El Estado de Israel no es miembro pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU: no tiene voto ni posibilidad de proponer iniciativas, pero puede emitir opiniones durante sus sesiones.

Luego de que el jueves el consejo aprobara el envío a Israel de la primera misión independiente de investigación internacional para estudiar el impacto de la colonización israelí en los territorios palestinos ocupados -Jerusalén Este incluido- se desató la indignacón del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. El único país miembro del organismo que votó en contra de esa misión fue Estados Unidos.

“No seremos actores de ese teatro del absurdo porque 70% de las decisiones de ese consejo son hostiles a Israel. Manejamos la posibilidad de pedirles a los países libres, como Estados Unidos, que se retiren de él”, lanzó Lieberman el domingo.

Por su parte, Netanyahu había denunciado lo que en su opinión es la “hipocresía” de esa instancia y desde la cancillería de Israel se consideró la iniciativa de investigar el impacto de las colonias como “surrealista”.

Hirschson, el vocero de la cancillería, dijo ayer, al tiempo que daba a conocer la ruptura, que “no merece la pena cooperar con una organización poblada de gente como los sirios y los iraníes que van allí a pontificar sobre el respeto a los derechos humanos en otros países. Está totalmente desconectado de la realidad”.

El vocero aclaró a la agencia de noticias Efe que los diplomáticos israelíes “continuarán trabajando de cerca con la ONU, como vienen haciendo hasta ahora”, pero que ya no asistirán a las reuniones de ese consejo ni responderán a las llamadas de sus miembros. Además, Lieberman decidió que su cartera no facilitará a los investigadores de la ONU el acceso a los territorios palestinos, según la agencia de noticias israelí Ynet.

Ayer circuló en la prensa información según la cual Israel podría retirar a sus embajadores de aquellos países que apoyaron la misión de investigación, como es el caso de Uruguay. Ante una consulta de la diaria al respecto, desde la embajada de Israel en Montevideo se informó que esa representación diplomática aún no disponía de un “comunicado oficial” sobre el tema.

Problemas asentados

Esta situación se genera en momentos en que dentro de Israel las colonias se están convirtiendo en un dolor de cabeza para el gobierno. El Tribunal Supremo israelí rechazó el domingo el pacto entre la administración Netanyahu y los colonos judíos del asentamiento de Migrón, construido en una propiedad privada palestina en el territorio ocupado de Cisjordania.

La sentencia es la última de una serie de decisiones judiciales en una pulseada entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Los jueces ya habían ordenado en 2006 que se demolieran las 58 viviendas de la colonia de Migrón. Desde entonces hubo varias solicitudes de aplazamiento, pero el Tribunal Supremo había fijado el 30 de marzo como fecha límite para desmantelar la colonia, que es ilegal incluso según la legislación israelí. Para la legislación internacional, todas los colonias son ilegales, pero en Israel lo son las que fueron construidas sobre terrenos privados.

Sin embargo, el Ejecutivo negoció una salida con los colonos y les propuso no evacuarlos hasta que quedara listo -probablemente en 2015- otro asentamiento que está en construcción en una colina cercana, al que podrían ser trasladados. Los colonos aceptaron el trato, pero el domingo el tribunal lo declaró nulo y puso una nueva fecha para la evacuación: el 1º de agosto. “Nadie está autorizado para permitir el establecimiento de un asentamiento en tierra privada”, falló el tribunal, cuyo presidente, Asher Grunis, recordó que las sentencias de la corte son de cumplimiento obligado.

El abogado de los palestinos propietarios de la tierra, Michael Sfard, declaró a Ynet que “la corte ha dejado claro a las autoridades que nadie, incluidos el gobierno y los colonos, está por encima de la ley”.

La resolución del Consejo de Derechos Humanos para investigar los asentamientos fue presentada por la Autoridad Nacional Palestina y prevé establecer cuál es el impacto “de las colonias israelíes sobre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino”. Además, el texto condena el anuncio del gobierno israelí de construir nuevas colonias en Cisjordania y en Jerusalén Este porque “minan el proceso de paz, torpedean la solución de los dos Estados y violan el derecho internacional”.

Ese Consejo de la ONU, presidido por la uruguaya Laura Dupuy, ya había condenado varias veces los asentamientos israelíes, pero nunca se había propuesto investigar el problema. Al respecto, Dupuy opinó que “es del interés de Israel cooperar con la misión investigadora del Consejos de Derechos Humanos” por varios motivos, entre ellos, porque “podría explicar sus políticas y acciones”.