-La movilización en contra de una carretera que atraviesa el TIPNIS sorprendió el año pasado porque Morales es percibido como un “presidente indígena”. ¿Cómo explica este foco opositor?

-Existe un grupo de dirigentes indígenas que están haciendo una marcha porque se oponen a la ley 222, de Consulta previa, libre e informada en el TIPNIS en su doble categoría de Territorio Indígena y Parque Nacional. Considero que es incomprensible que haya dirigentes indígenas que se opongan a un derecho constitucional. La consulta se enmarca en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo [que establece que se debe consultar a los pueblos originarios en temas que los afecten] y en la Declaración de Derechos Indígenas de Naciones Unidas. En el fondo, lo que existe en esta marcha es la sobreprotección de intereses personales y la intromisión de intereses políticos.

-Algunos acusan al presidente de obrar sólo por los intereses de su comunidad, de los cocaleros, de los aimaras y de los quechuas. ¿Qué opina?

-Hay muchos resultados del gobierno que demuestran que esto no es cierto. Los pueblos indígenas de tierras bajas [a los que no pertenece Morales] son los mayores beneficiados, por ejemplo con un saneamiento más ágil y con menor costo en tierras y territorios indígenas. Estamos hablando de millones de hectáreas saneadas a su favor. El territorio es lo que hace posible reconstruir las instituciones indígenas y llevar adelante sus autonomías (establecidas por la nueva Constitución Política del Estado). Por eso es tan importante este avance. Otra muestra de esto es la presencia -histórica en términos cuantitativos y cualitativos- de representantes de pueblos indígenas, de tierras altas y de tierras bajas, en la Cámara de Diputados, en la de senadores y en las Asambleas Legislativas Departamentales gracias a la Ley del Régimen Electoral que aprobó este gobierno. Esa representación de los pueblos indígenas en los espacios de toma de decisión es esencial para hablar de un Estado plurinacional. Pongo estos dos ejemplos porque los considero sobresalientes, pero existen muchos otros que suponen esfuerzos y logros de gestión en la relación con los indígenas de tierras bajas.

-El gobierno se apoya en el respaldo de una mayoría aimara y quechua. ¿Cómo se evita el malestar de las minorías? Además acusa a la derecha de instrumentar las protestas, pero tiene que haber un caldo de cultivo para eso...

-La construcción de un Estado plurinacional no es asunto de un día o un año, requiere más tiempo. Probablemente los avances de este Estado no sean suficientes hoy… ésa no es razón para plantear que éste es un gobierno que está en contra de los derechos indígenas. La oposición siempre intentará instrumentalizar cualquier asunto para estar en contra del gobierno y del proceso de cambio, eso lo tenemos asumido.

-Respecto al TIPNIS, los detractores de la carretera aseguran que satisface no sólo intereses de cocaleros sino también de brasileños. ¿Por qué?

-El gobierno del presidente Morales está aplicando la Ley de consulta e iniciando el proceso en el TIPNIS. Los acuerdos que resulten de esa consulta entre el Estado y los pueblos indígenas Mojeño Trinitario, Chimane y Yuracaré, que habitan el TIPNIS, será lo que se aplicará. La acusación de que hay intereses brasileños es falsa, y queda demostrado con la ruptura del contrato del gobierno con la OAS, la empresa brasileña que debía construir la carretera. No hay ninguna defensa de intereses privados. Lo que aquí defendemos es el largamente anhelado proyecto estatal de conectar dos departamentos limítrofes, y de manera contundente y definitiva a la Amazonia boliviana con el resto del país. Es un proyecto estratégico para el intercambio del mercado interno y para evitar a futuro los intentos separatistas que han existido a lo largo de la historia de nuestro país.

-¿Por qué el gobierno aprobó la ley que declara intangible el TIPNIS para luego optar por satisfacer a quienes reclaman la construcción de la carretera, con la sanción de la Ley de Consulta Previa?

-La ley 222 no aprueba o desaprueba la carretera, sino que pone en manos de los habitantes del TIPNIS la decisión. La Asamblea Legislativa Plurinacional, en sus dos cámaras, aprobó en octubre del año pasado una ley que detenía la construcción de la carretera y que convocaba una consulta previa, libre e informada. Quienes se opusieron fueron los dirigentes de la marcha, el año pasado. Si hubiésemos iniciado en ese momento la consulta, seguramente ahora ya tendríamos acuerdos entre el Estado y los habitantes del TIPNIS.

-Usted dijo que “la novena marcha no representa ni a todas las comunidades del TIPNIS ni a todos los pueblos indígenas de tierras bajas”. ¿A qué se refería?

-En la marcha sólo hay dos corregidores [gobernantes locales] del TIPNIS. Es decir, sólo cuenta con la representación oficial de dos comunidades de las más de 60 que conforman el TIPNIS, y con la de un dirigente de una de las tres subcentrales que conforman el territorio. Es claro que no se encuentra la representación de la gran mayoría de los habitantes del TIPNIS. El dirigente Adolfo Chávez ha sido desconocido como presidente por 12 de las 13 regionales de la Central Indígena de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia [CIDOB], que tampoco están presentes en la marcha.

-Las comunidades Trinitaria-moxeña, Yuracaré y Chimán entienden que se busca hacer una consulta integrando a los cocaleros para dejarlos en minoría.

-Eso es absolutamente falso. La Ley 222 señala de manera clara y contundente que se aplicará la consulta a las comunidades de esos tres pueblos indígenas que habitan el TIPNIS. No se consultará a poblaciones cocaleras, interculturales o de otra autoidentificación.

-El ministro de gobierno, Carlos Romero, dijo que “el tema de las tierras bajas es nuevo en la región, y particularmente la consulta”. ¿Qué quiso decir?

-Bolivia ha sido el primer país del mundo en convertir en ley nacional la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, y es uno de los 20 o 22 países que han convertido en norma nacional el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Esto demuestra que somos vanguardia en el ámbito de la aplicación y construcción del derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Además de la Ley 222, específica para el TIPNIS, estamos trabajando en una ley general de consulta que clarificará los procedimientos, formas de aplicación, alcances y los límites de la consulta a los pueblos indígenas. Ya es un derecho constitucional, tenemos los instrumentos internacionales, pero creemos que es necesario, con la más amplia participación de la sociedad boliviana, redactar una ley general de consulta que clarifique la ruta crítica a usarse en caso de un proyecto de hidrocarburos, minería o de otro tipo.

-¿Ven un paralelismo entre lo ocurrido en Ecuador en setiembre de 2010, -cuando la Policía de ese país se amotinó- y el conflicto de policías que se dio en Bolivia en las últimas semanas?

-Creemos que sí lo hay. La protesta vino por parte de un sector de la sociedad que tiene exclusividad en el manejo de las armas. Nuestra Constitución señala que la Policía no puede deliberar, y ésa es parte fundamental de la democracia boliviana. Cuando se quiebra este principio constitucional se abre la brecha para una posibilidad de ruptura del orden constitucional. Y mucho más cuando vemos en esas movilizaciones la participación de sectores de la oposición política, que instigaban a romper los posibles acuerdos y escenarios de diálogo con el gobierno. Pasó de ser una demanda social a convertirse en intentos claros de un golpe de Estado, como sucedió en Ecuador.