Después de 13 años en una prisión de Florida, René González fue liberado el 7 de octubre de 2011, pero aún cumple otros tres años de libertad vigilada en Estados Unidos. Su abogado, Philip Horowitz, presentó el 24 de febrero una solicitud para que su cliente, que también tiene la ciudadanía estadounidense, fuera autorizado a viajar a Cuba para visitar a un hermano cuyo estado de salud es grave.

René González, junto con sus compatriotas Gerardo Hernández, Ramón Labaniño, Fernando González y Antonio Guerrero, fue declarado en 2001 culpable de operar como espía extranjero, después de que el FBI desmantelara la red de espionaje Avispa en 1998. Más conocidos como integrantes del “Grupo de los Cinco”, en Cuba se los considera héroes nacionales, cuya misión fue infiltrarse en la disidencia cubana en Florida para prevenir ataques terroristas. En cambio, Washington entiende que espiaban contra Estados Unidos, en particular en instalaciones militares en el sur de Florida.

Hace una semana, una fiscal federal del Departamento de Justicia se pronunció en contra de autorizar el viaje de González, y alegó que podía aprovechar la visita a Cuba para reunirse con agentes de Inteligencia y funcionarios de Estado para recibir nuevas instrucciones de espionaje.

Sin embargo, el lunes la jueza a cargo del caso autorizó el viaje bajo condiciones tales como que no permanezca fuera de Estados Unidos más de dos semanas y que se reporte regularmente. Además, debe obtener “todos los permisos necesarios, licencias y/o autorizaciones del gobierno de Estados Unidos”.

El Departamento de Justicia, opuesto a que González se traslade a Cuba, debe ahora entregar el permiso de viaje, destacó ayer la vocera del Departamento de Estado, Victoria Nuland. La funcionaria agregó que “ésta es una oportunidad para renovar nuestros llamados a una liberación incondicional e inmediata” de Alan Gross, el abogado estadounidense, que cumple 15 años de cárcel en Cuba.

Según su defensa, Gross, empleado de la firma Development Alternatives, subcontratista de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), distribuyó en Cuba computadoras para la comunidad judía en la isla. Pero en Cuba fue condenado por “actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado”, y de participar para esto en un proyecto subversivo del gobierno de Estados Unidos.

Nuland negó que el caso de Gross y el de González sean similares: “No hay una equivalencia entre estos casos. [González] es un espía convicto, como el resto de los cinco cubanos, mientras que Alan Gross no era un espía”, dijo.

Cinco días antes de que González obtuviera el permiso judicial, también el abogado de Gross pidió un permiso al presidente cubano para que el estadounidense viajara a visitar a su madre, que tiene 90 años y padece un cáncer de pulmón. El permiso a González pone sobre la mesa los reclamos estadounidenses por “la situación humanitaria de Alan Gross”, dijo Nuland.

El 23 de febrero, los senadores estadounidenses Patrick Leahy y Richard Shelby se reunieron dos horas con el presidente cubano y abordaron los casos de González y Gross, aunque Castro no se pronunció sobre este último.

Leahy dijo a la agencia de noticias AFP que durante el encuentro hablaron de “diversos temas y de las posibilidades de mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba”. El legislador demócrata le dijo a Castro que “por el bien de ambos países, el mundo va a cambiar”.

Entre los miembros de la diáspora cubana en Florida las posiciones ante la autorización concedida a González fueron variadas. El Consejo por la Libertad de Cuba emitió un comunicado en el que criticó la decisión porque entiende que ocurre cuando el gobierno cubano “mantiene rehén” a Gross, y “horas después del arresto en Cuba de setenta mujeres activistas de derechos humanos”. Decenas de integrantes de las Damas de Blanco que impulsaban una marcha por el noveno aniversario de los arrestos de 75 opositores en 2003 estuvieron detenidas unas horas. A su vez, el presidente del Movimiento Democracia dijo a la agencia Efe: “No nos alegramos” de la decisión pero tampoco “nos negamos a que se protejan sus derechos humanos”, porque “no podemos tener doble discurso cuando se trata de cuestiones humanitarias”.