Varios países de la Unión Europea (UE) liderados por Alemania y Francia se quejan de que ciertas fronteras del bloque regional son “coladeros” de inmigrantes. Una de ellas es la que separa a Turquía (que no es miembro del bloque) y Grecia (que sufre una fuerte crisis financiera). Ante esta situación, las arcas vacías del Estado griego no le permiten destinar recursos a recibir a los inmigrantes llegados desde Turquía.
Como Italia y España aplican un control drástico de sus fronteras marítimas con África, Grecia se convirtió en puerta de entrada a Europa, que a pesar de la crisis es vista todavía como una mejor opción por muchos inmigrantes.
En mayo de 2011 la agencia europea de control de fronteras, Frontex, envió 175 policías para vigilar línea divisoria y ahora Grecia tiene previsto levantar un polémico muro de más de 12 kilómetros de alambres de púa, con cámaras térmicas, en su límite con Turquía. Pero los inmigrantes ya cambiaron de camino: pasan por la frontera de Grecia con Bulgaria, según explicó al portal de información francés Atlántico la especialista en civilización griega Joëlle Dalègre.
Además, Grecia está obligada a hacerse cargo de los inmigrantes expulsados por otros países que hayan entrado a la UE por su territorio. Esto crea tensiones en la sociedad griega y alimenta el racismo y la xenofobia, al tiempo que la permeabilidad es un motivo más de quejas de los europeos contra Atenas.
En ese marco, el gobierno de crisis griego, que debe dejar el poder después de las elecciones del 6 de mayo, anunció el lunes a su población que va a construir, con un financiamiento de la UE de 250 millones de euros, unos 30 centros de retención para inmigrantes sin papeles. Así el país contará, a partir de 2014, con la capacidad de alojar a unas 30.000 personas mientras esperan a ser expulsadas. Esto se sumará a otros 14 centros que ya existen, y en los que la superpoblación genera condiciones de vida infrahumanas que la UE también le reprocha a Grecia.
Los datos varían según las distintas fuentes, pero se estima que hay entre 130.000 y un millón de inmigrantes indocumentados en el país de 11 millones de habitantes.
El anuncio del gobierno va de la mano de otras medidas, de las que fue informada Bruselas este mes. Entre ellas figura una línea telefónica para denunciar el ingreso de extranjeros sin documentos, la aplicación de multas a quienes los alojen y el aumento de las redadas para detenerlos.