El Consejo Permanente de la OEA se reunió ayer por tercera vez para intentar definir su postura ante lo ocurrido en Paraguay el 22 de junio, cuando el presidente Fernando Lugo fue destituido por el Parlamento y asumió su cargo el vicepresidente Federico Franco. Pero esta nueva reunión, que duró cerca de tres horas, no arrojó resultados. Los representantes de los países miembros decidieron estudiar el informe presentado por Insulza y consultar con sus respectivos gobiernos antes de volver a sesionar para tomar una resolución.
El secretario general de la OEA encabezó una misión en Paraguay la semana pasada para analizar la situación. En el informe de esa visita (disponible en http://ladiaria.com.uy/UBH), Insulza opinó que “respetando plenamente” las decisiones del Mercosur y de la Unasur de sancionar a Paraguay, y “sin entrar a debatir” los argumentos de esos bloques regionales -que además propusieron suspender a Paraguay en la OEA- adoptar una medida similar “no contribuiría” a alcanzar los objetivos de la organización que él lidera. Dijo que además “conllevaría altas implicaciones económicas” para Paraguay porque esa decisión impactaría en “otras instituciones del sistema interamericano y, de manera indirecta, en otros aspectos del sistema internacional”.
Insulza abogó por tres objetivos que a su entender debe establecer la OEA para Paraguay. El primero es que se procese en la Corte Suprema la denuncia de Lugo de que no se respetó el “debido proceso” y el derecho a defenderse en el juicio político que lo destituyó. El secretario general de la OEA consideró que éste es un planteo válido porque la manera en que se desarrolló el juicio político “contravino las normas contenidas en la misma Constitución de Paraguay y en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos”. Añadió que “muy probablemente” esa acción judicial termine ante el sistema interamericano de Justicia, que se enmarca en la OEA.
Además propuso los objetivos de “fortalecer la gobernabilidad de Paraguay” para las elecciones de abril, “promoviendo el diálogo político y apoyando las reformas legales que puedan ayudar a evitar nuevas crisis”, y de “asegurar un proceso electoral participativo y transparente” y evitar “represalias o exclusiones, en especial en contra del presidente Lugo o sus partidarios”. También estimó que en Paraguay existe una “situación de normalidad política, social y económica que es conveniente preservar”.
El embajador paraguayo ante la OEA, Hugo Saguier, había pedido que la organización tomara “de una vez por todas” una decisión sobre Paraguay y que se validara la recomendación del secretario general de no suspender a su país. “Comprendan que demorando la decisión sobre Paraguay nos están creando un gran perjuicio”, dijo. También solicitó que “el proceso político en curso para la realización de elecciones” sea “acompañado por la OEA” y aseguró que su gobierno no va a perseguir políticamente a Lugo y sus allegados.
Estos planteos no cayeron bien en Venezuela, cuyo canciller, Nicolás Maduro, es acusado por la administración de Franco de “arengar” a jefes militares paraguayos a apoyar a Lugo cualquiera fuera el resultado del juicio político. Una filmación difundida por el gobierno para probar su acusación fue descartada como prueba por la Fiscalía porque “no tiene audio”. Además, militares que declararon ayer ante los investigadores dijeron que Maduro sólo les advirtió sobre “posibles sanciones” contra Paraguay si se concretaba un “quiebre democrático”, informó la Fiscalía a la prensa paraguaya.
El representante de Venezuela en la OEA, Roy Chaderton, criticó la “tibieza” de Insulza y cuestionó que la OEA no incluyera en la delegación que viajó a Asunción a representantes de países de la Unasur. “Pareciera que la OEA no se inclina a incluir a gobiernos de izquierda en comisiones para investigar”, dijo.