Del 20 al 27 de julio de 1976 se cortó la luz en las localidades jujeñas de Pueblo Ledesma y las vecinas Calilegua y El Talar. La primera de esas fechas fue llamada “Noche del apagón”. En las siguientes fueron secuestradas 27 personas, en su mayoría vecinos y trabajadores de la compañía azucarera Ledesma, y según los testimonios, fueron cargados en camionetas de esa empresa. Seis de esas personas están desaparecidas.

Entre los secuestrados estaba el ex intendente de Pueblo Ledesma Luis Arédez, quien se oponía al creciente poder de la azucarera. Fue liberado unos días después, pero el 17 de febrero de 1977 fue nuevamente secuestrado y asesinado.

Hace décadas que los familiares de los desaparecidos reclaman por la responsabilidad del dueño de la azucarera, Pedro Blaquier, y aseguran que fue él quien dejó el pueblo a oscuras, además de colaborar con los represores. Con gran influencia en la Unión Industrial Argentina y dueño de casi toda la economía local, Blaquier evitó concurrir en las reiteradas ocasiones en que la Justicia lo citó para indagarlo por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos a 35 víctimas y homicidio en el caso de seis desaparecidos.

Ésta fue la situación hasta ayer, cuando llegó a declarar -antes de la hora prevista, para evitar las cámaras- a un tribunal bonaerense desde el cual se comunicó por teleconferencia a Jujuy y negó las acusaciones ante el juez federal de esa provincia, Fernando Poviña, y el fiscal del caso, Pablo Pelazzo, junto a sus abogados defensores. Blaquier declaró desde Buenos Aires, porque así lo pidieron desde un comienzo sus abogados después de que denunció haber sido víctima de un intento de homicidio la última vez que fue llamado a declarar ante un tribunal jujeño. El “intento de homicidio” fue una protesta que lo esperaba a metros de los tribunales para manifestarle su repudio y durante la que sufrió daños en su auto.

Antes de la declaración el fiscal había asegurado que Blaquier debería quedar detenido porque cuando “se cita a una persona por estos delitos, automáticamente queda detenido”. Sin embargo, no fue así, el empresario volvió a su domicilio a esperar la decisión del juez sobre si procesarlo o no. Si bien se duda de que Blaquier haya asesinado a alguien directamente, se considera que fue parte de un sistema en el que cada pieza era importante para que se cometiera el delito, en este caso, secuestros y desapariciones masivas.

En un comunicado emitido por la azucarera se informó que en su declaración Blaquier “negó terminantemente que él u otro funcionario de Ledesma hubiera prestado camionetas o cortado el suministro de luz para facilitar la detención de personas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”.

Justo durante la jornada en que Blaquier declaró desapareció de la puerta de su empresa un gran cartel que bajo el título “Ingenio Ledesma” decía: “Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado”. El cartel informaba, entre otras cosas, que “las fuerzas armadas y de seguridad detuvieron ilegalmente a obreros, ex trabajadores y delegados sindicales que reclamaban por sus derechos laborales ante la empresa Ledesma”. El intendente local, Jorge Ale, aseguró que el cartel se repondrá.

Uno de los hijos del ex intendente asesinado Arédez, Ricardo, aseguró que “es un hecho histórico que el poder económico, que fue cómplice de la dictadura, se siente a rendir cuentas ante la Justicia”.

Según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales, 206 civiles fueron denunciados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, de los cuales cinco son empresarios.

En paralelo, la gubernamental Comisión Nacional de Valores comenzó a investigar las motivaciones políticas y económicas detrás de la liquidación de empresas y bancos durante la dictadura. En los próximos días la oficina de Derechos Humanos, fundada con este objetivo, presentará su primer informe, según adelantó Página 12.

El presidente de la Comisión, Alejandro Vanoli, informó a ese diario argentino que en los primeros años de la dictadura la comisión funcionaba “a pedido” en casos específicos, pero luego se formó un grupo de inspectores que “participó de allanamientos y sesiones de tortura”. Agregó: “Los documentos que encontramos dan cuenta de cómo se hacía inteligencia conjunta entre la Comisión y el Banco Central para que los militares llevaran adelante los interrogatorios”.

El informe de la oficina concluye: “Entre los años 1976 y 1983 existió un entramado cívico militar del aparato represivo, con un grupo de tareas integrado por la División Bancos de la Policía Federal, que trabajaba en conjunto con los funcionarios del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores. El objetivo fue liquidar empresas, bancos y extorsionar empresarios. Para ello se cometieron delitos de lesa humanidad, que en última instancia perseguían un fin económico”.