El 19 de marzo El Salvador se conmocionó con la difusión de un comunicado. Las dos principales pandillas o maras rivales, la Mara Salvatrucha (MS-13) y Mara 18 (M-18), anunciaron una tregua en la que renunciaban a cometer más homicidios. Días antes, el 15 de marzo, el periódico digital salvadoreño El Faro había publicado informaciones según las cuales el gobierno estaba negociando con esas organizaciones, que fueron declaradas ilegales por el Parlamento en 2010. El medio de prensa llegó a esa conclusión luego de una investigación que inició debido al traslado de 30 líderes de las maras que cumplían sus penas en una cárcel de alta seguridad, hacia establecimientos penitenciarios de menor seguridad, el 8 y 9 de marzo. El caso llamó la atención de la prensa.

El comunicado que emitieron juntos los “voceros nacionales” de la MS-13 y la M-18 comienza por negar que el gobierno haya interferido en la negociación y acusa a El Faro de haberse basado en “fuentes ficticias”. Advierte que esas informaciones “sin fundamento alguno” los presentan, según sus códigos, como culpables de “traición a los más de 100.000 miembros” de ambas organizaciones y acusa al medio de buscar que ellos sean “víctimas de represalias”.

Sin embargo, el comunicado dice que “es cierto” que desde 2011 llevaron a cabo un proceso interno “de reflexión y análisis sobre los graves y acuciantes problemas que enfrenta” su país, de los cuales admiten haber “sido parte, como consecuencia de la guerra” que libraron. Por lo tanto, explica el documento, resolvieron “ser parte de la solución” y “no seguir haciendo la guerra”. Acerca de este punto señalan que en la actualidad hay “14 muertos por día” debido a la violencia urbana, mientras que durante la guerra civil que vivió El Salvador en los años 80, había 17 muertes diarias. “Sólo nos diferencian tres” muertes por día, concluyen, al tiempo de explicar que esa realidad hizo que resolvieran optar por la tregua.

En contexto

Sin embargo, el comunicado también busca dar explicaciones: “Somos un subproducto social de las nefastas políticas socioeconómicas” que se aplicaron “desde hace muchos años”, y que “llevaron a la guerra en los 80”. Afirman que se consideran “hijos” de ese conflicto, porque “la mayor parte” de sus miembros perdieron a sus padres en ese período y que “otros” son miembros de “hogares desintegrados” debido a “la emigración” de sus padres y de ellos mismos, por lo que sufrieron el “desplazamiento” y el “desarraigo”.

En el comunicado también denuncian las condiciones de detención de sus miembros encarcelados, los maltratos que sufren sus familiares cuando los visitan, y “la persecución” y “torturas” que sufren los integrantes de las maras que están en libertad “por el simple hecho de estar tatuados con los símbolos” que les “dan identidad”.

Reiteran que son “conscientes” del “profundo daño” que ocasionaron a la sociedad y piden que se les “permita contribuir a la pacificación de El Salvador”, un país del que dicen: “Es nuestro también”.

El documento aclara que no negociaron con el gobierno ni quieren hacerlo, sino que prefirieron apelar “a la Iglesia Católica y a la sociedad civil”. El comunicado agradece al obispo castrense Fabio Colindres y Raúl Mijango, escritor y ex asesor del ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía. Ambos confirmaron luego haber sido parte de la negociación.

Mijango dijo a El Faro que los que negociaron con ellos son los líderes de las maras, que tienen más edad que la mayoría de sus integrantes, y que él cree en su honestidad y su madurez.

Cuando empezó a dialogar con las maras, dijo Mijango, “ya había un proceso de reflexión, no de la pandilla en general, pero sí de su liderazgo”. Acerca de esos dirigentes resaltó que “son personas maduras, todos andan entre los 30 y los 50 años”. En su opinión, “eso hace que vean la vida desde otra perspectiva, si se quiere llamar reposada, menos influenciada por las locuras que de joven a uno se le ocurren”, y esto fue algo que “permitió profundizar con ellos en la reflexión”.

El texto publicado por las maras también reclama a “los políticos” que no los tomen sólo como un “fenómeno delincuencial” sino también “social”, y que tomen conciencia de que la solución no sólo pasa por lo “legal” y por la “represión” sino también por “medidas sociales y económicas”.

Por último aclaran que no piden que se les “perdonen las penas” por las “faltas cometidas”, sino “sólo que se aplique adecuadamente la ley”, que se los “trate como seres humanos”, y piden apoyo a la reinserción de sus integrantes “dándoles oportunidades de trabajo y de estudio, que no se les discrimine” y que los tatuajes no sean motivos de represión. Concluyen declarando que desean “ser parte de la solución”, y para eso piden “apoyo de toda la sociedad y del Estado”.

Política y religión

Desde que se publicó este texto hasta el miércoles, cuando finalmente Funes salió a hablar del tema, se multiplicaron los análisis y especulaciones al respecto. El lunes 26 de marzo, el jefe de la MS-13, Dionisio Umanzor, alias El Sirra, dijo durante una misa en la cárcel en la que cumple su condena a 30 años de detención: “Estamos conscientes de que le hemos fallado a Dios y a la sociedad, y en nombre de toda mi pandilla, la Mara Salvatrucha, quiero pedirle perdón a la sociedad y que nos den una oportunidad de poder cambiar”.

El miércoles siguiente, el presidente se pronunció básicamente en el mismo sentido que las maras: negó haber negociado con ellas y pidió a la sociedad que colabore para reinsertar a sus miembros.

“Los hemos convocado este día, en primer lugar, para reafirmar que el gobierno de la República no ha negociado, ni negocia, ni va a negociar con ninguna de las pandillas existentes en el país”, dijo Funes al arranque de la conferencia de prensa. Sin embargo, el primer mandatario admitió que el gobierno supo de la negociación desde el principio y que le brindó apoyo logístico a Colindres para que pudiera negociar: “El gobierno sólo acompañó el esfuerzo de la Iglesia Católica” y “facilitó” esa tarea “al autorizar el traslado de los reos del penal de máxima seguridad a otros recintos carcelarios”.

Sobre la tregua entre las guerrillas, que comenzó a aplicarse el 9 de febrero, destacó que los homicidios diarios pasaron desde entonces de 14 a cuatro o cinco por día. Sin embargo agregó que las extorsiones continúan porque los pandilleros dependen de ese delito y del “narcomenudeo de drogas” para financiarse, y con eso “mantienen a sus familias y pagan los costos procesales especialmente de aquellos que están en la cárcel”.

A partir de ahí Funes coincidió en su análisis con algunos de los planteos de las maras: “¿Qué significa esto, entonces?, que aquí hay un problema integral que tenemos que resolver. Las pandillas surgen en el país por un problema de exclusión, el problema es que administraciones anteriores las dejaron evolucionar y ahora se han convertido en estructuras criminales que no tienen otra fuente de ingreso más que la extorsión, el narcomenudeo y el asesinato que realizan cuando no se paga la renta”, dijo.

Al frente

Terminó su intervención con el anuncio de que se ponía “al frente” del proceso para desmantelar y solucionar el problema de las pandillas en el país: “A partir de los próximos días invitaremos a representantes de la empresa privada, que han demostrado su voluntad de querer encontrarle una solución a este problema, a representantes de partidos políticos, a representantes de las diferentes iglesias, de las organizaciones sociales y sindicatos, y de la academia, especialistas, intelectuales que conocen muy bien el tema de las pandillas”.

Al cierre de su discurso aclaró que estos anuncios no significan el final de la política de mano dura en el castigo al delito que aplicaba su administración, y anunció que después de la Semana de Turismo su gobierno presentará ante el Parlamento “un paquete de reformas que facilitarán la actuación de las fuerzas de seguridad” y que creará una unidad especial de la Policía para luchar contra las maras.

Para enfatizar este último punto, el ministro de Justicia y Seguridad, Munguía, dijo el jueves que “la labor que realiza la Iglesia Católica por alcanzar el entendimiento entre las dos pandillas, ha sido muy importante, pero eso no implica que el combate del crimen y en especial de las pandillas haya terminado”. Sin embargo, algunos medios, entre ellos El Faro, destacaron el difícil equilibrio que deberá lograr el gobierno para que la represión no impida, por ejemplo, que circulen las órdenes de pacificación enviadas por los líderes desde las cárceles.

El sábado el periódico salvadoreño El Diario de Hoy reseñó un informe de la Policía Nacional Civil, según el cual en los 82 primeros días de 2012 se cometieron 999 homicidios, lo que representa 63 muertes más que en el mismo período de 2011.

Respecto a la tregua alcanzada por las pandillas, el documento policial indica que los asesinatos disminuyeron 80% después del 9 de febrero, y que eso confirma que las maras están detrás de la mayoría de los crímenes y que la mayoría de las víctimas estaban ligadas a esos grupos.

El estudio también dice que está comprobado que la mayoría de las órdenes de matar y extorsionar son emitidas desde las cárceles y además postula la hipótesis de que los líderes de las maras pidieron el cambio de penales para “retomar el control del sistema carcelario y girar nuevas instrucciones a los pandilleros que están en libertad”.

En El Salvador el fenómeno de las maras cobró fuerza a partir de la década de los 90, y según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas, hoy el país es el segundo en cantidad de homicidios en relación a su cantidad de habitantes, después de Honduras. La tasa de homicidios que registró en 2010 fue de 66 muertes violentas cada 100.000 habitantes, y en Honduras la tasa fue de 82,1.

Por lo tanto, todos coinciden en que el proceso de negociación, que comenzó en El Salvador en setiembre, promovido por familiares de guerrilleros que contactaron a Colindres, es “histórico”.