“Acompañamos todo tipo de manifestación pacífica que restituya el orden constitucional interrumpido el mes pasado con la acción del Parlamento nacional; estamos claros de que fue un golpe de Estado parlamentario contra la voluntad popular”, dijo ayer en conferencia de prensa Fernando Lugo. Agregó que se armó en su contra una “parodia de juicio político” y que hoy Paraguay tiene “un gobierno trucho, [que] rompió la institucionalidad de la República”.
Según informaron la prensa paraguaya y el sitio web Paraguay Resiste, Lugo acusó a las fuerzas que hoy están en el poder de ser responsables de la matanza ocurrida durante el desalojo de campesinos que ocupaban tierras en la localidad de Curuguaty, el 15 de junio. “La matanza en Curuguaty fue preparada por ellos, en un escenario montado con francotiradores, y este presidente quiso investigar, mientras que la primera acción del gobierno ilegítimo fue dejar de lado la investigación”, dijo el ex presidente.
También acusó al gobierno de Franco de responder a grandes intereses económicos contrarios a los de Paraguay. Dijo que “los golpistas” beneficiaron con diversas decisiones a los empresarios sojeros, a “grandes propietarios foráneos” y a las empresas transnacionales. Añadió como ejemplo que “políticos conservadores” que lo desplazaron de la presidencia “quieren concretar el negocio con la multinacional [de la minería] Río Tinto Alcán, traicionando la soberanía energética” y los intereses del país.
Denunció que hay cientos de empleados estatales que fueron despedidos de manera ilegal “por motivos ideológicos”, que se preparan “procesos judiciales amañados contra aquellos y aquellas que resisten al golpe” y que “la ciudadanía tiene todo el derecho a preguntarse si respetarán un proceso electoral limpio y competitivo en 2013 con tan nefastos antecedentes”.
Desde el gobierno de Franco no hubo referencias al primer mes en el poder. Lo que centraba su atención ayer era el fallo del Tribunal Permanente de Revisión (TPR) del Mercosur que rechazó su reclamo de que se procesara un “procedimiento excepcional de urgencia” para revertir la suspensión de Paraguay en el bloque, así como el ingreso de Venezuela. El tribunal entendió que no se cumplen los requisitos para aplicar ese procedimiento, que todavía no se agotaron otras instancias previstas para casos de controversias y señaló que no puede intervenir sin el consentimiento expreso de los demás estados miembro.
En un comunicado, la cancillería paraguaya consideró “una inaceptable argucia procesal” el fallo y acusó al tribunal de crear “una situación de denegación de justicia” por entender que le impone, para solucionar su reclamo, recorrer “un procedimiento de cumplimiento imposible”, que implica negociar con gobiernos que se niegan a tratar” con Paraguay.
El tribunal está integrado por dos representantes de Brasil, uno de Argentina, uno de Paraguay y uno de Uruguay. En el comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo criticó que el fallo no refiriera al ingreso de Venezuela y cuestionó que “los árbitros, incluido el paraguayo, no hayan estado a la altura que la hora demanda a los jueces del Mercosur”. Agregó: “En el momento en que en todas las latitudes de la región y el mundo se anuncia el final del Mercosur, correspondía a estos árbitros una actitud digna que reflejara su compromiso con la integración y la justicia”. Consideró que “una vez más dentro del Mercosur, la legalidad y el derecho queden relegados ante razones coyunturales de naturaleza política”.
Pese a sus críticas también destacó lo que consideró una consecuencia positiva del fallo. Dijo que el TPR reconoció que el “gobierno de la República del Paraguay es el presidido por Federico Franco al admitir la personería el canciller José Félix Fernández Estigarribia como ministro de Relaciones Exteriores”.