“Justicia de Transición” es el nombre del grupo de trabajo del Ministerio Público brasileño que realizará la “investigación y persecución” de los crímenes de la dictadura de ese país (1964-1985). El anuncio fue realizado ayer por el fiscal Luiz Fernando Lessa, que junto a tres colegas conforma ese equipo de investigación. Éste fue creado a raíz del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2011, que condenó a Brasil por no juzgar esos delitos.
El Ministerio Público “reconoció que los tratados internacionales de derechos humanos firmados por el país le imponen investigar y perseguir los crímenes de la dictadura”, indicó Lessa, quien dijo que se está trabajando desde 2011 para la conformación del equipo. El fiscal aseguró que si hubiera necesidad de presentar denuncias para que algunos casos sean investigados por la Policía (éste es el procedimiento usual en Brasil: la Fiscalía hace la denuncia primero ante la Policía y luego ante la Justicia) así se hará, pese a la existencia de la ley de amnistía que impide que los responsables de esos crímenes sean juzgados.
El grupo de fiscales funcionará en coordinación con los representantes del Ministerio Público en los estados; al principio se hará hincapié en aquellas regiones en las que ya hay investigaciones en proceso, como San Pablo o Santa Catarina, y se aprovecharán los documentos oficiales así como los que sean brindados por organizaciones no gubernamentales o activistas.
El equipo no se limitará a ese período, sino que también indagará crímenes posteriores a la dictadura dirigidos a impedir las investigaciones. Además podrá complementar sus actuaciones con los documentos que emanen de la Comisión de la Verdad, cuando ésta sea aprobada. Tanto la puesta en marcha -prevista para diciembre- de esa comisión nacional, como la creación de este grupo de trabajo, parecen acompañar un movimiento de creación de comisiones de la verdad en varios estados.
En San Pablo comenzó a funcionar el 1º de marzo la Comisión de la Verdad paulista, conformada por diputados. Tiene los mismos objetivos que la nacional: recolectar información y testimonios para investigar los crímenes de la dictadura, para lo cual se fijó un plazo de dos años. Al igual que la nacional, la paulista no podrá llevar a los responsables ante la Justicia debido a la ley de amnistía.
Iniciativas de crear comisiones similares se están abriendo paso en Río de Janeiro, Rio Grande do Sul y Paraiba.