que la operación, además, viola el derecho a condiciones de vida adecuadas, que incluyen el acceso a la vivienda, comprendido en la Constitución brasileña.

Estas denuncias fueron dirigidas principalmente a los relatores especiales de derechos humanos de Naciones Unidas, y la relatora de Vivienda, Raquel Rolnik, las recibió. En entrevista con el diario Folha de São Paulo, Rolnik anunció que enviará al gobierno nacional un pedido urgente de explicaciones junto al relator de Derechos Sanitarios y de Tortura. Señaló que el municipio busca “limpiar” la zona para entregarla al mercado inmobiliario sin ocuparse de las personas vulnerables que aleja del lugar.

Rolnik incluso dijo que se rehúsa a usar el término Cracolândia, “porque fue un término creado por la Alcaldía de San Pablo”; agregó que “es fruto de la acción del municipio y no de su falta de acción [que la zona se haya poblado con personas con adicciones], para después poder llamarla Cracolândia y armar un motivo para entrar en esa área derrumbando todo, arrestando a todo el mundo y limpiándola como tierra devastada para que pueda actuar el mercado inmobiliario”. Por último, en una entrevista que generó mucha polémica (ver recuadro "Algunas sospechas"), señaló que las “fuerzas progresistas” de Brasil se olvidaron de la lucha por el derecho a la vivienda digna y deben retomarla.

Rolnik ya anunció que llevará otra denuncia de violación a los derechos humanos contra el gobierno de San Pablo y el de Brasil -en este caso por omisión- por el desalojo de la comunidad de Pinheirinho, otra tarea de la que se encargó la Policía Militar tras la orden de la Alcaldía de San Pablo. Esa comunidad comparte muchas características con Cracolândia o Bairro da Luz.

El caso Pinheirinho

En las primeras horas del domingo 22 de enero se cerraron las calles de entrada y de salida de Pinheirinho y se cortaron los servicios de luz y agua. Minutos después, 1.800 agentes de la Policía Militar y la ROTA ingresaron sin previo aviso al asentamiento en São José dos Campos con gases lacrimógenos, gas pimienta y armas con balas de goma, acompañados por 220 vehículos, 100 efectivos a caballo, 40 perros y al menos dos helicópteros con el objetivo de expulsar a las 1.600 familias que allí vivían.

Ante los primeros indicios de que se venía el desalojo, decenas de hombres cubrieron sus cabezas con cascos de motocicleta, tomaron escudos que habían armado con tachos de basura y palos con clavos e incluso cuchillos preparados hace tiempo para formar las primeras líneas de defensa de los habitantes de Pinheirinho. Atrás, mujeres, niños, personas mayores y prácticamente todos los “moradores” los acompañaban.

Recibieron, todos ellos, el peso del arsenal policial. A su paso, los efectivos retiraron los celulares, para evitar que se registrara lo que sucedía; el único medio de comunicación al que se le permitió el paso fue TV Globo.

De todos modos, la brutalidad apareció en las redes sociales y los medios alternativos, que se llenaron de imágenes en las que se ve a la Policía atacando a mujeres con niños en brazos, apaleando en grupo a hombres que, al parecer, formaban parte de la resistencia o sacando a personas de sus casas apuntándoles con armas, con una imagen de fondo de casa prendidas fuego. Hasta TV Globo describió la acción policial como “una operación de guerra”.

Hubo decenas de heridos y, según activistas, cuatro muertos, extremo rechazado por el gobierno de San Pablo, en manos de Alckmin, del Partido de la Social Democracia Brasileña, que prohibió a los hospitales que den cifras de muertos y heridos. En este sentido, los relatores de Derechos Humanos de Naciones Unidas presentaron una petición al gobierno para que entregue esas cifras, pero todavía no hubo respuesta.

El comandante de la Policía Militar de la región, Manoel Messias Mello, al negar las muertes agregó que “la operación fue diseñada para proteger vidas y garantizar la integridad física de las personas”.

No opinó lo mismo Paulo Maldos, que recibió tiros de balas de goma en sus piernas cuando se acercó a la Policía para identificarse como secretario nacional de Articulación Social de la Secretaría General de la Presidencia. “Afirmo, con toda sinceridad, que no hubo ningún tipo de provocación por parte de los habitantes”, aseguró Maldos, quien dijo estar “indignado” por lo que vio en Pinheirinho. Maldos estaba en la zona porque se le había ordenado que siguiera el procedimiento desde el lugar.

Personas que se alejaron de las viviendas para demostrar que no ofrecerían resistencia -muchas de ellas mayores o en sillas de ruedas- también recibieron disparos de balas de goma. La “operación de guerra” duró tres días en los que Pinheirinho estuvo, oficialmente, bajo sitio.

Otro político nacional que quedó indignado con lo sucedido fue el senador Eduardo Suplicy, quien había estado el día anterior en Pinheirinho y volvió a ponerse en contacto con los habitantes de la zona, muchos de ellos en los campamentos instalados frente a donde antes habitaban, otros desperdigados en albergues. Suplicy denunció públicamente que una mujer de 26 años y una niña de 13 fueron obligadas a practicar sexo oral a varios efectivos de la ROTA que también las manosearon y que amenazaron a un joven con violarlo con un palo de escoba. El senador dijo a la diaria que instó a las mujeres y al joven a que denunciaran ante la Justicia lo que les sucedió y les aseguró su apoyo; "el gobernador Alckmin y el comandante de la Policía Militar me garantizaron que los protegerían y también que se haría una investigación rigurosa de los hechos, que todavía está en curso".

Incluso la presidenta Dilma Rousseff, que tiene como política no inmiscuirse con los gobiernos locales, calificó el desalojo como una “barbarie”.

El violento desalojo motivó que organizaciones civiles presentaran denuncias ante la Organización de los Estados Americanos por violaciones a los derechos humanos, y generó protestas en muchas ciudades de San Pablo y algunas en el resto del país bajo el lema "Todos somos Pinheirinho". Las manifestaciones llevaron al gabinete del gobernador de San Pablo a formar un equipo “antiprotesta” que las monitorea para que Alckmin las pueda esquivar. Aun así, muchas de las movilizaciones contra el desalojo fueron reprimidas por la Policía.

Cuestión de competencia

El caso Pinheirinho puso sobre la mesa el desajuste entre las posturas de las autoridades municipales y las estaduales frente a las nacionales, y los conflictos de competencia entre la Justicia de San Pablo y la federal.

Los terrenos de Pinheirinho están ocupados desde 2004, tras ser abandonados en los 70 cuando la empresa a la que pertenecían, Selecta, propiedad del empresario Naji Nahas, se declaró en quiebra. Libanés naturalizado brasileño, Nahas acumula causas judiciales por varios delitos de cuello blanco, como evasión de impuestos, especulación con alimentos y lavado de dinero. Selecta mantiene con el Estado una deuda mayor a los 15 millones de reales sólo por el impago de un impuesto sobre bienes inmuebles.

La empresa solicitó que se le reintegraran los terrenos y el gobierno nacional comenzó a negociar con los habitantes de Pinheirinho para encontrarles una alternativa. En las negociaciones participaron cuatro parlamentarios, entre ellos Suplicy, quien dijo a la diaria que el miércoles anterior al desalojo del domingo se llegó a un acuerdo entre el representante de la empresa y el gobierno nacional para suspender el desalojo por 15 días. Las partes transmitieron ese acuerdo a un juez que redactó una petición formal, que fue encaminada al presidente del Tribunal de Justicia de San Pablo, Iván Sartori, quien ya estaba al tanto de las negociaciones. Sartori suspendió la orden de desalojo y envió el acuerdo a la jueza Márcia Loureiro, a cargo de la causa para la reintegración de los terrenos a los dueños. "Las cosas estaban encaminadas, estábamos todos muy animados, y quedamos todos muy sorprendidos el domingo de mañana", manifestó Suplicy, claramente molesto por cómo se desencadenó la situación.

En paralelo, los habitantes habían apelado la orden de desalojo ante el Supremo Tribunal de Justicia, que todavía tenía pendiente su decisión.

Fue la jueza Loureiro -de un tribunal civil, de menor jerarquía que los otros implicados- la que consideró que ni el acuerdo ni la apelación justificaban retrasar el desalojo, y el sábado de mañana reactivó la orden de reintegración.

Irónicamente, cuando los habitantes recurrieron al mayor órgano judicial de Brasil, el Supremo Tribunal Federal, para que declarara ilegal la orden de desalojo, éste tuvo que archivar la petición señalando que es procedente que se pronuncie porque el caso todavía está en trámite en tribunales inferiores, en referencia al Supremo Tribunal de Justicia de San Pablo.

Los pobladores de Pinheirinho siguen en el campamento frente a sus viviendas, en casas de familiares o en varios albergues; en uno de ellos, 1.000 personas comparten dos baños. La Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República enumeró en una carta enviada al gobierno de San Pablo las “violaciones a los derechos humanos de la población involucrada en el desalojo del barrio Pinheirinho” que está en los albergues: falta de higiene, condiciones precarias de salud y alimentación, superpoblación, y negligencia psicológica, además de alertar de fallas en la comunicación entre agentes públicos, informó la revista Carta Capital.

Pero en este caso el gobierno de San Pablo sí ofrece lo que denomina “alternativas” para los pobladores de Pinheirinho: boletos de ómnibus para volver a sus ciudades de origen y ayudas de 500 reales (unos 5.500 pesos) a 1.100 de las 1.600 familias para que alquilen, pero de forma temporal, hasta que logren instalarse definitivamente.

Esos puntos comunes

Pinheirinho está cerca de un polígono industrial de alta tecnología y de edificios residenciales de lujo, y hace tiempo que el mercado inmobiliario paulista ambiciona su terreno.

El diputado del Partido Socialismo y Libertad Iván Valente opinó que en los casos de Pinheirinho y Cracolândia la Justicia y la política se replegaron ante los intereses de ese mercado, y lo único que hicieron fue alimentar el lema de los movimientos sociales: “Mientras la vivienda sea un privilegio, la ocupación será un derecho”. En este sentido, el Movimiento de los Sin Tierra se manifestó dispuesto a colaborar en la “reocupación” de terrenos en San Pablo como respuesta a los operativos.

Las ocupaciones se siguen impulsando tanto en San Pablo como en el resto de Brasil, donde se estima que hay un déficit habitacional de seis millones de viviendas y unos cinco millones de casas vacías. Por ley, los terrenos que no son utilizados pueden ser expropiados para cumplir la función social del suelo amparada en la Constitución, pero vaya a saberse cuál de los gobiernos y las justicias pueden tomar la decisión, y si tienen la voluntad de hacerlo.