En respuesta a la decisión argentina de expropiar la mayoría de las acciones de YPF que están en manos de la empresa española Repsol, el gobierno español prepara un proyecto de ley para dar prioridad a los proveedores europeos de biodiésel, en detrimento de las importaciones provenientes de Argentina, que alcanzan los 800 millones de dólares por año.

El coordinador de Estudios y Programas del gobernante Partido Popular y vocero de Relaciones Exteriores de esa fuerza política, José María Beneyto, dijo que también estudian la posibilidad de “que las importaciones importantes para Argentina, como la soja o el bioetanol, se eliminen”.

El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Comercio, Antonio Tajani, se alineó con el gobierno español al opinar que la decisión de la presidenta argentina, Cristina Fernández, “crea una situación de incertidumbre legal incompatible con el derecho internacional y que puede afectar gravemente a las inversiones [en Argentina], y provoca dudas sobre su estabilidad y protección”. En ese contexto, se refirió al Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones firmado por Argentina y España, y dijo que Buenos Aires lo debe respetar para “proteger las inversiones”.

Consultado por Radio Uruguay, el catedrático español en derecho público y relaciones internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, Antonio Remiro Brotóns, dijo que el conflicto causado por la expropiación “debe resolverse por la vía jurídica” y que hay vías previstas para estos casos en el tratado bilateral. Agregó que prevé los pasos a seguir en caso de expropiación y dicta los requisitos a cumplir si las partes están en desacuerdo.

El compromiso avalado por Madrid y Buenos Aires establece que primero deben transcurrir seis meses de negociación, después de los cuales se puede denunciar el caso ante la Justicia argentina. A los 18 meses, los tribunales deben entregar su sentencia y a partir de entonces, el inversor descontento (en este caso Repsol) puede apelar a un arbitraje internacional, que terminaría, como último recurso, ante el Banco Mundial. Sin embargo, señaló Remiro, Repsol no podrá recurrir al Banco Mundial hasta que no se cumplan dos años de la expropiación. El académico matizó: “Hay soluciones alternativas”, pero optar por ellas significaría que “no se cumple el tratado”.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, conoce esa realidad y dijo ayer que “los años pasan rápido, las circunstancias cambian, pero las responsabilidades van a quedar”. Añadió que “los tribunales son muy tercos” a la hora de exigir responsabilidades frente a “esta barbaridad”.

Sin embargo, el problema dejó de ser jurídico y unilateral el mismo día en que Fernández anunció la medida. Desde la Unión Europea (UE), Tajani explicó que por este asunto decidió cancelar el viaje de su gabinete a Buenos Aires que estaba previsto para la semana que viene. “El objetivo de esa misión era impulsar la cooperación industrial, lo cual habría redundado en beneficio mutuo de Argentina y de la UE”, dijo.

En paralelo, en un debate urgente, el Parlamento Europeo acordó votar mañana una resolución conjunta que impulsará la medida de suspender parte de las ventajas arancelarias que Argentina tiene con el bloque y utilizar el acuerdo entre la UE y el Mercosur que se está negociando para presionar a Buenos Aires.

El argumento según el cual la decisión del gobierno argentino afectará al conjunto de las inversiones extranjeras fue retomado por todos los críticos de la expropiación. Ayer también recurrió a ese argumento Estados Unidos. El ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo, se había quejado el martes de la reacción de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que se había limitado a decir desde Brasil que la decisión argentina iba a ser “ampliamente discutida”. Después de haberse tomado un tiempo para analizar el anuncio del lunes, Washington, por intermedio del vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, dijo que lo ve “cada vez más como un acontecimiento negativo” porque “este tipo de acciones pueden tener en último término un impacto negativo en la economía argentina y podría aguar el clima de inversión en Argentina”.

A pesar del apoyo que le da el gobierno español a Repsol, que tiene sede en Madrid, la empresa es sobre todo internacional, apuntó Remiro. “El único daño para España como tal serían los impuestos que la empresa paga en Madrid”, porque Repsol YPF no exportaba a Argentina y, por lo tanto, el daño que causa la estatización parcial de la firma, en una España en crisis, es “sobre todo psicológico y moral”, dijo.

En su camino

A pesar de esas críticas el gobierno argentino continúa con la aplicación de su política. El proyecto de ley obtuvo ayer una aprobación en comisiones del Senado, cuyo plenario debería votar el miércoles, y el oficialismo sumó aliados entre los opositores: la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente Amplio Progresista (FAP). Con mayoría también en la Cámara de Diputados, el gobierno apunta a que la expropiación sea oficial el 3 de mayo.

El jefe de la bancada de la UCR en el Senado, Luis Naidenoff, dijo que su partido -que enfrentó diferencias internas ante la norma- acompañará al gobierno en el proyecto de ley en general y marcará diferencias en algunos artículos. En tanto el líder del FAP, el socialista y ex gobernador santafecino Hermes Binner, apoyó públicamente el proyecto del gobierno. Ayer el senador socialista Rubén Giustiniani aclaró que esa coalición hará propuestas como la de que “todas las provincias” tengan acciones de YPF y no sólo las petroleras, además de impulsar que se agreguen “elementos de control” estatal a la empresa.

En tanto, el ingeniero y ex secretario de Energía del gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001) Daniel Montamat dijo durante el debate legislativo que YPF maneja sólo 30% de la producción de petróleo y menos de un tercio de la de gas. “El 70% lo producen otras empresas”, por lo que estimó que la expropiación no va a solucionar el problema de autoabastecimiento.

Al cierre de la reunión de comisiones en el Senado, el legislador oficialista Aníbal Fernández dijo que el gobierno “incorporará otra expropiación de una empresa de gas propiedad de Repsol”. Esa declaración causó expectativas, pero más tarde el legislador aclaró que se trata de YPF Gas, firma que es líder de la distribución minorista de gas licuado en Argentina, una empresa pequeña comparada con YPF. Fernández explicó que ya se contaba con que era parte del proyecto de expropiación porque es “una empresa que se suponía que era controlada por Repsol YPF y lo que la intervención comprueba es que es una Sociedad Anónima. Ésta se llama YPF Gas SA”, y eso tiene que ser especificado en la iniciativa legal.