Hasta el 1º de agosto tiene tiempo el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu para redactar una nueva ley sobre el alistamiento al servicio militar que dividió a la coalición de gobierno israelí hasta partirla. La legislación actual -que exime del servicio militar obligatorio a judíos ultraortodoxos y árabes- fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo, que actuó en respuesta a varios recursos presentados por reservistas, y dio al gobierno plazo para modificarla.

Gracias a un acuerdo que existe desde 1948, los ultraortodoxos evitan el servicio militar obligatorio -de tres años para los hombres y dos para las mujeres- y dedican ese tiempo al estudio de los textos sagrados. En ese entonces, los ultraortodoxos representaban una pequeña parte de la sociedad -400 personas-, pero su presencia creció hasta alcanzar ahora el 15% de la población: más de un millón.

Si se suman árabes y ultraortodoxos es más de un tercio de la población la que no está abarcada por el reclutamiento obligatorio. En reclamo del “alistamiento universal” unas 20.000 personas se manifestaron el sábado 7 en Tel Aviv, y al día siguiente Netanyahu anunció un acuerdo para impulsar una ley en ese sentido entre Likud y Kadima, el partido con mayor representación parlamentaria y que forma parte de la coalición de gobierno.

Sin embargo, ambos partidos tenían diferencias sobre cómo debería aplicarse el alistamiento universal. Una de las promesas de Kadima es, justamente, impulsar el servicio militar obligatorio para los ultraortodoxos, mientras que el Likud -obligado a negociar con grupos ultraortodoxos que también forman parte del gobierno- propuso que se aplicara a partir de los 26 años, una edad en la que ya podrían eximirse por estar casados.

Ayer el líder de Kadima, el vice primer ministro Shaul Mofaz, anunció que por estas desavenencias su partido decidió abandonar la coalición de gobierno, a la que se sumó hace poco más de dos meses, después de que Netanyahu llegara, incluso, a fijar una fecha para elecciones anticipadas por la falta de respaldo que tenía en el Parlamento. “No fue fácil entrar [al gobierno], pagué un precio político personal, pero este asunto es fundamental y no hay otra opción más que abandonar la coalición. Cualquier concesión dañaría la imagen del Kadima”, dijo Mofaz, cuya formación fue duramente cuestionada al respaldar a Netanyahu.

La salida de Kadima implica una situación más favorable para los ultraortodoxos, que el lunes protestaron contra la posibilidad de que termine su exención. Más de 5.000 religiosos reclamaron porque entienden que el gobierno quiere separarlos de la fe, del estudio de los libros sagrados y obligarlos a romper con sus normas de separación de sexos, que les prohíben trabajar junto a mujeres.

La comisión formada por el gobierno para definir este tema recomendó que el alistamiento de los árabes se evalúe más adelante, lo que por ahora fue desoído por Netanyahu. “Para exigirles que cumplan sus obligaciones deben darles los mismos derechos [...] No podemos servir en el Ejército que ocupa Cisjordania”, advirtió el diputado árabe Ahmed Tibi. “Debemos resistir fuertemente, la juventud árabe no obedecerá al servicio nacional obligatorio. El intento de forzarla obligatoriamente es una declaración de guerra al sector árabe de la población”, aseguró.