El Plan Cóndor permitió que en los años 70 y 80 las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay coordinaran sus acciones represivas. Sin embargo, el juez argentino Norberto Oyarbide estima que una de las causas que investiga, la del traslado ilegal de 13 peruanos (políticos, sindicalistas, miembros de las Fuerzas Armadas y un periodista) hacia Argentina, se enmarcó en ese plan, y pidió la captura y extradición del ex dictador peruano Francisco Morales Bermúdez (1975-1980). “El fallo [de Oyarbide] va en el mismo sentido de la denuncia, que decía que esta expulsión violenta fue un acuerdo de alto nivel entre las dictaduras de los dos países”, dijo al diario argentino Página 12 Ricardo Napuri, una de las víctimas del traslado, que denunció el caso en Argentina.

El diario peruano La República recordó ayer otros hechos similares. En 1980, a semanas de que Morales Bermúdez entregara el poder a su sucesor elegido democráticamente, Fernando Belaúnde Terry, los servicios de inteligencia argentinos y peruanos cooperaron para la captura de cuatro argentinos (Federico Frías Alberca, Ester Gianotti de Molfino, Julio César Ramírez y Julia Santos de Acebal), vinculados con el grupo Montoneros. Frías Alberca fue trasladado desde su país hasta Perú, y usado para detener allí a sus compañeros. Eran sospechosos de preparar un atentado contra el entonces dictador argentino, Jorge Rafael Videla, durante una visita prevista a Perú. Luego de ser secuestrados, fueron trasladados a Bolivia y entregados a militares argentinos. El cuerpo de Gianotti apareció en España; los demás están desaparecidos.

El Ministerio del Interior peruano publicó entonces un comunicado informando de la expulsión de tres “delincuentes argentinos” a Bolivia, sin mencionar a Frías.

Videla y el ex general Albano Harguindeguy, quien fue su ministro del Interior, también van a ser indagados por Oyarbide, junto con Morales Bermúdez, por la causa de los peruanos secuestrados y enviados a Argentina en 1978. Cuando llegaron a Jujuy se les dijo que eran “prisioneros de guerra” y que estaban allí porque “los gobiernos de ambos países habían decidido intercambiar prisioneros”. Intentaron obligarlos a firmar un pedido de asilo en Argentina, y como se negaron fueron finalmente expulsados a otros países.

Morales Bermúdez dijo el viernes que ese relato era una mezcla de “historietas” y “detalles folclóricos”. Aseguró no tener “nada que ocultar, ningún secreto”, y que “nunca” participó en el Plan Cóndor, poniéndose a disposición de la Justicia peruana, a la que le pidió investigar. Para él, la solicitud argentina parece “una diatriba política, una persecución política”.

Los ex parlamentarios peruanos Ricardo Letts y Genaro Ledesma, dos de los extraditados en 1978, anunciaron que presentarán denuncia en Perú. “Si el señor Morales Bermúdez ha dicho que va a ir a la Justicia, nosotros también lo vamos a hacer”, dijo Ledesma a TV Perú.

La Justicia italiana también pidió en 2007 la detención y extradición de Morales Bermúdez por la desaparición de 25 italianos en el marco del Plan Cóndor.