-¿Cómo se explica que 27 años después de la dictadura [1964-1985] en Brasil todavía esté vigente la Ley de Amnistía y no sean juzgados los crímenes cometidos en esos años?

-Por una cuestión muy concreta que no es estudiada, no es divulgada, no es debatida en mi país: la dictadura brasileña no fue exclusivamente una dictadura militar, fue de grupos cívico-militares que se combinaron en el poder. Hubo un compromiso estructural de centenas de millares de civiles que apoyaron a la dictadura y que incluso sirvieron en los aparatos represivos sumándose a comandos militares y policiales. En Brasil no hubo una separación entre la dictadura y el aparato político de la sociedad. Por el contrario, la dictadura tuvo un sustento político extraordinario de la derecha brasileña, de la derecha anticomunista, antisocialista.

-Se ha criticado que la recién creada Comisión de la Verdad cuenta con pocos recursos para analizar, en dos años, un período extenso, de 1946 a 1988. Para comenzar, sus integrantes han invitado a que víctimas de la dictadura y sus familiares se acerquen para dar su testimonio y brindar información. ¿Cree que ese mecanismo funcionará, que la gente responderá?

-Todo el proceso de organización del Estado, de la documentación y de la búsqueda de la verdad siempre fue un tema muy complicado. El proceso político no está todavía completo en relación a las legislaciones del período de la dictadura militar. Pero la Comisión de la Verdad es un avance extraordinario, que tendrá sustento técnico y de personal que la presidenta Dilma [Rousseff] irá aportando a medida que los trabajos avancen. Incluso la documentación hoy está disponible, organizada en el Archivo Nacional y se puede acceder a ella. Pero para la comisión, más que la documentación, es importante escuchar a las víctimas, y esto es un progreso extraordinario para Brasil.

-Tanto la creación de la comisión como la conformación de un grupo de fiscales para impulsar que se juzguen algunos crímenes de la dictadura, o algunas declaraciones de la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosário Nunes, fueron interpretadas como un intento del gobierno de volver a poner en tela de juicio la Ley de Amnistía. ¿Coincide con esta interpretación?

-Yo fui derrotado como ministro de Justicia [con la ratificación de la Ley de Amnistía por parte del Supremo Tribunal Federal, en 2010] porque yo defendía que la amnistía no se aplicara a los torturadores. Sin hacer ninguna valoración política o histórica de las personas, decía que los crímenes cometidos mediante la tortura, el asesinato o el secuestro eran crímenes comunes incluso dentro de la estructura institucional del Estado durante la dictadura. Ése fue mi argumento central en ese debate, pero el Supremo no lo entendió así. Un día el Supremo tendrá que revisar esta vergonzosa decisión de ratificar la Ley de Amnistía.

-Desde distintas posiciones usted ha impulsado que sean los ciudadanos los que participen y exijan cambios sociales, sea desde el Foro Social Mundial, con la instauración del gobierno digital en Río Grande del Sur o con los presupuestos participativos. ¿Cómo ve la iniciativa del Movimiento Levante Popular de la Juventud que ha hecho escraches a supuestos torturadores en los últimos meses?

-Ésta es una cuestión que remite directamente a la crisis de la democracia, a los muros burocráticos y autoritarios que separan a los gobernantes de los gobernados. La democracia tal como fue concebida hace dos siglos está en crisis. Para reenergizarla tenemos que hacer un cinturón de control público sobre nosotros, los gobernantes, a través de movimientos sociales, de concertación política, de participación directa en cabildos abiertos en la sociedad para decidir temas públicos, de internet y de los medios virtuales, para alcanzar un nuevo nivel de civilidad democrática. Estamos conformando un nuevo pacto democrático que combine al Estado con los nuevos contenciosos sociales. En general los gobiernos socialdemócratas no hacen esto, porque fueron capturados ideológicamente por el proyecto neoliberal y por la concepción del Estado mínimo. Lo que estamos intentando hacer con esta revolución es un nuevo pacto democrático que apunte a una racionalidad socialista, una visión de repartición social, que organice no un nuevo modo de producción, sino una nueva distribución racional de los recursos públicos, de la renta pública, para que las personas vivan en sociedad de una forma más cohesiva.

-Los gobiernos de Lula da Silva fueron muy elogiados por haber sacado de la pobreza a millones de personas. ¿Cree que podemos hablar de que en Brasil están dadas las bases para la igualdad o todavía hay trabajo para hacer?

-Están abiertos los senderos para una sociedad más igualitaria, pero la desi-
gualdad estructural del país no está resuelta. El gran mérito, desde el punto de vista democrático y social de los gobiernos de Lula y de Dilma, fue organizar un camino para un nuevo modelo de desarrollo que se abra al protagonismo de nuevos movimientos sociales que exigen una nueva racionalidad estatal, una nueva vida pública y más igualdad social. El gobierno de Lula, desde el punto de vista democrático, fue revolucionario por haber promovido al mínimo de dignidad a 50 millones de personas y esto hoy es profundizado por Dilma. Pero tenemos un largo camino para recorrer, de unos 20 años, para que se dé solidez a un modelo de desarrollo que sea post neoliberal y post socialdemócrata y que aporte mecanismos permanentes de reducción de la desigualdad social y de redistribución de la renta. En esto estamos empezando, pero este empezar fue muy difícil y fue el inicio de una revolución.

-¿Qué medidas impulsa su gobierno para luchar contra la desigualdad y aumentar la integración regional, aspectos que ha señalado como problemáticos para Río Grande del Sur?

-Tenemos una posición geopolítica extremadamente importante, podemos funcionar como un soporte del gobierno de la presidenta Dilma para un modelo de desarrollo regional integrado, para que haya una combinación de políticas públicas. En ese sentido, la relación con nuestros hermanos uruguayos es muy importante para un equilibrio, para una estabilidad política y social en el sur del Cono Sur en torno a una visión de progreso, de cohesión social, de calificación educacional, de compartir la cultura, que se puede hacer en el ámbito del gobierno estadual, pero necesita continuidad y a la vez soporte del gobierno nacional.

-Para la integración fronteriza, ¿cuáles son las propuestas de su gobierno?

-Hay que permitir la libre circulación de las personas, hay que considerar la frontera no como un elemento de separación sino de ingreso y cohesión. Tenemos que tener una verificación permanente de la circulación y del intercambio político para tener una verdadera integración, que se hace con las personas, porque las mercaderías solitas no integran.

-¿Cómo ve al PT para las elecciones locales de octubre?

-Somos el partido más aceptado y más querido por la sociedad brasileña. El gobierno de Lula ha recuperado el prestigio estructural del PT en la sociedad, pero no estamos ajenos a la crisis de la cuestión partidaria, que se registra a nivel global (y se vincula con la crisis democrática antes mencionada). Tenemos debates muy importantes sobre el futuro del PT, que está conectado con el futuro del modelo liberal en nuestro país. Al convertirse en partido de gobierno, al mismo tiempo que el PT crece, se desarrolla y va hacia nuevos horizontes, sufre deformaciones. En esto tenemos que estar muy vigilantes, para no transformarnos en un partido estático, para seguir siendo un partido de movimiento y de lucha mientras gobernamos. Ésta es la cuestión clave del debate en que trabajamos hoy.