João César Otoni de Matos, juez federal de Pará, rechazó el viernes la denuncia presentada por el Ministerio Público contra el militar retirado Sebastião Curió Rodrigues de Moura por la desaparición de cinco integrantes de la guerrilla de Araguaia. En un comunicado, Otoni aseguró que fue un error de los fiscales “pretender, después de más de tres décadas, esquivar la Ley de Amnistía para reabrir la discusión sobre crímenes cometidos en el período de la dictadura militar”.
El pedido del Ministerio Público indicaba que en el caso no se aplica la Ley de Amnistía porque el delito de secuestro continúa, ya que los cuerpos de los cinco guerrilleros nunca aparecieron. Al rechazar el pedido, el juez se preguntó si el Ministerio Público cree realmente que “los desaparecidos, treinta y tantos años después, permanecen en cautiverio”, y aseguró que “la lógica desafía esa argumentación expuesta en la denuncia”. También consideró que para demostrar un secuestro no basta con que los cuerpos no hayan sido encontrados, y recordó que en 1995 el Estado reconoció las muertes de los guerrilleros de Araguaia. En una ley aprobada ese año, el Estado se hizo responsable por las desapariciones de los guerrilleros y los reconoció como muertos para indemnizar a sus familias.
El Ministerio Público ya anunció que apelará, pese a que varios analistas y jueces han opinado que los argumentos de Otoni son correctos. Entre quienes comparten su opinión figuran dos de los jueces del Supremo Tribunal Federal, que este jueves debatirá la Ley de Amnistía después de que la poderosa Orden de Abogados de Brasil apelara su decisión de mantenerla vigente. Si bien la integración del tribunal no es exactamente la misma que cuando se la declaró en vigencia, se prevé que se mantenga su postura.
Pero la preocupación para los militares involucrados en crímenes de la dictadura puede venir por otro lado. En una reunión que algunos de ellos celebraron la semana pasada, el general Raymundo Cerqueira, uno de los cuatro miembros del Supremo Tribunal Militar, se refirió a la posibilidad de que desde la Comisión de la Verdad se “denigre” a las figuras militares para impulsar cambios en la Ley de Amnistía, según contó en un foro de la web Portal Militar el general retirado del Ejército Antônio Medeiros.
En esa misma reunión se habló también acerca del texto y el manifiesto críticos con el gobierno que emitieron los clubes militares que indignaron al Ejecutivo semanas atrás, al punto de que la presidenta, Dilma Rousseff, pidió al ministro de Defensa, Celso Amorim, que encargara al comandante del Ejército, Enzo Peri, que sancionara a sus subordinados. El comandante lamentó los últimos choques con el gobierno -aunque sin atribuir responsabilidades a unos u otros- y comunicó a sus compañeros que no serán sancionados.