Residir habitualmente en los espacios públicos en Hungría es considerado delito según la nueva Ley de delitos menores, que entró en vigor hace dos semanas. La norma prevé una primera advertencia y para aquellos que reincidan impone multas de hasta 665 dólares. En caso de que no sean solventes pueden enfrentar multas de 75 días a seis meses en prisión.
En los centros de acogida para personas en situación de calle, que son unas 30.000 en el país, se contabilizan no más de 10.000 camas disponibles. Sólo en la capital, Budapest, hay unas 8.000 personas en esta situación, y sólo 5.500 camas disponibles.
La ley establece que las sanciones sólo se aplicarán en aquellas localidades que aseguren alojamiento a las personas sin hogar, condición que no se cumple en ninguna.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han mostrado su rechazo ante esta nueva normativa y han pedido su anulación. La organización Human Right Watch ya ha exigido su revocación por considerar que vulnera seriamente los derechos humanos porque afecta “a los miembros más pobres y marginados de la sociedad”.
Stefánia Kapronczay, directora de programas de la organización Unión para las Libertades Fundamentales en Hungría explicó a la agencia de noticias Efe que la legislación es anticonstitucional y responde a una concepción “sin lógica ni sentido”, y resaltó la falta de programas sociales de vivienda y trabajo en el país.
La ley es la culminación de una campaña gubernamental que comenzó en 2010 cuando el Parlamento húngaro definió las funciones de los espacios públicos y permitió a los gobiernos locales legislar para calificar su “uso indebido” como un delito menor, sin especificar la multa. El gobierno local de Budapest promulgó el primer decreto municipal el 18 de mayo de 2011 y prohibió el uso de pasajes subterráneos como residencia habitual con multas de hasta 220 dólares. Luego varios otros distritos impusieron multas.
La promulgación de esta ley coincide con las críticas recientes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en contra del trato de las autoridades húngaras para otra población vulnerable, la de los refugiados, y las prácticas de expulsión de esas personas hacia terceros países. ACNUR redactó un documento que fue presentado el 24 de abril bajo el título “Observaciones sobre la situación de los solicitantes de asilo y refugiados en Hungría”. De acuerdo con ese organismo, existen quejas de “abusos verbales y físicos”, así como de servicios médicos “insuficientes”.
El informe expone que en 2011 más de 450 refugiados fueron deportados a Serbia sin siquiera permitirles acceder a iniciar trámites legales sobre su situación, por lo que Hungría “corre el riesgo de incumplimiento de las obligaciones que emanan de la Convención sobre los Refugiados”.