En 1998 Augusto Pinochet, que en ese entonces era senador vitalicio en Chile tras gobernar como dictador de 1973 a 1990, fue detenido en Reino Unido cuando todavía estaba en sala recuperándose de una operación de hernia. La Justicia chilena no lo había perseguido: quien lo había hecho era el juez Baltasar Garzón, desde España, donde había comenzado a investigarlo por las muertes de ciudadanos españoles ocurridas en Chile durante su dictadura y en el marco del Plan Cóndor.

Garzón no podrá repetir ésa ni otras actuaciones judiciales que le valieron fama internacional. Inhabilitado por 11 años para ejercer su profesión, y con 56 de edad, ve truncada la carrera que comenzó en 1981 y que en 1988 le dio acceso a la Audiencia Nacional.

Está inhabilitado para imponer condenas con prisión como las que aplicó, en 1994, al ex ministro del Interior, José Barrionuevo, y el ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, que habían amparado desde el gobierno español a los paramilitares Grupos Antiterroristas de Liberación, e incluso les brindaron apoyo económico.

Inhabilitado también para llevar adelante investigaciones como las que realizó sobre el grupo armado ETA, llegando a juzgar a algunos de sus líderes, especialmente en los años 90, por lo cual los jefes etarras planearon asesinarlo.

Inhabilitado para seguir siendo protagonista de algunos de los fallos más polémicos en España, como la ilegalización de Batasuna, por considerarla el brazo político de ETA.

Las protestas contra la decisión de la Justicia renovaban ayer constantemente los portales de los medios españoles y ayer mismo comenzaron las movilizaciones de respaldo al inhabilitado. “Es la impotencia”, dijo un joven que lloraba fuera del tribunal al diario Público.

Garzón fue inhabilitado por ordenar que se grabaran las conversaciones entre los acusados en la trama Gürtel y sus abogados, porque sospechaba que desde la cárcel se seguía lavando dinero con la ayuda de los letrados. El fallo señala que con esa decisión violó, a sabiendas y sin justificación, el derecho a la defensa, pese a que los fiscales respaldaron su decisión cuando ordenó las grabaciones, y también en el juicio contra el propio Garzón.

Pero también hay quienes elogiaron el fallo. “Es un triunfo del estado de derecho porque demuestra que el fin, por muy loable que el fin sea, no justifica los medios”, dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, del gobernante Partido Popular.