“El horroroso crimen cometido contra Rosa Elvira es como el resumen de los múltiples crímenes que se cometen en este país contra las mujeres”, dijo ayer Olga Amparo Sánchez, directora de la organización civil Casa de la Mujer, intentando explicar a BBC por qué ese asesinato motivó protestas en Colombia.

En la madrugada del jueves, Rosa Elvira Cely -que con 35 años trabajaba en una cafetería e intentaba terminar sus estudios con una hija adolescente- fue violada y torturada en el Parque Nacional de Bogotá. En algún momento logró llamar desde su celular a una línea de emergencia para informar que estaba siendo atacada. La Policía de Carabineros la encontró recién seis horas después y decidió trasladarla a un hospital que no era el más cercano. Cuatro días más tarde murió internada como consecuencia del ataque.

En 2011 se registraron en Colombia más de 51.200 casos de agresiones a mujeres, según las cifras oficiales, y las activistas aseguran que es frecuente que estos ataques sean tan crueles como el que sufrió Cely. En la cifra oficial se incluyen 1.215 asesinatos y ataques que en su mayoría son violaciones, agresiones de distintos tipos, entre éstas los cada vez más utilizados con ácido para desfigurar a las víctimas, que según algunas organizaciones civiles ya suman un centenar en lo que va de 2012.

La muerte de Cely motivó una concentración en el Parque Nacional de Bogotá bajo la consigna “Ni una más”. Organizaciones como Oxfam, la Casa de la Mujer, así como periodistas, se reunieron para reclamar al Estado que la violencia contra la mujer no quede impune. En la concentración, que se convocó en el lugar donde se encontró a Cely, también se hicieron presentes dirigentes políticos como Piedad Córdoba, e integrantes del gobierno, como el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, además de varias mujeres policías que agitaron pañuelos blancos.

Dos sospechosos del crimen están detenidos -uno fue capturado el viernes y otro se entregó ayer-. En la protesta, que reunió a unas 5.000 personas, se reclamó que se endurezca la pena por violación y que los condenados por este tipo de delitos no reciban beneficios como la reducción de condena. También se demandó a los medios de comunicación una mayor cobertura de este tipo de violencia para hacerla visible.

El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, exigió que las autoridades no sólo busquen Justicia sino que dispongan medidas “inmediatas y eficaces” para terminar con la violencia contra la mujer. Por su parte, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, prometió una reestructura de la línea de emergencia y la creación de una nueva unidad de respuesta inmediata para atender las denuncias.