En su informe anual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dedicó un capítulo a Honduras y advirtió un agravamiento en la situación que enfrentan las organizaciones campesinas en el Bajo Aguán. En el informe se indica que “sigue la represión y violencia contra integrantes de las comunidades y organizaciones campesinas, quienes viven en total indefensión y desprotección ante las actuaciones y omisiones de las autoridades”, a lo que se agrega que “los crímenes cometidos contra la vida en el Bajo Aguán están encaminados a la impunidad, lo que facilita la repetición de violaciones a los derechos humanos”. También se advierte que se ha criminalizado la lucha campesina y que la zona ha sido militarizada.

Los informes que recibió la CIDH señalan que de setiembre de 2009 a abril de 2012 fueron asesinadas 46 personas afiliadas a organizaciones campesinas.

La preocupación no es exclusiva de la CIDH. En marzo, 92 congresistas estadounidenses, con el auspicio de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, enviaron una carta expresando su preocupación por “los abusos” que se producen en Bajo Aguán y que “reflejan una modalidad más amplia de violaciones de los derechos humanos dentro de la cual defensores de derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios y activistas de la oposición son objeto de amenazas de muerte, ataques y ejecuciones extrajudiciales”. Ya a fines de noviembre el gobierno estadounidense, un firme aliado de las autoridades hondureñas, las había instado a poner fin a la violencia y la impunidad en el Bajo Aguán.

El último caso fue el de Donidely Adonis López Alvarado, un dirigente campesino de 46 años que fue asesinado de seis balazos mientras iba en moto a su casa el 11 de abril.

“Están tratando de presionarnos para que aceptemos firmar un acuerdo con el gobierno que nos asfixiará económicamente para así volver a quitarnos la tierra”, dijo uno de los voceros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán, Vitalino Álvarez.

En el informe de la CIDH los testimonios apuntan como responsables de la violencia, entre otros, a los agentes de seguridad privados de las tierras que los campesinos reclaman como suyas. También se señala que desde que el gobierno lanzó el operativo militar-policial Operación Xatruch II, en agosto, murieron al menos nueve integrantes de organizaciones campesinas, incluidos dos de los principales dirigentes.

Tanto en la carta de los congresistas estadounidenses como en el informe de la CIDH se refleja que si bien se emitieron órdenes de arresto por los asesinatos, no hubo detenciones ni acusaciones, mientras que la Justicia ha mostrado agilidad y la Policía eficacia en las órdenes de captura contra los campesinos acusados de violación a la propiedad privada y robo de cultivos.

Fecha de inicio

No es casualidad que el conflicto en la región del Bajo Aguán haya comenzado meses después del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, en junio de 2009. Los campesinos habían logrado un acuerdo con el mandatario para una reforma agraria, promesa que quedó sin cumplirse con el fin abrupto de su gobierno.

La propuesta de Zelaya era similar a la que se había impulsado en la década del 70 y que había sido muy bien recibida por los campesinos. Sin embargo, en los años 90, el gobierno hondureño promovió una reforma para eliminar el tope a la cantidad de tierras que se puede poseer, lo que permitió a los mayores terratenientes ampliar sus propiedades. En esos años, además, el gobierno aprobó una ley que prohíbe las invasiones campesinas a terrenos y señala que quienes las emprendan serán acusados de terrorismo. Los campesinos aseguran que vendieron tierras bajo extorsión y amenazas, y que muchas de ellas no son utilizadas hoy, por lo que reclaman que les sean devueltas.

Caído el gobierno de Zelaya, las organizaciones campesinas comenzaron a ocupar las tierras que reclaman como propias y se sucedieron los enfrentamientos con los guardias privados de seguridad y las primeras muertes en esos choques. El presidente Porfirio Lobo decidió entonces militarizar la zona y con esta medida aumentaron las violaciones a los derechos humanos de los campesinos.

La carta de los congresistas estadounidenses agrega otro dato sobre los militares que están operando en el Bajo Aguán: los entrena Estados Unidos. Por eso, los legisladores reclaman al gobierno de su país que se suspenda esa colaboración por las denuncias de “graves y extensas violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad”.

El gobierno y los medios de comunicación hondureños -mayoritariamente conservadores- dan el mismo mensaje: una zona en guerra, con campesinos que cometen acciones ilegales -como violar la propiedad privada-, están armados y tienen muy poca voluntad de negociar. Ya en 2010 el conflicto tuvo un punto álgido y a instancias del movimiento campesino el gobierno acordó la compraventa de varias miles de hectáreas, pero esas tierras nunca fueron transferidas a los campesinos.

Otro reclamo de éstos apunta directamente al gobierno, que todavía tiene pendiente la entrega de las tierras estatales que pertenecían a un centro militar y que, por ley, se estableció que serían transferidas a los campesinos sin tierra.

Sin línea de llegada

Mientras el conflicto de fondo no se resuelve, agentes de seguridad privados, militares y policías actúan con impunidad en el Bajo Aguán, especialmente a la hora de desocupar las tierras que los campesinos invaden para dar visibilidad a su conflicto.

La semana pasada, unas 3.000 familias campesinas -según los organizadores- hicieron ocupaciones coordinadas en tierras de grandes propietarios y exigieron la “inmediata titulación y entrega” de esos terrenos, en palabras del dirigente de la organización internacional Vía Campesina, Rafael Alegría.

A los reclamos campesinos se plegó el defensor del pueblo, Ramón Custodio, quien lamentó que el Ejecutivo “ha generado mucha confusión” con el nombramiento de comisiones y al “anunciar oficialmente la expropiación como posible solución, abriendo y cerrando supuestas negociaciones, improvisando operativos y otros tantos desaciertos propios del dejar hacer y dejar pasar”.

Ante las últimas ocupaciones, que fueron reprimidas rápidamente, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, René Osorio Canales, se manifestó en declaraciones públicas a favor de decretar el estado de excepción en la zona. Por su parte, el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, aseguró que “ya llegó el momento de actuar para poner orden en el Aguán”, con lo que hizo prever que el gobierno puede disponer nuevas acciones armadas.