El consejo de ministros encabezado por el presidente Mariano Rajoy aprobó en abril un decreto-ley que aumentó las exigencias a los ciudadanos españoles para acceder a la atención en el Sistema Nacional de Salud (SNS) -financiado con fondos públicos- y que directamente la prohibía para los “extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España”, con excepción de una urgencia “hasta la situación de alta médica”, las embarazadas y los menores de 18 años.
En la exposición de motivos se argumenta que la medida se enmarca en las que se están tomando en la Unión Europea para “garantizar la sostenibilidad” de los sistemas asistenciales y “mejorar la calidad y seguridad” de sus prestaciones, “en especial en los países a los que ha golpeado con más intensidad la crisis financiera y económica”. La disposición, particularmente la referida a los extranjeros, fue rechazada por organizaciones civiles.
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), que agrupa a más de 20.000 médicos, puso en marcha la firma de un petitorio en el que éstos reclamaban el ejercicio de la objeción de conciencia ante la posibilidad de dejar sin prestación sanitaria a personas que hasta entonces atendían sus consultas. Este planteo fue respaldado por tres ONG -Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Red Acoge- que hace dos semanas entregaron cerca de 60.000 firmas en las sedes presidenciales de diversas comunidades autónomas para pedir que “no adopten medidas regresivas en el acceso al derecho a la salud”.
Ayer, a un mes de haber asumido, la defensora del Pueblo, Soledad Becerril -primera mujer en acceder a ese cargo-, reveló que se presentaron 80 escritos para solicitar a ese organismo que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto en cuestión. La resolución firmada por Becerril establece que no encontró “argumentos jurídicos suficientes” para hacerlo pero objetó algunas disposiciones mediante una serie de recomendaciones. Entre otras, que se garantice el “acceso efectivo” a “colectivos en situación vulnerable que han quedado excluidos del concepto de asegurado o beneficiario”, en clara referencia a los extranjeros.
Los expedientes iniciados ante la Defensoría del Pueblo relacionados con la situación económica -problemas con los bancos, productos financieros, hipotecas y prestaciones- alcanzaron ya los 5.500 en los siete meses transcurridos de 2012. Becerril espera que a fin de año el número de quejas en esta materia duplique al de 2011, que cerró con 5.800. La defensora anunció que seguirá de cerca estos temas y en los próximos días dará a conocer recomendaciones para “luchar contra el despilfarro de dinero público”.
En lo que refiere a la institución que dirige prometió, entre otras cosas, un recorte de los sueldos de 7,14%, reducir la cantidad de coches oficiales e implementar la elaboración de informes sin contratar expertos externos. Calificó estas medidas de “simbólicas” ya que su presupuesto es uno de los más bajos entre las entidades del Estado español.
Emigrantes
Entre enero y junio de 2012, 40.625 personas abandonaron España para probar suerte en otros países, 44% más que en el mismo período de 2011. Las cifras, provenientes del último informe del Instituto Nacional de Estadística, dan cuenta de un nuevo fenómeno. Hasta el año pasado, los españoles que emigraban eran entre tres y cuatro mil, pero siempre inmigraban más que los que se marchaban. Durante los seis primeros meses de 2012 inmigraron unos 17.000 en contraste con los más de 40.000 que se fueron. Los medios locales destacan el hecho de que España ha dejado de ser un país de inmigración para convertirse en un país de emigración.