Josefina Vázquez Mota, la candidata del gobernante Partido Acción Nacional mexicano, al igual que sus dos principales rivales, considera que tiene posibilidades de ganar las elecciones. “Es una elección que se ha venido cerrando. Es una elección prácticamente a tercios. En las mediciones que nosotros tenemos, cada día alcanzamos y crecemos más y estamos más cerca del puntero”, dijo al diario mexicano El Universal, refiriéndose al candidato opositor, Enrique Peña Nieto.
Pero las últimas encuestas, cuyos resultados fueron publicados la semana pasada, no respaldan la declaración de Vázquez Mota. Muestran a Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como favorito con un apoyo que varía de 37% a 42%, seguido por Andrés Manuel López Obrador, con una diferencia de entre 12 y 13 puntos porcentuales. Recién en el tercer lugar aparece Vázquez Mota, con una intención de voto de 21% a 24%, entre dos y seis puntos debajo de López Obrador, el candidato respaldado por el Movimiento Progresista, una alianza de agrupaciones de centroizquierda, entre ellas, el Partido de la Revolución Democrática.
Según López Obrador, su campaña ya revirtió la distancia que lo separaba del favorito. En una conferencia de prensa ayer aseguró que va a ganar: “No es pose ni para animar, tenemos pruebas, hicimos un sondeo de fin de semana y vamos arriba más de tres puntos”, afirmó. “Son nuestros resultados. Estoy tranquilo, contento, vamos a ganar”.
Mientras López Obrador aseguraba que se acerca a la victoria, el coordinador de campaña de la oficialista Vázquez Mota, Roberto Gil Zuarth, denunció que el PRI pretendía movilizar “al menos unos 49,09 millones de dólares para la jornada electoral”. Ese dinero se destinaría a pagar 12.811 dólares a los 300 delegados distritales y 1.423 dólares a 19.490 representantes generales en los locales de votación, denunció Gil. Una portavoz del Instituto Federal Electoral (IFE) dijo que esos funcionarios electorales no pueden recibir dinero de los partidos.
Gil informó que presentó una denuncia ante el IFE, que se encarga de verificar que no se cometan irregularidades durante la campaña y las elecciones. Por su parte, el propio IFE anunció que los actos de cierre de campaña que se realicen hoy serán fiscalizados in situ para confirmar que los presupuestos efectivizados correspondan a los declarados por cada partido y estén comprendidos en los topes exigidos por la ley electoral.
Como fiscalizador de la campaña y de la jornada electoral del domingo, el IFE ha ocupado un lugar prioritario en los debates y discusiones, ya que cada una de sus decisiones genera fuertes polémicas.
Una de ellas fue la propuesta de que los candidatos firmen un pacto comprometiéndose a respetar los resultados de la votación del domingo, que serán conocidos en la madrugada del lunes, según informó el instituto.
Los priístas de Peña Nieto aseguraron que esta propuesta evidencia que el instituto comparte su preocupación por la posibilidad de que López Obrador no reconozca los resultados, tal como hizo en las elecciones de 2006, en las que unos números muy cuestionados dieron la victoria al actual presidente, Felipe Calderón.
Un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI emitido ayer señala que López Obrador participa en las elecciones “simulando” que acepta las reglas, pero que una vez que los resultados le sean adversos, endurecerá su discurso y denunciará fraude.
El comunicado recuerda que la semana pasada, en un debate promocionado por el movimiento juvenil #YoSoy132, López Obrador dijo que como son los partidos los que nombran a los consejeros del IFE éstos “no actúan a partir de la libertad que deben tener para garantizar elecciones limpias y libres”.
Mientras tanto, y a sólo cuatro días de las elecciones, los candidatos preparaban sus cierres de campaña, que se desarrollarán hoy, en los que tendrán la última oportunidad para intentar convencer a los indecisos. Según los sondeos, 15% de los mexicanos no sabe qué va a votar este domingo. Esto puede llevar también a una baja participación, ya que si bien el voto es obligatorio, no hay un castigo establecido para quien no lo emita.