El motivo por el que la presidenta argentina se fue de la Cumbre de las Américas antes del cierre fue una reunión prevista para coordinar los últimos detalles del proyecto de ley que habilita al Estado a expropiar a la firma española Repsol 51% de las acciones de la petrolera argentina YPF. Así lo informó ayer Cristina Fernández al anunciar la decisión de que el Estado argentino asuma el control de la empresa.
Para recuperarlo, el primer paso fue la intervención de YPF por un plazo de 30 días, para darle tiempo al Congreso, de mayoría oficialista, de aprobar la llamada ley "De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina". Esta iniciativa establece que el "autoabastecimiento", "la explotación, industrialización, transporte, y comercialización de hidrocarburos" son "de interés público nacional".
La empresa YPF, cuyo capital mayoritario está integrado por la empresa española Repsol (57,43%) y por el grupo argentino Petersen (25,46%), vio cómo en las últimas semanas seis provincias argentinas revocaron unas 15 licencias de explotación y otras dos la intimaron a que aumentara sus prospecciones, y sufrió una caída en el valor de sus acciones.
"Somos el único país de Latinoamérica que no maneja sus recursos naturales", dijo Fernández al argumentar su decisión. Luego citó a varias decenas de países en los que el Estado participa en la actividad petrolera, total o parcialmente.
Aseguró además que Argentina, por primera vez desde que se "desnacionalizó” YPF, hace 17 años, en 1998, se convirtió en 2011 en importadora "neta de gas y petróleo con un déficit de 3.029 millones de dólares". Insistió en que en la situación actual "Argentina tiene que importar gas y petróleo" y enfrenta "un pasivo hidrocarburífero, por primera vez en la historia".
Contrapuso este dato a la fuerte suba de las ventas de YPF, que se registró en paralelo a la baja de la producción, y repitió el argumento que maneja su administración desde hace semanas: el problema es la falta de inversión de la empresa, cuyas acciones pertenecen, en su mayoría -57%- a Repsol. "De proseguir esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, prácticamente nos tornaríamos con el nivel de crecimiento, actividad, industrias, trabajadores, en un país inviable. Pero, lo más grave, nos tornaríamos en un país inviable por políticas empresariales y no por falta de recursos, porque somos el tercer país en el mundo [...] luego de China y Estados Unidos en tener gas Shale, de reciente descubrimiento", dijo. En 2011 YPF anunció el hallazgo de un importante yacimiento de petróleo y gas no convencional en las provincias de Neuquén y Mendoza, que se estima que podría triplicar las reservas del país y asegurar la autosuficiencia energética de Argentina.
Sin marcha atrás
La empresa YPF, fundada en 1922, 15 años después del descubrimiento de petróleo en Argentina, fue una de las primeras petroleras estatales. En 1992 Néstor Kirchner, que entonces era gobernador de Santa Cruz, quedó al frente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), que nuclea a las provincias petroleras de Argentina de Santa Cruz, Chubut, Neuquén, La Pampa, Jujuy, Formosa, Mendoza y Salta. En ese año, con Menem como presidente, el esposo de la actual mandataria acompañó la privatización de YPF. Kirchner argumentó que si todas esas provincias la apoyaban, muchos legisladores peronistas que se oponían a la medida cambiarían de opinión. Logró convencer a sus pares y el proyecto de ley de privatización fue aprobado.
Ayer Fernández aclaró que el proyecto de ley no busca dar marcha atrás con el pasaje de YPF a manos privadas, y que el elegido "no es un modelo de estatización" sino "de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental", que conserva la forma de sociedad anónima. Al cerrar su discurso aseguró: “Él [Kirchner] siempre soñó con recuperar YPF para el país, siempre, siempre".
El anuncio de la expropiación a Repsol generó reacciones fuertes en España. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, agendó un viaje que empieza mañana y durante el cual intentará buscar apoyo de otros países en su primera visita a América Latina. Tiene previsto visitar Colombia y México, cuya petrolera estatal, Pemex, participa en casi 10% de las acciones de YPF.
"La decisión que el día de hoy ha tomado el gobierno argentino de nacionalizar la mayor parte de las acciones de YPF de Repsol, es una decisión hostil contra Repsol, por tanto, contra una empresa española, y por tanto contra España y el gobierno de España", dijo ayer el ministro de Industria, José Manuel Soria, después de una reunión extraordinaria en la que integrantes del gabinete de Rajoy trataron el asunto. El canciller José Manuel García-Margallo dijo que esos anuncios "rompen el clima de cordialidad y amistad entre Argentina y España" y anunció que el gobierno tomará "medidas claras y contundentes en los próximos días". Para empezar, llamará al embajador de Argentina, Carlos Bettini, para expresarle su malestar.
Otro probable apoyo para España podría estar en Santiago. El presidente chileno, Sebastián Piñera, dijo el viernes a Fernández que “los países deben respetar la ley, el Estado de Derecho y también los convenios, tratados y el derecho internacional”. Una de las licencias revocadas a Repsol por la provincia argentina de Chubut era operada también por la petrolera chilena Enap.
La Unión Europea también opinó: "Una toma de control forzada por parte del gobierno argentino será una señal muy negativa para los inversores, nacionales e internacionales, y podría dañar seriamente el ambiente de negocios en Argentina", dijo el vocero de Comercio, John Clancy.
Intervenida
El proyecto de ley que hará efectiva la expropiación parcial fue remitido al Senado, que podría tratarlo a partir de hoy. Pero ayer se comenzó a avanzar en la decisión con el Decreto de Necesidad y Urgencia, que designa al ministro de Planificación, Julio de Vido, interventor de YPF junto con el viceministro de Economía, Axel Kicillof, que estará a cargo de los “aspectos económicos y financieros de la gestión”.
Horas después del discurso de Fernández, los directivos de YPF tuvieron que abandonar la sede de la compañía y más tarde se celebró una reunión de De Vido con los gobernadores de provincias petroleras.
El proyecto de ley afecta a Repsol pero no a la empresa mexicana, ni a la chilena, ni al grupo argentino Petersen, de la familia Eskenazi, dueño de parte de las acciones de la firma. Un 51% de YPF quedará en manos del Estado nacional (26,03%) y de las provincias (24,99%), que deberán unirse para votar juntos al tomar decisiones sobre la empresa. Otro 25,46% seguirá en manos de Petersen, 17,09% en manos de pequeños accionarios que invirtieron en la bolsa (entre ellos Enap y Pemex); y a Repsol le quedará 6,43% del paquete accionario.
